El Máximo tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump, lo que significa que las autoridades pueden proceder a no renovar el TPS (estatus de Protección Temporal) a más de 300,000 venezolanos
Los venezolanos han acudido a varias instancias por el TPS
AFP
Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
SAUL LOEB /AFPWASHINGTON — La Corte Suprema autorizó este lunes al gobierno del presidente Donald J. Trump a revocar las protecciones legales especiales (estatus de Protección Temporal o TPS) a cientos de miles de inmigrantes venezolanos.
El máximo tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump, lo que significa que las autoridades pueden proceder a [no renovar el TPS] a unos 350,000 venezolanos bajo el programa federal de Estatus de Protección Temporal (TPS).
La decisión de la Corte Suprema no fue aprobada por todos los jueces. La magistrada Ketanji Brown Jackson afirmó que desestimó la apelación. La medida suspende un fallo de un juez federal en San Francisco que mantenía la protección para los venezolanos, un estatus que Trump ordenó finalizar el mes pasado.
El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales.
Debido a la inestabilidad política en Venezuela, el gobierno de Biden declaró en marzo de 2021 que los venezolanos eran elegibles para el TPS, un programa federal aprobado por el Congreso que existe desde 1990 para brindar ayuda humanitaria a personas de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes.
Las personas aceptadas en el programa tienen estatus legal en Estados Unidos y pueden obtener autorización de trabajo por hasta 18 meses, sujeta a prórrogas.
La administración Trump busca revocar varias protecciones que permiten a inmigrantes permanecer hasta ahora en Estados Unidos; eso incluye a los 600 mil venezolanos beneficiados a través de dos designaciones, la primera en 2021, cuya vigencia es hasta el 10 de septiembre de 2025, y posteriormente la designación de 2023.
El litigio ante la Corte Suprema fue el de la designación realizada en octubre de 2023 y prorrogada en enero, justo antes de que Trump asumiera el cargo.
A este grupo, antes de su partida de la Casa Blanca, la administración del demócrata Joe Biden le prolongó el TPS por 18 meses para los venezolanos, una autorización que entraría en vigencia desde el 3 de abril de 2025 (casi tres meses después de dejar el cargo) hasta el 2 de octubre de 2026.
En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó revertir esas determinaciones, lo que significa que las protecciones expirarían en abril de este año.
El Procurador General, D. John Sauer, escribió en la solicitud de emergencia del gobierno que los tribunales no podían revisar la decisión de Noem.
"La orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas sensibles en un área de la policía migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, ágil y discrecional", declaró el alto magistrado.
Este lunes el máximo tribunal no eliminó el TPS, pero concedió la solicitud de emergencia presentada por el gobierno el tiempo que el caso se litigue en los tribunales, con lo cual unos 350.000 venezolanos quedan a la deriva.
El fallo judicial del lunes es un balón de oxígeno para Trump, quien atacó duramente a la Corte Suprema el viernes por haber mantenido el bloqueo de las expulsiones de migrantes bajo la Ley de enemigos extranjeros de 1798, invocada contra venezolanos acusados de ser pandilleros.
En un fallo de 7 contra 2, los magistrados bloquearon sus planes de expulsar a un grupo de migrantes recluido en Texas (sur), después de que en marzo deportara a más de 200 a una megacárcel de El Salvador.
La Corte Suprema estima que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión.
La decisión en este caso también es temporal: devuelve el caso al Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones, para que determine si es lícito el uso de la Ley de enemigos extranjeros y establezca las condiciones en las que los migrantes pueden impugnar su expulsión ante los tribunales.
"La Corte Suprema de Estados Unidos no me permite hacer aquello para lo que me han elegido", declaró Trump el viernes en su plataforma Truth Social, visiblemente enfadado.
Trump estima que la banda de origen venezolano Tren de Aragua está involucrada en "acciones hostiles" y "amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos".
La Casa Blanca afirma que el "régimen hostil" de Maduro mueve los hilos.
Por eso, el 15 de marzo, el republicano invocó esa ley de 1798, hasta ese día usada solo en tiempos de guerra, para enviar a presuntos pandilleros venezolanos a una prisión de El Salvador.
Los abogados de algunos de los migrantes expulsados niegan que sus clientes sean pandilleros y afirman que fueron detenidos por sus tatuajes.
La Casa Blanca ha dejado en pie el TPS otorgado a otras nacionalidades como la de los salvadoreños, que protege a unos 200.000 inmigrantes desde 2001.
FUENTE: Con información de AFP/EFE
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