LA HABANA.- Los vendedores de libros, publicaciones y antigüedades, obligados a hacinarse en la antigua Casa de Justicia Santa Ana, ubicada en Baratillo y Jústiz, se quejaron por "haberlo perdido todo" luego de su desalojo el 1 de marzo de este año.
En una nota reseñada por Diario de Cuba, los trabajadores aseguran que han visto mermar su negocio y tienen problemas para pagar sus impuestos al Estado.
"¿Cómo lograr que entren los turistas en el inmueble arrendado y se obtenga un ingreso aceptable para cubrir los tributos a la ONAT, a la Seguridad Social, a [la inmobiliaria] Fénix S.A. y, ¿por qué no?, a la CTC [Central de Trabajadores de Cuba] municipal de La Habana Vieja", pregunta la sección sindical de estos cuentapropistas en un documento al que tuvo acceso Diario de Cuba.
El documento fue remitido el pasado 4 de julio (cinco meses después de haber sido desalojados de la Plaza de Armas) a la dirección de Fénix S.A., parte del consorcio militar GAESA. Expone un conjunto de demandas e inconformidades con la actual ubicación que no han sido resueltas en beneficio de los comerciantes.
Estos vendedores radicaron en la Plaza de Armas durante más de 20 años. El traslado a la antigua Casa de Justicia Santa Ana, "bajo una orientación bastante drástica" de la Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC), los obligó a instaurar dos turnos de trabajo debido a las condiciones de hacinamiento.
"Nuestras aportaciones, después de casi un cuarto de siglo, quedaron en el olvido", criticó "a título de todos los libreros" un miembro de la sección sindical que pidió no ser identificado para evitar posibles represalias personales.
"Cuando radicábamos en la Plaza de Armas, anualmente ingresábamos al presupuesto del Estado una cifra real de 1.257.600 pesos [unos 50.300 dólares] y fuimos pioneros, dentro del Casco Histórico, en donar voluntariamente un dólar como contribución extra, hasta que ese donativo se convirtió con los años en tributo obligatorio", detalló.
El Casco Histórico requiere inversión
El historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, expresó refiriéndose al bache en que se encuentran las obras de restauración del Casco Histórico de La Habana, que "la restauración requiere dinero, dinero y más dinero".
Creado por el propio Eusebio Leal y bajo el Decreto-Ley 143 del año 1993, los miembros del gremio de vendedores de libros, publicaciones y antigüedades coinciden en que "la reubicación" los ha afectado seriamente.
Entre sus demandas figura una coordinación con las agencias turoperadoras para la inclusión de la feria de los libreros dentro del recorrido turístico, "para que los guías no se queden en la Taberna del Galeón".
También reclaman la exclusividad del parqueo para evitar la invasión de vehículos estatales y particulares que impide el acceso de los ómnibus de Transgaviota y Transtur.
Fuentes de la OHC presentes en una reunión que demandaron los libreros a Eusebio Leal, aseguraron que el historiador reveló las dos entidades que ejercieron presión para decretar el desalojo de la Plaza de Armas: la Seguridad del Estado y el Instituto Cubano del Libro.
El gremio de libreros cuestiona en su informe Fénix S.A. el absurdo de pertenecer al sindicato de Cultura y no ser invitado nunca a eventos como la Feria Internacional del Libro o el Sábado del Libro.
"Siempre nos excluyeron de cualquier proyecto sociocultural. Nunca se vincularon los fines culturales con los fines económicos como quería Fidel (Castro) y a pesar de ser nuestra prioridad".
En casi diez meses de reclamaciones y demandas los vendedores de libros, publicaciones y antigüedades solo han logrado renegociar con Fénix S.A. "pagar un poco menos" por el arrendamiento del espacio.
FUENTE: DIARIO DE CUBA / JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ
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