MIAMI.– Una semana después de la toma de posesión del presidente Donald J. Trump, Estados Unidos se encuentra al borde de una crisis constitucional. La secretaria de Justicia en funciones, Sally Q. Yates, ordenó este lunes a los fiscales del Departamento de Justicia que no defiendan en los tribunales las órdenes ejecutivas enmanadas de la Casa Blanca.
“Soy responsable por asegurar que las posturas que asumimos en los tribunales se mantienen consistentes con la solemne obligación de la institución de siempre buscar la justicia y defender lo que es correcto”, dijo Yates, en una carta enviada a todos los fiscales federales.
Trump ha nombrado como secretario de Justicia al senador republicano Jeff Sessions, pero sus pares en la comisión de justicia todavía no han aprobado su nombramiento, ya que el senador se encuentra involucrado en una fuerte controversia sobre su pasado como fiscal estatal en Alabama, en diversos casos relacionados con los derechos civiles.
Sin embargo, puede ser aprobado en los próximos días, con lo cual seguramente cancelará estas instrucciones. Pero la postura de Yates confirma que la división dentro del Departamento de Justicia es más profunda de lo que ha aflorado.
“En estos momentos, no solo no estoy convencida de que defender la orden ejecutiva (que prohíbe el ingreso de ciudadanos de países de mayoría musulmana y congela indefinidamente el programa de refugiados) es consistente con estas responsabilidades como tampoco lo estoy de que la orden ejecutiva sea legal”, escribió la secretaria de Justicia en funciones.
Trump puede despedirla, pero sería un error porque ella es la única persona que en estos momentos puede firmar mandatos internacionales de captura de fugitivos o terroristas, un pilar de la nueva política del presidente.
La Casa Blanca no ha reaccionado de inmediato pero es de esperar que el presidente recurra a su cuenta Twitter.
Yates fue nombrada por el expresidente Barack Obama pero accedió a mantenerse en el cargo hasta que Sessions sea aprobado por el Senado.
