domingo 9  de  febrero 2025
ANÁLISIS

Apoyar a Venezuela

La Constitución venezolana prohíbe explícitamente la militancia política o sindical de los jueces, a fin de recalcar la imagen de neutralidad consustancial a su función

JUAN CARLOS SÁNCHEZ*

Un mes después de que la Mesa de la Unidad Democrática tomase el control de la Asamblea Nacional con abrumadora mayoría, tras ganar las elecciones parlamentarias en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, en manos del oficialismo, ha emitido un fallo en el que acusa de “desacato” al nuevo Parlamento.

La sentencia, que se pliega a un recurso presentado por la bancada chavista, insta a la Asamblea a suspender sus actuaciones legislativas hasta que no desvincule a tres diputados por el estado de Amazonas, electos de forma fraudulenta según el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y que representan los dos tercios de los 112 diputados con los que el Parlamento está siendo regido por la oposición.

El resultado de esta maniobra a la desesperada del Gobierno de Nicolás Maduro, que conserva aún la presidencia y mantiene el control sobre todo los poderes del Estado, ejemplifica de manera clara un fallo arbitrario que, el tiempo lo dirá, tiene mucho de inconstitucional desde el punto de vista jurídico y del que Venezuela sale debilitada.

La Constitución venezolana prohíbe explícitamente la militancia política o sindical de los jueces, a fin de recalcar la imagen de neutralidad consustancial a su función. Lo que ha sucedido en los últimos días como resultado de la judicialización de la política sólo puede contribuir a deteriorar todavía más la imagen y la independencia del Poder Judicial, que está demostrando una escandalosa incapacidad para resolver sobre un asunto clave para el futuro de Venezuela.

El desprecio al Estado de derecho en que se ha sumido el país no puede ni debe dejar indiferente a nadie. Si la comunidad internacional no demuestra con firmeza que no comparte tal ultraje, el régimen chavista seguirá esta carrera suicida que paga el pueblo entero. Los venezolanos necesitan de la seguridad y del amparo de la ley. Pero también de la solidaridad internacional.

En el caso de España, los principales esfuerzos políticos del ejecutivo de Mariano Rajoy se han reducido a una carta dirigida al secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, manifestándole su apoyo y condenando las maniobras golpistas del régimen. No es poco, dada la falta de diálogo entre los dos gobiernos. Pero tampoco es mucho.

Madrid ha demostrado que tiene dificultades de interlocución con Venezuela. Por eso la capacidad de presión la tienen ahora, casi exclusivamente, la Unión Europea, Estados Unidos, Naciones Unidas y los países del área, que han de seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos, en un momento difícil para la democracia venezolana. Se trata de hacer todo lo posible para que el proceso hacia la democracia sea irreversible.

(*) Analista y consultor

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