domingo 9  de  febrero 2025
CONGRESO

EEUU: Alertan sobre caducidad de arma clave de seguridad nacional

La Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para la seguridad nacional, caduca a finales de diciembre y hasta ahora no existe acuerdo en el Congreso

Por Leonardo Morales

WASHINGTON — Cuando falta poco más de un mes para el final del año, al gobierno de Joe Biden se le acaba el tiempo para renovar por el Congreso en Washington la autorización de un programa de espionaje para la seguridad nacional.

La Ley, que debe ser reaprobada en ambas Cámaras del Congreso en Washington, se considera vital para prevenir el terrorismo, atrapar espías y enfrentar los ciberataques.

La herramienta, la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para la seguridad nacional, caduca a finales de diciembre a menos que la Casa Blanca y el Congreso lleguen a un acuerdo.

Durante los debates hasta ahora el mayor problema radica en la débil línea entre la privacidad y los derechos individuales y la seguridad nacional.

Advertencia de expertos

Sin este programa, advierten funcionarios, el gobierno se verá bastante limitado a recopilar información crucial de inteligencia en el extranjero.

Por su parte, los defensores de las libertades civiles de todo el espectro político afirman que la ley, tal como está, viola la privacidad de los ciudadanos e insisten en que se necesitan cambios antes de que se vuelva a autorizar el programa.

“Imaginen si alguna organización terrorista extranjera cambia sus intenciones y ordena a un agente que realice un ataque en nuestro propio patio trasero, e imaginen que no somos capaces de desbaratar la amenaza porque las autorizaciones 702 del FBI han diluidas”, dijo el director del FBI, Christopher Wray, a los legisladores en el Consejo de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, sobre el FBI pesan serias críticas acerca de su aparente parcialidad y su - de alguna forma- intromisión en asuntos políticos, cuando sus funciones deberían ser meramente investigativas y de protección a la seguridad nacional, no a los intereses de ningún partido político en Washington.

Buena parte de los legisladores republicanos consideran que esa institución, de gran prestigio ganado durante décadas, ha sufrido una metamorfosis y se encuentra ahora politizada en casi todos sus niveles directivos, con una balanza que se inclina hacia la izquierda y la izquierda radical en EEUU.

Lo anterior también ha generado grandes dudas en el Congreso sobre el nuevo enfoque y las prioridades del FBI y sobre su capacidad actual para prevenir graves eventos contra la nación y sus ciudanos, a diferencia de las funciones reales y establecidas para la seguridad nacional del país.

¿Qué dice la Ley?

La ley, promulgada en 2008, permite a la comunidad de inteligencia estadounidense recopilar, sin una orden judicial, las comunicaciones de extranjeros fuera del país, sospechosos de representar una amenaza para la seguridad nacional de EEUU. Es importante destacar que el gobierno también interfiere las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses y otras personas en Estados Unidos cuando entran en contacto con esos extranjeros que se encuentra en la mira por serias sospechas.

Al defender la renovación de la ley, tanto el gobierno de Donald Trump como el de Biden han citado numerosos casos en los que la inteligencia derivada de la Sección 702 ha ayudado a frustrar un ataque, incluido un complot de asesinato en suelo estadounidense, o ha contribuido a una operación exitosa, como el ataque el año pasado que mató a Ayman al-Zawahri, líder de Al Qaeda, o al poderoso general iraní Qasem Soleimani, cuya eliminación fue ordenada por Trump después de informes de inteligencia.

Los funcionarios de seguridad nacional también han dicho que el 59% de los artículos en el reporte diario del presidente contienen información de la Sección 702, y señalan la necesidad del programa en un momento en el que la guerra de Israel con Hamás ha elevado las preocupaciones sobre ataques dentro de Estados Unidos.

Ambos lados en el Congreso están ampliamente de acuerdo en que el programa es valioso, pero difieren en aspectos clave sobre cómo debería estructurarse.

Cuando se acerca la fecha límite, el Congreso se encuentra bajo una apretada agenda antes de fin de año y con temas cruciales por aprobar o debatir como el caos continuado en la frontera sur, los grandes gastos de guerra en Ucrania.

Vaticinan pugna de último momento

La Casa Blanca descartó la única propuesta legislativa que se ha presentado sobre la Sección 702.

