Cuando las evaluaciones de inteligencia se convierten en parte del discurso político, como ocurrió tras las elecciones de 2016 y la posterior narrativa de la "colusión con Rusia", merecen un escrutinio riguroso
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pexels Una república de leyes, no de secretos: Los Fundadores no pretendían que nuestra República operara en secreto. Si bien cierta información debe permanecer clasificada para proteger la seguridad nacional, la legitimidad a largo plazo de las instituciones públicas depende de la capacidad de la ciudadanía para revisar, cuestionar y, cuando sea necesario, impugnar las acciones de sus líderes.
Cuando las evaluaciones de inteligencia se convierten en parte del discurso político, como ocurrió tras las elecciones de 2016 y la posterior narrativa de la "colusión con Rusia", merecen un escrutinio riguroso. Si dichas evaluaciones fueron justas, erróneas o politizadas es precisamente lo que un proceso de desclasificación legal permite al público evaluar por sí mismo. Publicaciones recientes, incluyendo la desclasificación de notas internas del FBI, memorandos de la comunidad de inteligencia e informes relacionados con el expediente Steele (Inspector General del Departamento de Justicia, 2019) y las solicitudes de la FISA, subrayan la importancia de la transparencia cuando las narrativas partidistas impulsan las investigaciones nacionales.
En virtud de la Orden Ejecutiva 13526 y el Título 50 del Código de los Estados Unidos, el Director de Inteligencia Nacional (DNI) tiene la autoridad para desclasificar información bajo condiciones específicas, siempre que se aborden adecuadamente las preocupaciones de seguridad nacional. Según se informa, los materiales publicados por la Oficina del DNI fueron sometidos a revisión y redacción interinstitucional, de conformidad con estos procedimientos. Al momento de redactar este documento, no hay evidencia de que estas acciones violaran la ley de clasificación ni comprometieran las operaciones en curso.
Desde una perspectiva constitucional, esto es una función de la supervisión legal y no un evento extraordinario. La comunidad de inteligencia no está exenta de escrutinio, y las agencias que operan en ella son responsables, en última instancia, ante los líderes civiles electos y, por extensión, ante el público al que sirven.
Uno de los principios fundamentales de la gobernanza democrática es que el público debe tener acceso a los hechos necesarios para tomar decisiones informadas. Esto incluye el derecho a revisar cómo las agencias del poder ejecutivo realizan investigaciones, gestionan las amenazas de interferencia extranjera y desarrollan evaluaciones que influyen en la estrategia nacional. Cuando surgen desacuerdos internos en la comunidad de inteligencia, especialmente en asuntos tan importantes como una elección presidencial, es apropiado examinar dichas diferencias, siempre que ello no exponga fuentes o métodos sensibles.
La desclasificación, en este sentido, no constituye una amenaza para el trabajo de inteligencia. Es un freno al posible abuso de poder. La transparencia, cuando se aplica legalmente, refuerza la credibilidad de las instituciones nacionales.
Gran parte de la controversia en torno a estas revelaciones no se debe al contenido de los documentos, sino a las reacciones generadas. Algunos funcionarios han calificado el acto de desclasificación en sí mismo como una maniobra política. Pero, en realidad, el mero hecho de hacer públicos estos documentos, cuando se hace a través de canales legales y seguros, refuerza el principio fundamental de que ninguna agencia gubernamental debe operar al margen de la rendición de cuentas.
La reciente desclasificación de inteligencia por parte de la Directora Gabbard (Directora de Inteligencia Nacional) relacionada con los orígenes y la conducción de la investigación sobre Rusia se realizó siguiendo los procedimientos adecuados. Estos registros, que arrojaron luz sobre la disidencia interna en torno al expediente Steele (Inspector General del Departamento de Justicia, 2019), el proceso de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) y la investigación Crossfire Hurricane del FBI, fueron revisados y censurados cuando fue necesario para proteger las fuentes y los métodos. Su divulgación no constituye una falta de conducta. Es la forma en que un proceso constitucional legítimo aborda las acusaciones de falta de conducta institucional, mediante mecanismos legales establecidos y revisión procesal.
