Detenciones arbitrarias, incluyendo la de una familia con una niña, “aumentan en horas”; se intensifica uso de métodos nazi contra presos políticos, según ONG
El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
AFPCARACAS.- Mientras EEUU avanzaba en su ofensiva militar contra el narcotráfico de Venezuela en el Caribe, entre el 4 y el 5 de septiembre, cuatro miembros de una familia, entre ellos una niña de dos años de edad, fueron víctimas de detención arbitraria por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del régimen de Maduro, en una zona del estado Carabobo, en el norte del país.
Las aprehensiones por la fuerza de la familia Guillén —entre ellos un adolescente de 17 años de edad y la bebé, ya en libertad— forman parte de más de 13 reportadas en varias regiones desde finales de agosto pasado.
Entre los detenidos se encuentran seis dirigentes de Vente Venezuela, organización de la líder opositora María Corina Machado, y otros cinco vinculados al partido Primero Justicia (PJ), todos ellos encarcelados casi inmediatamente después de la excarcelación de 13 presos políticos por parte del régimen.
“Los presos aumentan en horas”, asegura la abogada Martha Tineo, directora de la ONG de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón (JEPvzla) al referirse a las detenciones arbitrarias en el contexto de la ola de represión del régimen, frente a la ofensiva militar.
“Vemos que, si bien ocurrió una escalada creciente a partir de las protestas postelectorales del 28 de julio de 2024, ahora se ha masificado; detienen a más gente”, afirma la abogada.
La ONG contabilizó 1,038 personas detenidas, 899 hombres y 139 mujeres, la mayoría de la sociedad civil (527), dirigentes de organizaciones políticas (220) y funcionarios de seguridad del Estado (170), hasta el martes 9 de septiembre.
“Pero no han cambiado las arbitrariedades”, según advierte.
Entre las detenciones, las de los Guillén es peculiar.
No solo es el primero en que agentes se llevan a una niña de dos años de edad con su madre, en una acción represiva, ilegal y sin precedentes, sino que también encierra el empleo de patrones violatorios de derechos humanos que padecen los presos políticos del régimen, según Tineo.
La detención arbitraria, la desaparición forzada y el método Sippenhaft, utilizado por los alemanes nazis y que traslada la supuesta responsabilidad penal de una persona a sus parientes, volvieron a estar presentes.
Según los reportes, Mirian Fernández Ruiz, de 72 años de edad, y Miguel Ángel Guillén, de 17 años, fueron sacados de su residencia en el sector Paso Real, de Carabobo, por los agentes de policía el 4 de septiembre, sin orden judicial. Buscaban a un familiar, colaborador del equipo político de Machado.
Al día siguiente, Chantal Niulany Guillén, de 21 años de edad, quedó detenida con su niña en la sede policial, luego de que su hermano adolescente le pidió que se acercara para gestionar su libertad. Durante días no se supo del paradero de ninguno de ellos.
“En este caso se consumó la detención arbitraria, porque no hubo ninguna razón legal, y la desaparición forzada porque no se tuvo información en los primeros días de la aprehensión”.
Pero, además, la detención de una mujer mayor y de la joven Chantal “expone un patrón sistemático de vulneración de derechos, que afecta su integridad”, apunta Tineo y añade que se violaron varias leyes.
En el caso de Fernández se violó la ley procesal que establece medidas sustitutivas para personas con más de 70 años de edad; y en el caso del adolescente la ley de protección prevé que la privación de libertad debe ser la excepción, según explica.
El cuadro de los Guillén no es aislado en el contexto represivo del aparato judicial.
La desaparición forzada de presos políticos, que ha sido documentada y denunciada por Amnistía Internacional desde 2024, se ha agudizado en las últimas semanas.
Según el registro de la ONG, hay más de 100 presos de los que no se conoce su paradero hasta por más de un año. “Es uno de los escenarios más graves de derechos humanos”, señala.
Aunque se han reportado casos de desapariciones forzadas desde 2014 y han sido de “corta o mediana duración”, según la Misión de Observación de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en Venezuela, “ahora se ha extendido escandalosamente”, según Tineo.
Menciona el caso del periodista Rory Branker, arrestado el 20 de febrero y de quien sus familiares desconocen aún su paradero, entre muchos más, y destaca cómo esta situación irregular está ocurriendo con los traslados de los presos.
Juan Bautista, Otoniel y Rolando Guevara fueron sacados el 3 de agosto del Helicoide donde llevaban más de 20 años presos hacia otro lugar, pero el régimen no ha dado información sobre el paradero.
En situación similar están el político Freddy Superlano y el periodista Roland Carreño desde el 31 de agosto, por lo cual la organización política Voluntad Popular alertó sobre el patrón de desapariciones forzadas como método criminal del régimen “para torturar”.
“No se les ha informado a sus familias a dónde trasladaron a estos presos”, afirma Tineo.
En estos casos, señala, encaja a la perfección la aplicación del método Sippenhaft, un patrón de persecución contra las familias que el régimen de Maduro está repitiendo con preocupante insistencia en los sitios de reclusión desde hace cinco años.
La Misión de la ONU la denunció en su informe de 2020 con hechos documentados.
Las ONG de derechos humanos han identificado el empleo de esta “forma de tortura psicológica” a los presos políticos para dos objetivos básicos: lo usan en un pariente detenido como presión para que la persona que buscan se entregue, pero también cuando detienen a la persona junto a varios miembros de su familia para lograr la “autoincriminación” o incluso para inculpar a terceras personas.
Entre los casos que se cuentan se encuentran los Guillén, cuyo familiar Miguel Ángel Guillén Fernández, hijo y padre de las detenidas y buscado por el régimen, calificó de “aberrante” las detenciones. “Han roto todos los límites secuestrando a mi familia”, dijo por redes.
El de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y el de los hermanos Baduel, hijos del general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Chávez (2006 y 2007) quien murió en prisión por un supuesto paro cardiorespiratorio en 2021, condenado por varios delitos.
Andreína Baduel, hija del militar e integrante de una ONG, no deja de denunciar el aislamiento de su hermano Josnars Baduel en la cárcel de El Rodeo, ubicada en las afueras de Caracas.
“Se niegan a recibir la paquetería y los medicamentos esenciales que necesita para resistir el dolor y controlar sus crisis alérgicas, secuelas directas de las torturas por asfixia a las que fue sometido”, reclama la periodista en medios y redes.
Anuncia una movilización con familiares de otros presos políticos por varias embajadas en Caracas, a partir del 15 de septiembre, para exponer la creciente violación de derechos por parte del régimen.
Desde agosto, autoridades de Maduro mantienen una severa restricción de ingreso de alimentos en la cárcel del Helicoide, donde están encarcelados la mayoría de los presos políticos.
FUENTE: Con información de ONG Justicia, Encuentro y Perdón; Comité por la Libertad de Presos Políticos
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