La Organización Internacional de Trabajo (OIT), organismo adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exhortó al régimen de Nicolás Maduro a que cese las persecuciones y hechos de violencia cometidos contra los trabajadores sindicales.

La OIT alertó, en su más reciente informe, actos recurrentes de acoso verbal, seguimiento por parte de las autoridades, asesinatos y actos de agresión física a dirigentes sindicales, sindicalistas y representantes del sector empleador.

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El informe advierte sobre daños materiales a sedes de sus organizaciones, los cuales se sostienen y quedan impunes o son insuficientemente investigados; detenciones arbitrarias por parte de los servicios de seguridad, encarcelamiento y enjuiciamiento penal y militar a dirigentes de estas organizaciones; ausencia de consultas efectivas de los aumentos del salario mínimo y las cuestiones relativas al cumplimiento de las obligaciones con la OIT y, en general, a la exclusión del diálogo social.

"La Comisión recibió numerosos alegatos y testimonios, tanto de parte de los querellantes como de organizaciones de trabajadores, denunciando acciones contra dirigentes y organizaciones empleadoras, gremiales y sindicales presuntamente incompatibles con el respeto de las libertades civiles inherentes al ejercicio de la libertad sindical, tales como: violencia física a personas y a sedes; hostigamiento con fines intimidatorios, y persecución judicial arbitraria y sin las garantías del debido proceso”, agrega el escrito.

Al respecto, la OIT comprobó la participación de funcionarios del régimen en hechos violentos. “En algunas ocasiones las acciones denunciadas cuentan con la participación directa de actores estatales. Así, en varias de las manifestaciones que incluyeron declaraciones agresivas escritas y orales y actos de vandalismo participaron agentes del gobierno regional, tales como gobernadores de estado y alcaldes municipales”.

“La gran mayoría de estos actos de suma gravedad quedan impunes, ya sea porque no se investigan, porque se investigan insuficientemente, o porque su investigación es tan lenta que los procesos se perpetúan, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva”, indicaron.

La OIT destacó, además, que los organismos de seguridad del régimen de Maduro como el Sebin, Dgcim, Cicpc, GNB y Faes se negaron a discutir con la Comisión acerca de estas denuncias. “La Comisión lamenta profundamente la falta de cooperación de las instituciones mencionadas”.

"La Comisión examinó numerosas denuncias relativas a diferentes tipos de actos de hostigamiento a dirigentes empleadores y sindicales, a saber: campaña mediática estigmatizadora contra los líderes de Fedecámaras e instituciones y empresas afiliadas".

Ante todos estos crímenes impunes, la OIT exhortó al régimen a cumplir una serie de medidas a más tardar el 1 de septiembre de 2020, entre ellas: "el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro”, aseveró el informe.

De igual forma, indican “la no utilización de los procedimientos judiciales y las medidas cautelares y sustitutivas con el propósito de coartar la libertad sindical, incluido el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar”.

"La liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones", agregaron.

Además de "la investigación sin dilación y de forma independiente de todos los alegatos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación y otras formas de agresión que no hayan sido debidamente dilucidados, con el fin de deslindar responsabilidades e identificar a los autores materiales e intelectuales, asegurando que se toman medidas adecuadas de protección, sanción y compensación".

"La eliminación de todo otro uso de mecanismos institucionales o formas de acción para injerir en la autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores o en las relaciones entre ellas", sentenciaron.

FUENTE: REDACCIÓN

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