MIAMI.-En dos informes, la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela(MIIV) reveló casos de “tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” que habría detectado en Venezuela. La preocupante cifra de 122 crímenes, según la fuente, fueron ejecutados por parte de la inteligencia militar y otros 51 resultaron perpetrados por civiles. Eso sí, bajo órdenes de autoridades del gobierno.

La denuncia internacional es concretamente contra los “organismos de inteligencia del Estado de Venezuela”, los cuales son parte de “estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno”. Así lo afirman los informes, reseñados en una nota de prensa publicada el martes por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que se asegura que la elite política venezolana en el poder busca “reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.

Según Marta Valiñas, presidenta de la misión internacional, el primer informe pide a las autoridades venezolanas que investiguen y juzguen estas prácticas degradantes para que cesen inmediatamente, así como destaca que los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley.

El segundo documento evidencia la situación en el estado de Bolívar, al sur del territorio venezolano, donde autoridades y miembros de los servicios de inteligencia realizan sistemáticos ataques y violaciones a los derechos humanos contra las poblaciones locales “en zonas de extracción de oro”.

En la mision enviada por la ONU detectaron 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) DGCIM en su sede central en Caracas y en en centros de detención esparcidos por todo el país, lo que permitio dilucidar cómo operan estos organismos.

“Tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”, exponen los informes, los cuales enfatizan que, más allá del diagnóstico, tampoco ha habido acciones de las autoridades venezolanas sobre los responsables de estos delitos (perpetrados con su anuencia) ni proporcionado ningún tipo de ayuda a las víctimas en un contexto carente de independencia e imparcialidad en el sistema de justicia.

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