El dictador Daniel Ortega.
Prensa oficialista/19 digitalMANAGUA.- La dictadura de Nicaragua cerró otras tres universidades más que estaban registradas como asociaciones por presuntas irregularidades administrativas y que se suman así a las cinco disueltas desde que comenzó el año.
Las afectadas esta vez son la Fundación Prouniversidad Metropolitana (Unimet), la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua (Unadenic), informó el diario La Prensa.
Según el comunicado publicado en el medio diario oficial de la dictadura, entre otras razones, la dictadura liderada por Daniel Ortega asegura que las asociaciones "no cuentan con la metodología curricular" ni la "infraestructura necesaria" o que la universidad ha "falseado información", entre otras.
La dictadura ya retiró la personalidad jurídica a otras dos universidades más el pasado 14 de marzo: la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), también registradas como asociaciones.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas, lideradas por los movimientos estudiantiles se manifestaron contra la dictadura Ortega en unas movilizaciones sin precedentes contra el régimen sandinista.
El cierre de más universidades es una medida represiva más por parte de la dictadura que se suma a los cierres de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales que adversa al régimen.
La arremetida contra la oposición a la dictadura se ha recrudecido en los últimos meses. Recientemente, Estados Unidos sancionó a tres funcionarios judiciales de Nicaragua que este año despojaron de su nacionalidad a 316 opositores a Daniel Ortega, incluyendo a 222 excarcelados desterrados y al obispo católico Rolando Álvarez, que se encuentra preso, se informó oficialmente en Washington.
Un comunicado del Departamento del Tesoro indicó que Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh, magistrados de la Corte de Apelaciones de Managua, y la jueza Nadia Tardencilla, fueron sancionados por cometer “abusos contra los derechos humanos” como funcionarios del régimen sandinista.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) consideró que los tres funcionarios “confirmaron decisiones que revocaron la ciudadanía de más de 300 ciudadanos nicaragüenses” desde sus altos cargos en el sistema judicial de Nicaragua.
Las sanciones impuestas por Washington suponen el bloqueo de todas las propiedades que los afectados tengan en Estados Unidos. También prohíbe a entidades estadounidenses realizar transacciones económicas y comerciales con ellos
FUENTE: Con información de Europa Press/AP
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