Después de 17 años, las primeras víctimas del régimen sandinista fueron escuchadas por la Corte-IDH, que el 29 de julio recibirá los alegatos finales
Daniel Ortega y Rosario Murillo en un acto en Managua el 30 de abril de 2025
JAIRO CAJINA / El 19 DIGITAL / AFPSAN JOSÉ.- El caso de Jaime Chavarría Morales y su familia, las primeras víctimas de violencia política por parte del régimen sandinista de Daniel Ortega en 2008, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se espera determine las responsabilidades del Estado de Nicaragua en las violaciones de derechos humanos que esta familia ha padecido en los últimos 17 años.
En una audiencia virtual celebrada el 27 de junio, la Corte escuchó los alegatos de la familia Chavarría Morales, sus representantes legales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recibió el caso en 2023 ante la falta de garantías en Nicaragua y acusó al régimen sandinista de violaciones a la integridad y seguridad personal, negligencia judicial, ausencia de investigaciones efectivas y hostigamiento continuado.
Chavarría Morales, fiscal electoral de la Alianza PLC, conformada por más de una docena de organizaciones políticas, entre ellos el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), y candidato a concejal a las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008, fue agredido junto a sus hijos Antonio, Jefferson y Cindy Chavarría, cuando participaban en un proceso de verificación de ciudadanía previo a los primeros comicios que celebraría Ortega tras su regreso al poder.
“Este caso tiene una singularidad y es como Ortega, nada más retomar el poder, pone en práctica todo lo que va a ser el sistema autoritario, totalitario y dictatorial, que luego va a consolidar y que hoy es una realidad”, explica el abogado Blas Jesús Imbroda, representante legal de la familia Chavarría, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
El 27 de julio de 2008, cuando Jaime Chavarría Morales fungía como fiscal electoral en el proceso de verificación ciudadana en el Colegio Josefa Toledo de Aguerri de Managua, denunció el cierre arbitrario del centro de votación dos horas antes de lo estimado, dificultando la participación de decenas de personas que se encontraban a las puertas del lugar, en lo que serían las primeras irregularidades documentadas en un proceso electoral desde que comenzó el segundo mandato de Ortega en Nicaragua.
Después de que el fiscal electoral denunciara e intentara impugnar el cierre del colegio ante los responsables del centro, identificados como operadores del Frente Sandinista, fue interceptado, junto a sus tres hijos, por una turba de alrededor de 50 personas, miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), afines al oficialismo, que los esperaban a las puertas de la unidad educativa armadas con machetes, tubos, cuchillos y piedras.
El grupo, ante la mirada impasible de funcionarios policiales que no intervinieron, propinó una brutal agresión a Chavarría y sus hijos, causándoles graves heridas, especialmente a Jefferson Chavarría, quien recibió un machetazo en la cabeza. “Salvan sus vidas milagrosamente (...) sufrieron lesiones gravísimas que precisaron atención en un hospital, con secuelas que siguen manteniendo”, señala Imbroda.
La primera desprotección por parte del Estado, la vivió la familia ante los agentes de la policía que permanecieron impasibles mientras los Chavarría eran agredidos por esta muchedumbre que, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, tenían “orden de matarlos”.
A juicio del abogado, la actitud de los oficiales habría “estimulado” la agresión por parte del CPC y los dirigentes sandinistas debido a la “absoluta impunidad” que reinaba en el lugar. “Hubo una desprotección completa y absoluta de parte de la policía”, sostiene, al resaltar que los oficiales tampoco procedieron a detener a ninguno de los agresores en el lugar, pese a que estaban actuando in fraganti.
Las agresiones de aquel 27 de julio fueron el comienzo de un largo y difícil camino para la familia Chavarría, que se ha mantenido constante a lo largo de 17 años en la búsqueda de justicia, reconocimiento, reivindicaciones y reparación por las violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen sandinista, del que siguen siendo víctimas.
Los Chavarría presentaron denuncias ante instancias electorales y judiciales nacionales, sin obtener ningún tipo de respuesta, hasta que finalmente el caso fue archivado en mayo de 2016, sin recibir notificación alguna. “Ellos no han parado. Intentaron que internamente en Nicaragua se impartiera justicia, que se repararan los daños y se depuraran las responsabilidades en todos los ámbitos, no sólo el ámbito penal, sino también en el electoral y en el ámbito de funcionamiento de las instituciones”, indica el letrado.
En su travesía, en lugar de la respuesta oportuna de la justicia nicaragüense, se encontraron con el aparato represor de Ortega, que ha sido perfeccionado a lo largo de los años, haciéndolos víctimas de asedio sistemático, amenazas prolongadas, obstrucción de justicia, ataques a su integridad física y psicológica y, finalmente, de un exilio forzado, que ha causado grandes consecuencias en el ámbito profesional y familiar.
“Después de efectuar todo este camino y esta lucha constante, que le ha costado, a su vez, tener represalias por parte del régimen de Ortega, acudieron a la CIDH, que finalmente admitió el caso y declaró violaciones de los derechos humanos en la familia Chavarría”, precisa Imbroda.
La CIDH reconoce que la familia sufrió graves violaciones a sus derechos, como al derecho a la integridad corporal, a la vida, a la tutela y a la protección judicial, y también a un proceso electoral libre y justo, tras la celebración de unos comicios viciados, que marcarían el inició de la dictadura sandinistas que hoy mantiene sometido al país centroamericano.
Para el abogado, el caso de la familia Chavarría Morales es la evidencia de que Ortega, quien aprovechó un proceso democrático para retomar el poder, comenzó a poner los cimientos para construir un Estado completamente autoritario y luego totalitario, hasta instalar la tiranía que vive actualmente Nicaragua.
“Empieza a hacer controles sociales, amenazando a personas con los Consejos del Poder Ciudadano. Empieza también a poner las bases de lo que va a ser la dictadura, vulnerando las normas y las reglas electorales. Eso es lo que ocurre allí en los centros de verificación electoral”, asegura.
En este sentido, estima que las violaciones de derechos humanos de la dictadura sandinista no comienzan con las protestas antigubernamentales del 2018, sino 10 años antes. “La familia Chavarría son de las primeras víctimas que sufren el devenir de la dictadura de Ortega (...) En Nicaragua, llevan años cometiéndose crímenes de lesa humanidad para sostener al régimen. Es una persecución generalizada y sistemática contra la población civil desde los aparatos del poder, con persecuciones, detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas, entre otros”, subraya.
Gracias a su encomiable constancia y perseverancia, la familia Chavarría Morales ha logrado que su caso llegue a la Corte IDH, que examinó los testimonios directos de las víctimas y representantes legales y sus respectivas pruebas, con ausencia del Estado de Nicaragua, que no respondió ni compareció en la audiencia.
“En una fase de este caso, el régimen sí intervino e, incluso, nombró un representante. No intervino en la última parte ante la Corte IDH (...) Esto es propio de todas las dictaduras y tiranías porque se mantienen en el poder violando constantemente los DDHH, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Tienen que mantenerse al margen de los tribunales internacionales, tribunales protegen DDHH, que juzgan y depuran responsabilidades penales en el ámbito internacional”, agrega.
Ahora, las partes tienen hasta el 29 de julio del año en curso para presentar alegatos finales por escrito. Posteriormente, la Corte IDH pronunciará su decisión sobre la responsabilidad del Estado y las medidas de reparación a las víctimas.
@ebritop22
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