Otro factor que complica la gestión del gobierno: la coalición de legisladores escépticos sobre la vigilancia gubernamental, que incluye tanto a demócratas liberales preocupados por la privacidad como a republicanos que apoyan con firmeza al expresidente Donald Trump y que todavía miran a la comunidad de inteligencia con suspicacia por la injustificable investigación que se abrió sobre los falsos vínculos entre Rusia y la campaña de Trump de 2016.

Esa acción, un tanto impulsiva e irresponsable, fue fustigada por una pesquisa de casi cuatro años del fiscal especial, John Durham, que concluyó en un informe de más de 300 páginas que nunca hubo motivos reales y certeros para comenzar una investigación al presidente 45 de EEUU, sobre supuestas relaciones y vínculos de interferencia entre Moscú y la campaña de Trump en las elecciones de 2016.

Una pugna de último momento entre la Casa Blanca y el Congreso cada vez que los poderes de vigilancia del gobierno deben renovarse se ha vuelto algo previsible.

Este programa en particular se renovó por última vez en enero de 2018, luego de una votación dividida en el Congreso y fue promulgado por Trump, quien en una declaración elogió el valor de la herramienta por haber “salvado vidas”, pero también aplaudió un nuevo requisito que estaba destinado a proteger la privacidad.

“Muchos de estos en el pasado han llegado al borde del abismo. Hay una historia aquí de maniobras sutiles cuando estas leyes llegan al borde de la caducidad”, dijo Jamil Jaffer, fundador y director ejecutivo del Instituto de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad George Mason y funcionario experto del Departamento de Justicia desde que se creó la Ley.

Puntos de discordia

Este año, un punto clave de discordia es la insistencia de algunos en el Congreso —a pesar de la fuerte objeción de la Casa Blanca— de que se exija a las agencias federales que obtengan una orden judicial antes de poder acceder a las comunicaciones de personas en Estados Unidos.

Esa ha sido una prioridad para los defensores de las libertades civiles a la luz de las revelaciones sobre búsquedas impropias en la base de datos de inteligencia por parte de analistas del FBI respecto a la gran manifestación en Washington el 6 de enero de 2021 y las protestas en 2020 tomando como estandarte la justicia racial, así como datos sobre figuras políticas estatales y federales.

El gobierno de Biden ha dicho que los errores por parte del FBI son insignificantes debido a la enorme cantidad de consultas a las bases de datos, además agregó que el FBI ha realizado importantes reformas para minimizar la posibilidad de intrusiones de las libertades civiles.

Un alto funcionario del gobierno señaló que el requisito de una orden judicial incluido en una propuesta legislativa anunciada en días recientes cruzaría una “línea roja” para la Casa Blanca, dado que limitaría la capacidad de los funcionarios para detectar y actuar sobre inteligencia potencialmente vital en tiempo real.

El funcionario, quien habló bajo anonimato, refirió que tal mandato no sólo sería operativamente ineficaz sino legalmente innecesario, porque obligaría a los funcionarios a obtener una orden judicial por información de inteligencia que fue recopilada de forma legal.

Sobre una orden judicial

Wray, en declaraciones preparadas para el panel de asuntos internos de la Cámara de Representantes, dijo que el requisito de una orden judicial equivaldría a una “prohibición de facto”, debido a la cantidad de tiempo y de recursos necesarios para preparar una solicitud de orden judicial.

El requisito de una orden judicial tiene el apoyo del representante republicano Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, y del senador demócrata Ron Wyden, un defensor confiable de las libertades civiles y abanderado liberal por décadas.

Wyden publicó la semana pasada un proyecto de ley con un grupo bipartidista de legisladores —incluido el representante republicano Andy Biggs, un firme partidario de Trump— que exigiría una orden judicial, excepto para exenciones limitadas, como cuando los funcionarios necesitan detener una amenaza inminente o si el sujeto de la consulta ha dado su consentimiento a la búsqueda.

En una entrevista, Wyden explicó que apoya también la necesidad de órdenes judiciales porque "los Padres Fundadores pensaban que eran importantes”. Manifestó además que su equipo adoptó un enfoque mesurado al incluir excepciones significativas al requisito de una orden judicial.

“No negociamos con nosotros mismos”, dijo Wyden. “Tenemos una política de puertas abiertas. Si hay preocupaciones por parte del gobierno, deben plantearlas, exponerlas y discutirlas”.

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FUENTE: Con información de AFP

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