Tras su discurso, que lejos de apaciguar parece haber encendido todavía más el descontento, residentes del entorno de Santa Ana, bisagra entre el “antiguo arrabal” y las primeras zonas urbanizadas, colocaron botes de basura a modo de barricadas en las esquinas, mientras que el ala turística permanece custodiada por distintas divisiones de la Policía.
Información oficial refiere que hasta este jueves seguían los enfrentamientos en varios puntos del país, con un saldo preliminar de al menos 25 detenidos. Al paso de las horas, se habla de decenas de detenidos y de manifestantes que quemaron neumáticos y lanzaron piedras a los efectivos antimotines, mientras que se han notificado disparos y uso de gases lacrimógenos por parte de las autoridades para disolver las manifestaciones.
Las protestas, que bloquearon varias calles de la capital y de provincias, buscan derogar el contrato Ley 406 de 2023 que oficializó el acuerdo minero, ya sea por la vía judicial, declarándolo inconstitucional, o por la ejecutiva, mediante decisión del gobierno.
Qué dijo el gobierno de Panamá
Aunque el presidente Cortizo justificó que se trata de una solución ofrecida por su gobierno a un problema heredado de gobiernos antecesores, los detractores sostienen que la minería metálica no es viable ni sostenible en un país con la riqueza hídrica y de biodiversidad y la vulnerabilidad climática de Panamá.
En el contexto de las protestas, predominan gritos de “¡Abajo los vendepatria!”, “¡No al contrato minero!”, así como banderas y letreros de “No a la minería, sí a la vida”; “Protejamos nuestros recursos naturales”, “Basta de destruir nuestras tierras”, “La Patria se defiende”. En el Casco Antiguo de la ciudad también se leen carteles que rezan: “están vendiendo el país al mejor postor”.
La postura de los ambientalistas
Organizaciones ambientalistas como el Observatorio Socioambiental de Panamá [a favor de un país verde] cuestionan que el contrato no solo explota lo que llaman una “depredadora actividad” en Colón, sino que además “crea el marco de referencia para futuras concesiones similares”.
Las denuncias ciudadanas remarcan la inmediatez y opacidad con la que se han estado manejando estos acuerdos y ponderan la necesidad de que se cumpla el compromiso de “moratoria para la exploración y explotación de minería metálica en todo el territorio nacional”.
El paro nacional y las protestas
Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), informó el lunes 23 de octubre que su gremio, a partir del día siguiente, establece un paro de 48 horas debido a que el presidente Cortizo sancionó la Ley No. 406, cuya letra decreta que el contrato entre el Estado y Minera Panamá puede ser prorrogable.
El sindicalista indicó que la suspensión del paro dependerá de que el Ejecutivo “haga lo que el pueblo quiere”, que es “la derogación del contrato minero” y, mientras tanto, pidió a las familias que no lleven a sus niños a la escuela. Una amplia manifestación a la altura de la Estación Iglesia del Carmen, anunció la extensión del paro, la decisión de avanzar hacia la Procuraduría y la intención de emplazar directamente al presidente Cortizo. Sobre el asfalto, un letrero es contundente: “Minería NO”.
Muchos no pudieron llegar a sus centros de trabajo en estas jornadas en las que además de las vías principales, fueron cerradas estaciones de metro, bancos, comercios y restaurantes, así como algunos quedaron atrapados en sus rutas hacia el aeropuerto. El paro, en consideración de un sector de la ciudadanía, provoca pérdidas económicas para un país que apuesta al desarrollo tras la pandemia, pero es expresión del descontento social por el costo humano de la minería.
Bases de la concesión minera
El nuevo contrato minero, que desplaza el contrato de explotación original firmado en 2017 y declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, contempla aportes mínimos anuales de 375 millones de dólares de la minera al Estado panameño, diez veces el monto del acuerdo anterior. “Es una mejora sustancial”, arguyó este lunes el ministro de Comercio, Federico Alfaro.
