jueves 28  de  marzo 2024
DICTADURA

Régimen de Ortega cierra principal organización empresarial

La medida afecta a Cosep y a todas las cámaras que forman parte de esta organización, que ya estaba en el punto de mira del régimen de Ortega

MANAGUA.- El régimen de de Daniel Ortega en Nicaragua retiró la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal representación de la patronal empresarial en el país centroamericano, alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo.

La medida afecta a Cosep y a todas las cámaras que forman parte de esta organización, que ya estaba en el punto de mira del régimen de Ortega. De hecho, varios de sus responsables formaban parte del grupo de presos políticos desterrados en febrero a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad, informa el diario "La Prensa".

La dictadura, a través del llamado Ministerio de Gobernación, alegó que las organizaciones no han completado un proceso de convalidación de registro, en aplicación de una controvertida ley que limita la actividad de las ONG en Nicaragua y que ya ha servido como instrumento para el cierre de cientos de organizaciones.

Este tipo de medidas arbitrarias por parte de la dictadura de Ortega han aumentado a raíz de las protestas opositoras de 2018 y del proceso electoral de 2020, cuando decenas de disidentes fueron encarcelados.

Crímenes de lesa humanidad

El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua señaló al régimen de Daniel Ortega de cometer “crímenes de lesa humanidad” desde 2018 y llamó a la comunidad internacional a “actuar de manera oficiosa” para ejercer una acción penal y juzgar a los responsables.

Las conclusiones del Grupo figuran en un informe presentado el jueves en Ginebra que recoge “graves violaciones y abusos de los derechos humanos” incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

También constató que la dictadura nicaragüense ha incurrido en actos como la privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, una medida aplicada en febrero a 222 opositores excarcelados y deportados a Estados Unidos y a otros 94 disidentes, en su mayoría exiliados.

“El Grupo encuentra motivos razonables para creer que estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que, verificados en todos sus elementos, permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”, resaltó el texto del Grupo conformado por el alemán Jan-Michael Simon, la colombiana Ángela María Buitrago y el chileno Alexandro Álvarez.

FUENTE: Con información de Europa Press/AP

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