Un reclamo legal presentado por la Asociación de Educación de Florida alega que los vauchers escolares estarían beneficiando a familias no necesitadas en detrimento de las escuelas públicas
Andrew Spar, presidente de la FEA.
CORTESÍA FB ASMIAMI.- La Asociación de Educación de Florida (FEA), principal sindicato de docentes del estado denunció el desvío de cerca de 5.000 millones de dólares anuales de fondos públicos hacia escuelas privadas y chárter a través del programa universal de vales escolares y acudió a los tribunales para frenarlo.
La demanda, radicada en el Tribunal de Circuito del Condado de Leon, en Tallahassee, acusa al estado de violar el mandato constitucional de sostener un sistema de escuelas públicas “uniforme, eficiente, seguro y de alta calidad”, y pide al tribunal declarar inconstitucional el actual esquema de becas porque, según los demandantes, los centros privados que reciben dinero público no están sujetos a la supervisión ni a los estándares exigidos a los planteles públicos tradicionales.
La acción legal coincide con el cierre o reorganización de nueve escuelas en Miami-Dade y de seis en Broward por caída sostenida de la matrícula.
Andrew Spar, presidente de la FEA, en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS sostuvo que el actual programa de vales incumpliría la cláusula educativa de la Constitución de Florida y drena recursos esenciales del sistema público.
El escrito, de 39 páginas, nombra demandados al Departamento de Educación, a la Junta Estatal de Educación y al comisionado Anastasios Kamoutsas. Junto con la FEA aparecen padres de familia, miembros de juntas escolares y organizaciones de derechos civiles.
La demanda llega en un momento crítico para los distritos del sur de Florida, que han iniciado procesos de cierre y consolidación de planteles por la disminución de la matrícula pública.
Spar explicó que el núcleo legal de la demanda apunta a la cláusula educativa de la Constitución de Florida, específicamente al Artículo IX, sección 1(a), que obliga al estado a sostener un sistema de escuelas públicas gratuitas “uniforme, eficiente, seguro y de alta calidad”.
El dirigente subrayó que ese mandato no es retórico sino vinculante. “Este mandato no es aspiracional, es de cumplimiento obligatorio. Uniforme no significa idéntico, pero sí exige estándares consistentes, rendición de cuentas y un sistema en el que las familias puedan confiar”, afirmó.
El directivo de la FEA argumentó que, al destinar fondos públicos a escuelas privadas y a programas de educación en el hogar que no están sometidos a las mismas leyes, regulaciones ni exigencias que las escuelas públicas, el estado estaría vulnerando ese deber constitucional.
La estrategia jurídica de concentrarse en la Family Empowerment Scholarship (FES) busca esquivar el obstáculo procesal que enfrentó una demanda anterior contra la Florida Tax Credit Scholarship, desestimada en 2014 y 2017 por falta de legitimación procesal, dado que esta se nutría de donaciones privadas con crédito fiscal. La FES, en cambio, se financia con dinero presupuestal directo a través de la fórmula Florida Education Finance Program (FEFP).
Uno de los datos más controvertidos del expediente judicial es que cerca del 69% de los nuevos solicitantes de vales nunca asistieron a una escuela pública, según el Florida Policy Institute. Spar dijo que esa cifra desmentiría el argumento oficial de que los vales amplían el acceso educativo.
“Si casi el 70% de los estudiantes cuyas familias usan vales nunca estuvieron en una escuela pública, eso significa que la mayoría del dinero del programa va a familias que ya podían pagar la educación privada de sus hijos. Si los vales realmente se trataran de ampliar el acceso, los datos mostrarían lo contrario”, sostuvo el presidente de la FEA.
Spar agregó que el efecto es un traspaso de fondos públicos hacia hogares que no requerían subsidio, mientras el sistema que atiende a la inmensa mayoría de los niños floridanos pierde recursos.
“En cambio, estas familias están recibiendo un subsidio en una matrícula que ya podían pagar, a expensas de las escuelas públicas, donde se educa a casi el 80% de los niños de Florida. Eso no es ampliar el acceso para todos, eso es una rebaja fiscal para pocos a costa de muchos”, remarcó.
Desde el Ejecutivo, la respuesta a la demanda fue inmediata. El comisionado Kamoutsas defendió la política impulsada por el gobernador Ron DeSantis a través de la red social X y enmarcó la elección escolar universal como una conquista de las familias floridanas.
“Gracias al gobernador Ron DeSantis, cada familia de Florida tiene acceso a la elección escolar universal, lo que les permite seleccionar el entorno de aprendizaje que mejor se adapta a las necesidades individuales de su hijo”, escribió Kamoutsas.
El propio gobernador DeSantis acusó al sindicato de pretender “despojar a casi un millón de estudiantes de la educación de su elección” y prometió defender tanto el programa de becas como el sistema de escuelas chárter, en los que, según su administración, participan más de 500.000 y 400.000 alumnos respectivamente. El mandatario sostuvo que su gestión se mantendrá “del lado de los padres y estudiantes”.
La oficina del gobernador estima que 1.4 millones de estudiantes utilizan alguna forma de elección escolar. La política de vales universales nació con la HB 1, firmada por DeSantis el 27 de marzo de 2023, que eliminó los topes de ingresos y de matrícula del programa de becas. Florida se convirtió así en el cuarto estado del país con un programa universal de vales.