El propio Cortizo apeló a estos argumentos, al tiempo que repasó en su discurso la concesión minera y la participación que han tenido distintos gobiernos. Dijo que cuando él asumió en 2019, Minera Panamá estaba operando, explotando y exportando cobre y minerales asociados y, de cara a las protestas, indicó que los cierres de calles afectan la economía, impiden llegar a los puestos de trabajo, perturban la tranquilidad de la población, se pierden citas médicas, se dificulta la atención de pacientes en riesgo. “Todo esto afecta el comercio, las industrias, pequeños productores, los apoyos semanales a las Comarcas y la generación de nuevos empleos”, agregó.
La profesora universitaria Katia Malo coincide en que debe protegerse la pequeña empresa privada, así como garantizarse la seguridad social, y aunque es partidaria de que los panameños se manifiesten por sus derechos y contra todo aquello que consideren injusto, suscribe que no es necesario llegar a la violencia ni mucho menos a paralizar el país. Apuntó que fuera del horario laboral se están manifestando varios sectores de la población en la céntrica Calle 50, donde se unen en una voz personas de barrios sin recursos, indígenas y clase media.
“No tenemos cargos en el gobierno, soy comerciante. A mí me afecta el bolsillo si las calles están trancadas, a mi familia también”, amplió en tanto denunció el hecho de que en medio de los enfrentamientos terminara siendo atacada, según trascendió en la prensa local, una ambulancia y transportes de pacientes dependientes de la hemodiálisis.
“Aquí en Panamá protestamos, aquí se protesta por todo y eso es un derecho, el problema es cuando se vuelven protestas violentas y se infiltran personas que no están a favor del desarrollo del país y quieren desestabilizar al Estado”, destacó y recordó los tiempos en que, durante su juventud, asistió a protestas pacíficas “antimilitares” y detalló que ahora, en la tercera edad, vive de su jubilación y de las ventas de servicios.
No obstante, cuestiona que el gobierno haya firmado de manera tan apresurada el contrato minero con el que la ciudadanía no concuerda y, sostiene, le preocupa lo que le pueda venir encima a la nación si retira la concesión y se desencadena una demanda internacional. Tampoco ha sido muy convincente la respuesta de Cortizo, quien finaliza el próximo año su primer término como Jefe de Estado, hasta las elecciones de 2024.
A pesar de que han sido denunciados los actos de represión policial y desobediencia civil, el presidente justificó que la operación minera se originó en 1991 con un Contrato de Concesión de Exploración. Luego, en 1997, hace 26 años, se aprobó el Contrato Ley 9 para esa explotación minera.
“Ocho años después, en 2005, el gobierno de Martín Torrijos aprobó el nuevo plan de desarrollo que dio paso a la construcción de la infraestructura minera. Y cuatro años más tarde, en el 2009, el gobierno de turno autorizó el inicio de la explotación comercial minera. Posteriormente, el gobierno anterior (Juan Carlos Varela) prorrogó por 20 años el contrato ley 9 de 1997, mediante un Resuelto Ministerial del 30 de diciembre de 2016, publicado la víspera de año nuevo. Eso fue lo que encontró mi gobierno”, detalló el presidente. “Ocho años después, en 2005, el gobierno de Martín Torrijos aprobó el nuevo plan de desarrollo que dio paso a la construcción de la infraestructura minera. Y cuatro años más tarde, en el 2009, el gobierno de turno autorizó el inicio de la explotación comercial minera. Posteriormente, el gobierno anterior (Juan Carlos Varela) prorrogó por 20 años el contrato ley 9 de 1997, mediante un Resuelto Ministerial del 30 de diciembre de 2016, publicado la víspera de año nuevo. Eso fue lo que encontró mi gobierno”, detalló el presidente.
Cortizo llamó a la cordura, a la sensatez y tolerancia del pueblo. "Los panameños podemos no estar de acuerdo, tener distintas opiniones. La democracia permite expresar esas diferencias, siempre dentro de un marco de respeto", dijo. En las manifestaciones prima la idea de que debió ser más firme en torno a la revisión de los acuerdos mineros, tal como pide la ciudadanía.