Adolescentes se suben a un vehículo que las transportará a una instalación de la Asociación Nacional de Iglesias Cristianas de Houston que aloja a migrantes menores de edad, en foto del 17 de abril del 2021.
Godofredo A. Vásquez/Houston Chronicle vía AP, Archivo Migrantes menores de edad esperan para hacerse pruebas del COVID-19 en un albregue para niños migrantes no acompañados en Donna, Texas, el 30 de marzo del 2021.
AP Photo/Darío López-Mills, Pool, Archivo Dormitorio de un sitio de detención temporal de migrantes menores de edad en un Centro de Convenciones de Long Beach, California, en foto del 22 de abril del 2021.
Brittany Murray/The Orange County Register vía AP, Pool, ArchivoWASHINGTON - El gobierno de Joe Biden retiene a decenas de miles de migrantes menores de edad que piden asilo en una oscura red de unas 200 instalaciones que abarca dos docenas de estados e incluye cinco albergues con más de 1.000 niños amontonados en espacios reducidos, según comprobó la Associated Press.
Información confidencial conseguida por la AP indica que la cantidad de menores migrantes bajo custodia del gobierno se más que duplicó en los dos últimos meses y que esta semana el gobierno alojaba a unos 21.000 menores, desde pequeños de uno o dos años hasta adolescentes.
En una instalación del ejército de Fort Bliss, en El Paso, Texas, había más de 4.500 menores el lunes.
Abogados, activistas y expertos en salud mental dicen que algunos albergues son seguros y ofrecen atención adecuada, pero que otros comprometen la salud y la seguridad de los niños.
“Es casi como ‘El día de la marmota’, declaró la abogada del Southern Poverty Law Center Luz López, aludiendo a una película de 1993 en la que los eventos parecen estar repitiéndose continuamente. “Estamos de nuevo casi donde empezamos y el gobierno usa dinero de los contribuyentes para construir grandes albergues... para niños en lugar de usar ese dinero para buscar formas de reunir más rápidamente a los chicos con sus patrocinadores”.
La administración del presidente Joe Biden a quien los republicanos responsabilizan por la crisis creada en la frontera al flexibilizar las medidas y prometer desmantelar los acuerdos logrados por la administración de Donald Trump, invierte centenares de millones de dólares de los contribuyentes para albergar a menores no acompañados.
Poco o nada se habla de los padres de los menores, y su responsabilidad en la crisis generada en la frontera sur.
Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH), Mark Weber, dijo que el personal de esa dependencia y los contratistas se esfuerzan por velar por la seguridad y la salud de los menores.
Algunas de las prácticas actuales son las mismas que Biden y otros criticaron bajo el gobierno de Donald Trump, incluyendo el que no se investigase a fondo, con toma de huellas digitales por parte del FBI, al personal que sirve a los niños. Al mismo tiempo, documentos legales indican que el gobierno trata de resolver varias demandas multimillonarias, según las cuales los migrantes menores de edad fueron supuestamente víctimas de abusos sexuales.
Parte del plan del gobierno para lidiar con miles de menores que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos involucra una docena de instalaciones de emergencia en bases militares, estadios y centros de convenciones que no tienen licencia para atender menores de edad y no requieren ni están sujetos a la supervisión legal tradicional.
En las instalaciones, llamadas Sitios de Alojamiento de Emergencia, los niños no tienen garantizado acceso a una educación, oportunidades recreativas ni asesoría legal, una responsabilidad que debe recaer en los padres de los menores.
La flexibilidad en las medidas ha propiciado tráfico humano en la frontera. El lunes los medios de comunicación reportaban que coyotes dejaron abandonados a menores en la frontera, entre ellos, cinco niñas en edad de 11 meses a cinco años.
Algunos abogados dicen que a veces los padres no pueden determinar dónde están sus hijos.
José, quien se fue de El Salvador después de que su pueblo fue escenario de una matanza, pidió asilo en Estados Unidos hace cuatro años. Esperaba reunirse con su esposa e hija en el sur de California este año, pero ambas fueron expulsadas tras cruzar la frontera en marzo y enviadas de regreso a México. La pequeña volvió a cruzar sola y fue alojada en un albergue en Brownsville, Texas, el 6 de abril. José llamó varias veces a la línea especial del gobierno que atiende preguntas sobre migrantes menores de edad, pero nadie supo decirle dónde estaba la niña.
“Estaba muy molesto porque seguía llamando y nadie me daba información acerca de dónde estaba ella”, expresó José, quien pidió ser identificado solo por su nombre de pila por temor a complicar su situación inmigratoria. “Finalmente me dijeron que tenía que pagar 1.300 dólares para cubrir el costo de un pasaje aéreo y que si no pagaba, hubiera tenido que esperar otro mes. Eso me puso muy nervioso”.
Su hija estuvo retenida en la instalación de Brownsville casi tres semanas antes de ser entregada a su padre a fines de abril, luego de que una agrupación de activistas intervino y consiguió que el gobierno se hiciese cargo del pasaje aéreo.
Lo anterior evidencia que muchos padres están exponiendo la seguridad de sus hijos y que esperan que el gobierno asuma los costos de sus decisiones.
El DSSH declinó decir si hay normas que rijan la atención de los menores alojados en los sitios de emergencia o si esos centros son supervisados. El gobierno de Biden da un acceso muy limitado a los medios de prensa cuando los menores son llevados a esas instalaciones, atribuyendo esa actitud a la pandemia del coronavirus y a cuestiones de privacidad.
“El DSSH se ha manejado con la mayor celeridad posible para aumentar la capacidad y garantizar que los potenciales patrocinadores pueden ofrecer un hogar seguro mientras el menor sobrelleva el proceso inmigratorio”, expresó Weber, el portavoz de esa dependencia, en un comunicado. “Apenas hay nuevos servicios disponibles -atención médica en el lugar, incluidas inmunizaciones y exámenes físicos, encargados de los casos, llamadas telefónicas a familiares, educación, recreación, etc.- como consecuencia de la infraestructura y el personal adicional, son puestos a disposición” de los menores.
Weber confirmó las cifras de menores bajo custodia del gobierno que había conseguido la AP.
“Los chicos vienen enfermos, con COVID, con piojos. No me sorprendería ver niños que mueren como consecuencia de esto, como vimos durante los años de Trump”, manifestó Cohen. “El gobierno de Biden está abriendo fervorosamente estos centros de detención improvisados, muchos de los cuales no tienen experiencia en el manejo de menores”.
La mayoría tienen uno de sus padres u otro pariente adulto, o amigo de la familia, conocidos como patrocinadores, dispuestos a recibirlos. Pero primero permanecen bajo custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, para luego ser enviados a albergues del gobierno.
“Mantener menores durante días bajo custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza es tan inaceptable como hacer que pasen semanas en Sitios de Alojamiento de Emergencia que no tienen licencia”, afirmó el abogado del Centro Nacional para las Leyes Juveniles (National Center for Youth Law) Neha Desai. “Con cada día que pasa, se hace más imperioso que estos niños sean entregados a patrocinadores o transferidos a sitios con licencias”.
Las dependencias del gobierno que atienden a menores están saturados de trabajo.
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