Polémica por intención de eximir a las FARC de cargos terroristas

“La exclusión del presidente Biden de la FARC como una organización terrorista extranjera socava los intereses de seguridad de Estados Unidos y la estabilidad en Colombia y solo sirve como un regalo para el régimen criminal de Maduro en Venezuela”, tuiteó el miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador republicano Jim Risch.

Y agregó: “La administración [de Biden] debería cambiar de rumbo”.

Por su parte, la congresista republicana María Elvira Salazar, representante por Florida, dijo que las “FARC son narcoterroristas comunistas que asesinan civiles, periodistas, políticos y niños” y que, si efectivamente la organización es removida de la lista, “la Casa Blanca está señalando que no son tan malos”, escribió en Twitter.

Para Salazar, legisladora que representa el distrito 27 en donde convive una amplia comunidad colombiana en Miami-Dade, el anuncio “favorece” al candidato de izquierda colombiano Gustavo Petro, quien fue militante de la guerrilla del M-19 y es cercano a los regímenes de Venezuela y Cuba.

El gobierno estadounidense notificó al Congreso su intención de retirar a las FARC de su lista negra de organizaciones terroristas extranjeras, según declaró una fuente parlamentaria.

Esta decisión se produjo en vísperas del quinto aniversario de los denominados acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, que derivó en el presunto desarme y disolución de la guerrilla más poderosa de América.

"Puedo confirmar que el gobierno envió hoy una notificación al Congreso informándonos de que van a retirar a las FARC de la lista de las organizaciones terroristas", afirmó la fuente.

Asimismo, el grupo de republicanos del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara tuiteó que “levantar prematuramente la designación de FARC como organización terrorista es un ejercicio de apaciguamiento”.

Acto seguido, agregaron: “No han tenido remordimientos ni actos de contrición por su actual narcoterrorismo contra colombianos y estadounidenses inocentes. Nuestros aliados regionales merecen algo mejor de este gobierno”.

Antes, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, se había limitado a decir que el Departamento de Estado ha entregado al Congreso "una notificación con las próximas medidas" tomadas por Washington respecto a las FARC.

La organización permanecía en la lista negra estadounidense desde 1997.

Cifras preocupantes

Las cinco décadas de violento pulso armado entre las FARC y el Estado dejó miles de historias de horror: asesinatos selectivos, abusos sexuales, torturas, secuestros y desapariciones.

En detalle, éstas son las cifras: 220.000 muertos documentados, 5.7 millones de desplazados en las zonas rurales, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados.

Los números provienen del informe "¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad", elaborado por 18 investigadores a lo largo de seis años para el Centro Nacional de Memoria Histórica. Recoge datos desde 1955 y fue publicado hace 3 años. La peor parte se la lleva la población civil.

- Asesinatos documentados: 220.000. Otros estudios apuntan llegan casi al millón de víctimas, 953.730 muertes, dato que incluiría a los caídos en combate como a las ejecuciones.

- Civiles muertos (1955 –2012): 177.307.

- Terroristas y militares muertos (1958–2012): 40.787.

- Desplazamientos Forzados (1985–2012): 5.712.506. Al menos 327.000 colombianos tuvieron que abandonar el país, en la mayoría hacia Ecuador.

- Secuestros (1970–2010): 27.023. (Otras fuentes hablan de 40.577).

- Desapariciones forzosas (1985–2012): 25.077.

- Víctimas de minas (1985–2012): 10.189. Otros estudios elevan la cifra a 13.305. Minas que habrían sido colocadas por agentes del Estado, guerrilleros e incluso paramilitares.

- Masacres (1980–2012): 1.982.

Otros estudios facilitan cifras sobre otros delitos:

- 258.331 colombianos han sufrido amenazas por parte de las FARC.

- 11.037 víctimas de violencia sexual.

- 96.627 víctimas de patrimonio, despojados de sus bienes y de sus tierras.

- 7.738 niños y adolescentes reclutados para participar directamente en la guerrilla. Las FARC se han comprometido a no reclutar a más y a entregar a los que mantiene en sus filas, con lo cual no cumple todavía.

Acciones reprochables

Hace al menos un mes, el Ejército colombiano señaló a las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por retener el 28 de octubre a 180 militares en Tibú, en la región fronteriza con Venezuela, y mantendrían aún secuestrados a dos de ellos, identificados como Jeison Martínez Tapias y Leonardo Dávila.

El comandante del Ejército en la zona, el general Fabio Caro, informó sobre lo ocurrido en declaraciones a la emisora Blu Radio y señaló en concreto al dirigente guerrillero conocido como "El Mocho Olmedo".

El alto oficial destacó que el soldado secuestrado, Martínez Tapias, desarrollaba una labor humanitaria, pero ahora está en poder del Frente 33 de las FARC. En cuanto a Leonardo Dávila, Caro destacó que fue secuestrado cuando realizaba un transporte para una misión médica.

Medios colombianos informaron que los 180 militares fueron retenidos por campesinos dedicados al cultivo de la coca cuando realizaban sus labores. Los militares vigilaban la infraestructura petrolera en la región y apoyaban a las unidades de erradicación manual de cultivos.

Líderes de la supuestamente disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aceptaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas.

El tribunal surgido del acuerdo de paz con las FARC, firmado en 2016, los había llamado a responder por estos crímenes.

Ocho altos mandos de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente fueron imputados por los hechos ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21.396 personas.

Entre esos mandos están Rodrigo Londoño, jefe del partido de izquierda "Comunes", surgido del acuerdo, y los congresistas Pablo Catatumbo y Lozada, que ocupan dos de los diez asientos en el Parlamento otorgados al partido.