La defensa del modelo también encuentra voces fuera del gobierno floridano. Doug Mattox, del The James Madison Institute, un centro de pensamiento conservador con sede en Tallahassee, argumentó que la diversidad de necesidades de los estudiantes justifica un sistema flexible.
“Cada niño es diferente y lo que funciona bien para un niño puede no funcionar bien para otro. Creo que es muy injusto y poco realista esperar que una escuela local de distrito, asignada por zona, satisfaga las necesidades de cada niño en su zona”, sostuvo Mattox.
Por su parte, la Federación Americana para los Niños, organización que promueve la elección escolar, defiende además que las becas permiten a familias de ingresos bajos y medios acceder a entornos educativos antes reservados a quienes podían pagarlos.
La presión sobre los grandes distritos es palpable. Miami-Dade County Public Schools, el cuarto distrito del país, reportó una matrícula de 313.000 estudiantes para el ciclo 2025-2026, unos 13.200 menos que el año previo.
A inicios de mayo, la junta escolar propuso el cierre o reorganización de nueve escuelas, entre ellas Parkway Elementary, Rainbow Park Elementary, Phillis Wheatley Elementary, Mandarin Lakes K-8 Academy y Robert Russa Moton Elementary. Broward County aprobó en enero el cierre de seis planteles tras detectar que 66 escuelas operaban al 70% de su capacidad o por debajo.
Spar no atribuye toda la caída de matrícula al programa de vales y reconoce que existen factores demográficos y económicos en juego.
“Los distritos y el estado son las mejores fuentes para esa información, pero sabemos que las tasas de natalidad han bajado, que tanto los distritos como el estado han reportado una reducción importante de estudiantes migrantes inscritos en nuestras escuelas y que las familias se están yendo de Florida porque el costo de vida ha subido de forma significativa”, declaró.
La FEA presentó la demanda como un “último recurso” tras dos décadas de intentos legislativos infructuosos. Florida ocupa el puesto 50 del país en salario promedio de maestros, con 54.875 dólares anuales según la National Education Association, mientras que más del 60% del personal educativo del estado gana menos de 35.000 dólares al año. El estado también figura en el puesto 41 en gasto por estudiante.
“Durante 20 años hemos intentado trabajar con los legisladores para atender las preocupaciones de padres y educadores. A diferencia de las escuelas chárter y privadas, las escuelas públicas deben atender a cada estudiante, sin importar su necesidad, y operar bajo el peso de más de 1.400 páginas de ley estatal”, apuntó.
A lo que sumó: “Al mismo tiempo, las chárter y privadas se rigen por solo una fracción de esas reglas, tienen menos transparencia y ni siquiera están obligadas a contratar maestros plenamente acreditados. Eso no es un terreno de juego nivelado”.
El dirigente sindical vinculó esa asimetría con los bajos salarios docentes y con el deterioro de las condiciones en las aulas públicas, y aspiró a que un fallo favorable inicie una corrección estructural.
“Con esta demanda simplemente pedimos rendición de cuentas, transparencia y un conjunto básico de estándares educativos. Queremos ver a Florida liderar en salarios de maestros, en lugar de ocupar prácticamente el último lugar, y eso comienza por nivelar el terreno de juego”, apuntilló.
Si el tribunal acoge las dos peticiones de la demanda —declarar inconstitucional el esquema y bloquear el flujo de fondos públicos a centros que no cumplan estándares uniformes—, más de 524.000 estudiantes que hoy reciben becas FES quedarían en una situación de incertidumbre.
Consultado sobre ese escenario, Spar aclaró que el objetivo no es cerrar opciones a las familias. “Nuestra demanda no se trata de quitarles opciones a las familias. Se trata de asegurar que esas opciones no se den a expensas del sistema que atiende a la mayoría de las familias: las escuelas públicas de Florida”, sostuvo.
“Lo que pedimos es un terreno de juego nivelado, uno donde los padres puedan tomar las mejores decisiones para sus hijos con información clara, consistente y completa, sin importar dónde se eduque al niño”, acotó.
La proporción del financiamiento estatal de educación destinada a vales pasó del 12% en el ciclo 2021-2022 al 24% en 2024-2025, según el Florida Policy Institute, una organización no partidista con sede en Orlando.
Para el ejercicio 2025-2026, los vales FES suman 3.800 millones de dólares y representan el 24,2% del gasto total del FEFP, con más de 524.000 estudiantes beneficiarios; la proyección combinada con los créditos fiscales corporativos alcanza los 5.000 millones.
El gasto en escuelas públicas, en cambio, pasó de representar el 88% del presupuesto educativo estatal en 2021-2022 al 77% en el último ejercicio.
En la sesión legislativa de 2026, el Senado aprobó el SB 318, una iniciativa que buscaba mayor transparencia en el programa, pero la Cámara de Representantes no avanzó un proyecto compañero.
El caso entra ahora en una fase preliminar de respuesta del Departamento de Educación y de los demás demandados, en un escenario que enfrenta al modelo educativo bandera del gobernador DeSantis con el texto literal de la Constitución estatal.
La resolución de la demanda podría reconfigurar la regulación de cualquier escuela que reciba dinero público en Florida y sentar un precedente para otros estados que han adoptado o estudian programas de elección escolar universal.
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