“El deterioro de la profesionalidad de la entidad policial es importante causa de la tragedia sufrida la noche de ayer (sábado 11 de julio) por familias Reyes, Ramírez y Domínguez, a manos de miembros de la Policía Nacional. Evidencia lo mal que estamos”, criticó el otrora aliado del Gobierno sandinista y exdiputado, Agustín Jarquín Anaya.
Atropello y violación a los derechos humanos
“Ciertamente este drama fue un claro y terrible error, pero que se armoniza con la conducta ya sistemática de atropello ciudadano y violación de derechos humanos ilustrada en múltiples casos recientes (que están objetivamente documentados y oportunamente reclamados), que el alto mando junto al gobierno lamentablemente ha prohijado y fomentado con su silencio, la falta de una eficaz y oportuna investigación profesional y la ausencia de castigo de los responsables”, añadió.
El asesinato a balazo de los niños Aura Marina Reyes Ramírez y José Efraín Pérez Ramírez, ambos de 11 años; de Katherine Ramírez Delgadillo, de 22 años; ocurrió en un operativo policial que se realizaba en el sector de las Cuatro Esquinas, en la comarca Las Jagüitas, en las afueras de la capital Managua.
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En el incidente resultaron heridos de gravedad la niña Miriam Natasha Guzmán Ramírez, de 5 años; su hermano Axel Reyes, de 12 años, continúa en estado delicado en el Hospital Manolo Morales.
Regresaban de un culto religioso
Las víctimas viajaban regresaban de un culto religioso dentro de un vehículo junto con otros dos miembros más de la familia. Al pasar en una zona oscura, los oficiales le hicieron parada para identificarlos y al creer que podría ser un asalto, el conductor Milton Reyes aceleró en la marcha por lo que los policías empezaron a disparar.
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Unos 700 metros luego los policías de otro retén policial también les dispararon y provocó la muerte de las víctimas. Según Reyes, habrían sido al menos 20 detonaciones las que realizó la Policía contra su vehículo, en un trayecto de 700 metros.
Testigos
“¡Nos agarraron a balazos y nos mataron a todos mis hijos y a mi hermana, nos poncharon la primer llanta y mi marido creía que eran ladrones, entonces aceleró, y no se pararon, nos agarraron a balazos! ¡Cómo dejaron el carro, de viaje lleno de balas!”, relató Yelka Ramírez frente a las cámaras de Canal 8, horas después de la tragedia.
“Los malditos de remate vienen a tirarnos aquí, como mierda y se van…un señor grabó todo y los malditos le quitaron el teléfono”, añadió.
Testigos ciudadanos acusaron a los agentes de apuntar sus armas contra quienes intentaron auxiliar a las víctimas y con violencia quitaron los teléfonos celulares y cámaras con que la gente filmaba los hechos.
Hay otros Policías en investigación
La jefatura de la Policía Nacional dio de baja deshonrosa, apresó y mantiene bajo investigación a los 22 policías que abrieron fuego contra el automóvil, por orden de la directora policial, primera comisionada Aminta Granera.
Aparte de la indignación nacional, los nicaragüenses se han mostrado efervescentes exigiendo la renuncia de granero, cuyo cargo ha sido cuestionado no solo por un cuestionado decreto del presidente Daniel Ortega de prorrogar su periodo de 5 años al frente del órgano castrense, en el año 2011, sino las agresiones policiales continuas a quienes difieren del poder y se quieren manifestar libremente en las calles.
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Granera, quien visitó el lugar de la matanza, cuestionó el accionar de los oficiales al decir que “debían de tener por lo menos un tubo lumínico que los identificara como policías, verificar que no habían niños en el carro y no lo hicieron”.
“Acciones como la que se dieron anoche (sábado) solo me hacen recordar acciones como la de la Guardia (somocista) cuando la famosa frase, o estrategia, de tierra arrasada, hay que dispararle a lo que se mueva como que estuviéramos en guerra. Esto chorrea sangre”, señaló a la prensa local doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Asesinato a sangre fría”
“Esto es un asesinato a sangre fría. La Policía no está tomando las medidas, se siente que no tienen que respetar ninguna ley, ese es el ambiente, te pueden golpear, te pueden asesinar y no hay resoluciones. Ya tenemos varios casos. Hemos pasado de ser una Policía Nacional a una partidaria. Lo único que les interesa es servir a un partido, ni al partido, a la familia gobernante”, cuestionó el diputado liberal Luis Callejas.
El profesionalismo de la policía nicaragüense, lograda durante los 16 años de Gobiernos de derecha, se deterioró desde que Daniel Ortega asumió de nuevo al poder en 2007, al volver a esta institución sumisa a sus intereses.
Apenas dos días antes de esta masacre, policías que resguardaban la sede central del Consejo Supremo Electoral en Managua, reprimieron una pequeña manifestación de opositores que piden transparencias electorales proponiendo cambios en este poder estatal.
Policías nicaragüenses establecen un perímetro de seguridad en las carreteras. (EFE ARCHIVO)
La agresión incluyó a periodistas que daban cobertura a la protesta y detención temporal de diputados opositores.
Hace seis días una oficial de la Policía de Río San Juan, sur de Nicaragua, fue denunciada en la Fiscalía por haber rociado presuntamente con ácido de batería a un joven, mientras este permanecía en celdas policiales.
Denuncias como estas se volvieron comunes en la Nicaragua de Daniel Ortega, donde no parece ocurrir nada con una policía que se ha convertida en represiva y violadora de derechos humanos, sin que luego pase nada porque la justicia está parcializada y las versiones oficiales son acomodadas a los intereses del poder en un intento de mantener la deteriorada imagen institucional.
En el ámbito político la policía receta garrote a disidentes que protestan contra el gobierno, pero se hace de la vista gorda contra turbas sandinista que agreden a manifestantes.
“Además de analizar y corregir su anómala actuación, la jefatura nacional, incluidos el Presidente, el Vicepresidente, la Primer Comisionada y también el General de Ejército, deben revertir el proceso de descomposición y destrucción de la profesionalidad e institucionalidad que con visión sectaria partidista, han emprendido contra las entidades de seguridad nacional: ejército y policía”, cuestionó sobre la policía el ex diputado Jarquín.
Reiterados informes de organismos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, evidencia el avance del deterioro de los mismos en Nicaragua.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega acompañado de la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera saludan durante la celebración del aniversario 34 de la institución, en Managua. (EFE ARCHIVO)
Los derechos más violentados han sido la seguridad jurídica, la integridad física, acceso a la justicia, garantías del debido proceso y la libertad individual.
En el 2014 el Cenidh recibió 1,577 denuncias, de las que en 937 denuncias constataron violación de derechos humanos.
La Policía una vez más fue la institución más denunciada con 749 casos. Y le siguen el Poder Judicial, Sistema Penitenciario Nacional y la Procuraduría General de la República y Fiscalía.
