Maduro y Flores ante la justicia de EEUU: inicia proceso que pone a prueba supervivencia del régimen

De celebrarse la audiencia como está previsto, el juez federal Alvin Hellerstein deberá decidir sobre las mociones presentadas por los abogados de Maduro y Flores que solicitaron la anulación de los cargos ante el supuesto impedimento del derecho a la defensa contemplado en la Sexta Enmienda de la Constitución, así como la negativa de la fiscalía a la petición.

Y también sobre una nueva solicitud fiscal de mantener bajo reserva absoluta de elementos probatorios en el proceso para garantizar la protección y seguridad de testigos en el caso.

Aunque se trata de la primera fase marcadamente técnica, tras haberse declarado Maduro y Flores como ‘no culpable’ de los graves cargos federales en la primera audiencia del 5 de enero, es el inicio de un proceso judicial clave no solo para EEUU por las implicaciones criminales contra su seguridad, sino también para la propia supervivencia del régimen venezolano que ha iniciado reacomodos internos que tendrían relación con el caso, según expertos.

El exjefe venezolano y su esposa fueron acusados por narcoterrorismo que implica conspiración para traficar cocaína, poseer armas de guerra y emplearlas para llevar droga a EEUU, hechos por los que fueron capturados y llevados ante la justicia estadounidense, a través de una operación militar, el 3 de enero.

Qué se espera de la audiencia

En principio el juez Hellerstein debe resolver la disputa sobre el derecho a la defensa de Maduro y Flores y si procedería la anulación del caso.

Los abogados de Maduro y Flores han alegado en sendas mociones que sus clientes no cuentan con recursos para pagar la defensa y rechazaron que la OFAC hubiese revocado la licencia emitida el 9 de enero que permitía disponer para ello de dinero venezolano bajo sanciones.

En consecuencia, pidieron en dos ocasiones anular el proceso porque el Estado estaría interfiriendo en la escogencia de abogados y no estaría garantizada la defensa de los acusados.

El argumento fue rechazado por la fiscalía que pidió al juez en un memorándum desestimar las peticiones de los abogados porque la OFAC actuó apegado a la ley.

El juez federal ante esto podría ordenar que otros abogados asuman la defensa o incluso nombrarles defensores públicos para garantizar el derecho supuestamente lesionado.

Otro de los aspectos que Hellerstein debe considerar es la solicitud de la fiscalía de mantener bajo reserva algunas pruebas como el testimonio de testigos clave, que pueden ser externos, para resguardarlos de supuestas represalias del régimen, según se informó.

Clave para régimen de Venezuela

Estos aspectos ponen de relieve que el caso representa no solo un problema legal, sino también financiero que pondría en evidencia la propia subsistencia del régimen a cargo de Delcy Rodríguez, en la actualidad, según sostiene el comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia estadounidense.

Según argumentó, ante la disputa sobre el financiamiento de la defensa “pueden aparecer mecanismos alternos” y mencionó al empresario petrolero afin al régimen, Wilmer Ruperti.

Recordó que Ruperti pagó la defensa de los dos sobrinos de Cilia Flores en un caso por narcotráfico en 2016, un hecho que ahora estaría descartado tras su detención el 20 de marzo por agentes del Sebin luego de haber sido citado.

“Lo hizo bajo presión de Delcy Rodríguez y eso encaja en la estructura de poder porque esas decisiones se toman desde arriba . La pregunta es inevitable: ¿estamos viendo eventos aislados o es el mismo patrón repetido? Hoy el sistema se enfrenta al mismo problema, pero con diferentes circunstancias: sanciones más fuertes, más monitoreo, más riesgos y cualquiera que ingrese a cubrir la defensa entra en el radar “, aseveró.

Por la presión financiera testigos externos del caso han comenzado a moverse “no solo en la Corte sino dentro del régimen”, afirmó. “Por eso vemos ajustes, distanciamientos, reacomodos, lo que quiere decir que se están adaptando. No es por ruptura; es para blindarse y cuando eso ocurre alguien paga ese costo”.

Más testigos sobre narcotráfico

Romero, que ha sido testigo experto en otros casos federales de conspiración, aseguró que en el sistema federal este tipo de procesos se construyen desde afuera y desde adentro por la importancia que tienen para la justicia de EEUU.

Este caso cuenta con los testimonios de los militares venezolanos Clíver Alcalá, quien se declaró culpable en 2023 y Hugo “El Pollo” Carvajal, quien lo hizo en 2025, según dijo. “Ambos tienen conocimientos directos e incentivos para cooperar y el caso cambia, porque ya no depende de lo que se sospecha sino de lo que se puede probar en la Corte”.

Mencionó también a Orlando Fernández, expresidente de Honduras, que fue indultado por la administración Trump. “Hay que ser claros, no existe documentación pública que lo ubique procesalmente dentro de este caso, pero eso no lo excluye como potencial fuente de información en una investigación de esta magnitud”, aseguró.

La acusación contra Maduro fue presentada en 2011 por fiscales del Distrito sur de Nueva York y se hizo publico el 26 marzo 2020, por el Departamento de Justicia que anunció cargos contra Maduro y otros miembros del régimen, y fijó recompensas millonarias. Para Romero es un indicador de que no es un caso ordinario y tiene implicaciones estratégicas en EEUU.

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FUENTE: Con información de agencias, Inteligencia y Poder/Jesús Romero