Comienza un nuevo año. Para muchos es el inicio de un ciclo vital cargado de propósitos frescos, y planes de mejora. El gran cambio de nuestras vidas es, sin duda, la adquisición de una propiedad y quienes en los próximos doce meses desean ser tratados con respeto en un mercado justo deben saber que la ley está de su lado.

El marco legal estadounidense protege a los inquilinos y futuros compradores contra la discriminación y para ello se han ido promulgando, a través de los años, una serie de normas legales, comenzando con la ley de Derechos Civiles de 1866, hasta la más reciente enmienda que desde 1988 protege a los discapacitados y a la familia.

Muchas personas se pueden asombrar, conociendo la historia reciente de los EEUU, pero la realidad es que ya en 1866 estaba prohibida la discriminación por motivos de raza en la compra, venta o arrendamiento de una propiedad. Esta ley aún vigente se engrosa en el marco de los derechos civiles y prohíbe la diferenciación de las áreas geográficas en función de la composición étnica. La norma garantiza el trato justo a los clientes de diferentes razas y regula los materiales de publicidad y mercadeo utilizados por las oficinas de bienes raíces donde tampoco se puede hacer alusión a la composición racial de una zona determinada.

Más adelante se fueron ampliando las protecciones de los clientes que intervienen en el mercado inmobiliario. En 1966 se protegió el color, la religión y el origen nacional de los participantes en el negocio de las propiedades en lo que se conoce como Ley de Vivienda Justa (Fair Housing Act).

El nuevo paso legal contra la discriminación no solo reguló aún más la publicidad relacionada con las viviendas y la propia actividad de quienes se dedican al oficio de las transacciones inmobiliarias, a partir de entonces se prohibió realizar publicidad, mercadeo o cualquier tipo de representación o referencia ante el público donde se indique o se insinúe la composición religiosa de un área, incluso a petición del propio. Por ejemplo, es ilegal explicar que la propiedad en cuestión está en el barrio judío de Miami.

Lo mismo se aplicó al origen nacional, ningún agente debe sugerir a un cliente un área geográfica acorde con su lengua u origen nacional porque estaría cometiendo un delito. La ley protege también a los inquilinos o compradores de ser discriminados por motivo de su sexo. A no ser que se trate, como es lógico, de un alquiler compartido.

En 1988 se incluyó en la ley la protección a los discapacitados, ya sean por problemas físicos o mentales. Se garantizó de esa forma el trato con igualdad y respeto a personas con deficiencias auditivas, enfermas de SIDA, con problemas de visión, incluso si sufren de alcoholismo crónico.

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Se prohíbe hacer cualquier tipo de publicidad en contra de estas clases protegidas, incluso es ilegal preguntarle al cliente si él o alguien se su familia está enfermo tiene alguna o discapacidad.

Tan estricta es la ley que prohíbe a los dueños de una propiedad en alquiler negarse a que su inquilino minusválido realice modificaciones razonables en la vivienda para poder acomodarse en la misma, siempre y cuando el inquilino pague de su propio bolsillo y en algunos casos, bajo la promesa de devolver la casa a su estado anterior, cuando se mude.

Existen edificios exclusivos de comunidades para mayores de 55 años, a ellos la ley le otorga el privilegio de poder negar el alquiler o la compra a personas de menos edad. El resto de las viviendas ya sean comunidades de condominios, casas unifamiliares, o unidades adosadas tienen prohibido discriminar a las familias con hijos menores de edad y a mujeres embarazadas.

Si tiene dinero para vivir en ese barrio que le gusta, no lo piense dos veces. Estas leyes están diseñadas para proporcionar la oportunidad a las personas como usted, crean un mercado abierto e imparcial. Tenga en cuenta que todos los factores que intervienen en el mercado inmobiliario están sometidos al imperio de la ley, el nivel federal, estatal y local. De esa forma garantizar que todas las personas con medios financieros similares tengan opciones similares cuando tratan de arrendar, alquilar, o financiar una propiedad.

En caso de sentir que se han vulnerado sus derechos puede dirigirse al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EEUU (US Department of Housing and Urban Development HUD) esta es la institución responsable de recibir los reclamos en el marco de La Ley de Vivienda Justa. Existen unos formularios para poner una demanda en el sitio web www.hud.gov y un número de teléfono gratuito 1-800-6699777.

La Ley de Vivienda Justa garantiza que el único impedimento entre su meta de obtener una nueva propiedad y la posibilidad de alcanzarlo sea su capacidad financiera. Cumpla su sueño para ello nada tiene que ver el color de su piel, su sexo o sus capacidades físicas.

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