La confianza pública en la inteligencia exige más que un consenso interno; requiere transparencia. Requiere rendición de cuentas pública. La desclasificación de documentos internos, especialmente aquellos que involucran hallazgos o evaluaciones controvertidos, es un mecanismo mediante el cual el público puede evaluar si la inteligencia fue politizada, tergiversada o presentada con precisión. Este proceso es saludable para una sociedad democrática y necesario para preservar la credibilidad de las instituciones federales.
El uso selectivo de la clasificación, en particular cuando se utiliza para suprimir el debate o aislar a altos funcionarios de las críticas, socava la confianza a largo plazo necesaria entre la comunidad de inteligencia y la ciudadanía. Cuando la transparencia se equilibra con la seguridad operativa, puede reafirmar la integridad institucional.
La inteligencia se ha instrumentalizado políticamente desde sus inicios. Desde los inicios de la Oficina de Servicios Estratégicos y las intervenciones de la CIA durante la Guerra Fría, pasando por programas de vigilancia interna como COINTELPRO, hasta las investigaciones de la Comisión Rockefeller y el Comité Church del Senado de Estados Unidos en 1975-76, la infraestructura de inteligencia ha sido utilizada de forma indebida con fines políticos. El informe final del Comité Church concluyó que, en muchos casos, las agencias de inteligencia no servían a la seguridad nacional, sino a los objetivos personales o políticos de los líderes ejecutivos. Estos abusos impulsaron la creación de un sistema de supervisión permanente en el Congreso, la Enmienda Hughes-Ryan y el establecimiento del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera.
Revelaciones más recientes, como el uso indebido de los procedimientos de la FISA en el caso Crossfire Hurricane, ilustran que persiste la vulnerabilidad al uso indebido político, especialmente cuando la inteligencia se protege de la rendición de cuentas pública. El secreto es necesario para proteger los intereses nacionales, pero en ausencia de transparencia legal, se convierte en una herramienta de control narrativo en lugar de una salvaguardia de la república.
El discurso público en torno a estas recientes revelaciones ha estado políticamente cargado. Esto es lamentable. La cuestión de si los funcionarios de inteligencia actuaron dentro de los límites legales y éticos adecuados no debe reducirse a la retórica de campaña ni a la acusación faccional. Se trata de cuestiones de conducta institucional y rendición de cuentas constitucional.
El pueblo estadounidense tiene derecho a examinar cómo funcionó su gobierno durante un período controvertido de la historia reciente. La desclasificación responsable, realizada bajo la debida autoridad legal y con las debidas garantías de seguridad nacional, permite dicho examen.
Esto no es un juicio partidista. Es un reconocimiento de que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para un gobierno representativo. El proceso de divulgación de registros históricos de inteligencia, cuando se realiza dentro del marco legal, puede mejorar la comprensión pública y fortalecer el Estado de derecho.
A pesar de, o incluso debido a, la conmoción política que rodea estas revelaciones, sigue siendo saludable para una república constitucional permitir el examen público de los registros gubernamentales, independientemente de sus implicaciones políticas. Los estadounidenses tienen el derecho y la expectativa de confiar en la integridad de sus instituciones. Cuando esa confianza se erosiona, gradualmente o por negligencia, amenaza los cimientos de la gobernanza democrática.
La publicación de materiales desclasificados relacionados con la investigación de Rusia, incluyendo el expediente Steele (Inspector General del Departamento de Justicia, 2019), las solicitudes de vigilancia de la FISA y la operación Crossfire Hurricane del FBI (Durham, 2023), ilustra los peligros de confiar en inteligencia politizada. Estas revelaciones siempre tendrán consecuencias políticas. Esto es inevitable en un sistema donde la rendición de cuentas se ejerce a través de la autoridad electa. Pero el hecho de que los registros de inteligencia puedan ser políticamente sensibles no justifica su ocultación indefinida. Bloquear dichos documentos solo sirve para socavar la supervisión legítima y reforzar la duda pública ante la falta de transparencia. La desclasificación responsable, realizada bajo la autoridad legítima y con las garantías adecuadas, no constituye una perturbación del gobierno. Es una reafirmación de que el público tiene derecho a examinar las acciones del gobierno y de que la legitimidad institucional depende de la confianza pública constante.
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Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).
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