La ONG Acceso a la Justicia dijo que "espera que la comunicación de la oficina de la CPI con la sociedad civil venezolana sea permanente y directa"
En la Corte Penal Internacional (CPI) se realizó una audiencia inédita que dejó dos testimonios clave para la investigación a funcionarios de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
AP/ArchivoCARACAS.- La ONG venezolana Acceso a la Justicia afirmó que espera que la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI), que será instalada en Venezuela en 2024, tenga contacto "directo y permanente" con la sociedad civil del país y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como con sus familiares.
Acceso a la Justicia recordó que en 2024 se espera el pronunciamiento de la Sala de Apelaciones sobre la continuación o no de la investigación por crímenes de lesa humanidad en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, así como la apertura de la oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas.
Sobre el segundo punto, la ONG dijo que "espera que la comunicación de la oficina de la CPI con la sociedad civil venezolana sea permanente y directa, para que las diferentes organizaciones de derechos humanos y las víctimas o sus familiares puedan brindar información relevante sobre el avance de sus casos en las instancias nacionales del sistema de justicia".
Agregó que "esto es fundamental a los efectos de la complementariedad, pues esta exige que el país objeto de una investigación ante la CPI sea quien juzgue a los responsables, y si no es así, la CPI será la competente para hacerlo, por ello la Fiscalía debe contar con la voz de las víctimas, sus familiares, abogados y de las organizaciones de la sociedad civil, quienes son quienes interactúan directamente con el sistema de justicia venezolano".
A mediados de noviembre, el régimen de Nicolás Maduro admitió que la mayoría de los casos que fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI) siguen abiertos o no se han concluido, según dijo uno de los abogados de la dictadura durante una audiencia en la Sala de Apelaciones del tribunal internacional en respuesta al recurso presentado por el régimen de Maduro en contra de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar al fiscal Karim Khan para continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad contra Venezuela.
A la pregunta de cuál es el estatus de los 124 incidentes que fueron presentados ante la CPI, el abogado del régimen Aitor Martínez Jiménez respondió: "los datos actualizados en relación a esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay tres en fase intermedia, es decir, con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados".
Agregó que: "en relación a los rangos, dentro de esos 124 incidentes nos encontramos con 15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales de la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, nueve detectives, nueve supervisores, dos oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar tres tenientes coroneles, siete tenientes, un mayor, seis capitanes y 31 sargentos".
El abogado británico Ben Emmerson, que encabeza la representación del régimen, añadió que en algunos casos se han identificado a los sospechosos y en otros no, porque la investigación no ha llegado a ese nivel.
"Ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua", admitió.
FUENTE: REDACCIÓN / Nota de Prensa / Acceso a la Justicia
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