Jóvenes en el Servicio Militar Obligatorio en Cuba.
DIARIO DE CUBA/CUBADEFENSALA HABANA.- La reciente aprobación de la nueva Ley del Código Penal Militar por la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba ha generado inquietudes entre la población y observadores internacionales, quienes temen que esta norma pueda ser utilizada por el régimen cubano para reprimir y silenciar a los opositores y disidentes.
Según reseña Diario de Cuba, la normativa, que contempla duras sanciones de hasta cinco años de cárcel para aquellos jóvenes que evadan el Servicio Militar Activo (SMA), es señalada como una herramienta potencial para limitar la libertad de expresión y restringir la movilización ciudadana.
Críticos argumentan que, al no incluir disposiciones que penalicen la responsabilidad de grupos paramilitares de civiles utilizados por el régimen para agredir a manifestantes pacíficos, la ley podría ser utilizada para reprimir a aquellos que ejercen su derecho legítimo a protestar y expresar su descontento con el régimen castrista.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, defiende la norma, afirmando que es resultado de un proceso colectivo y que busca garantizar la disciplina militar y el orden público. No obstante, la falta de transparencia en el proceso legislativo y la ausencia de participación ciudadana han levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de esta ley.
Expertos en derechos humanos han manifestado su preocupación por las disposiciones que castigan con privación de libertad a aquellos que intenten evadir el servicio militar mediante autolesiones o engaños. Esta medida, según advierten, podría ser utilizada para criminalizar a aquellos que buscan evitar el servicio militar por razones de conciencia o por temor a sufrir abusos o violaciones de derechos humanos durante el mismo.
Asimismo, la inclusión de sanciones más severas cuando se utilicen tecnologías de la información y la comunicación en la comisión de un delito ha levantado preocupaciones adicionales sobre el posible uso de esta disposición para perseguir a activistas y ciudadanos que utilicen las redes sociales para denunciar abusos o expresar críticas al gobierno.
Con la entrada en vigor de esta nueva ley, programada para 90 días después de su publicación oficial, la sociedad cubana se enfrenta a un marco legal más restrictivo que podría tener un impacto negativo en la libertad de expresión y en el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
FUENTE: Con información de Diario de Cuba
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