MIAMI .– En la tercera semana del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el estamento judicial le ha llevado la contraria tres veces. El mandatario emitió un veto para prohibir la entrada a inmigrantes de 10 países de mayoría musulmana ingresar a Estados Unidos, pero los tribunales no creen que se deba impedir el ingreso a los ciudadanos y residentes.
“Vamos a hacer un nuevo escrutinio”, dijo el portavoz del mandatario, Sena Spicer. Pero estuvo equivocado. Dos jueves, uno en Nueva York y otro en Seattle, le llevaron la contraria y fallaron que la presidencia no tiene autoridad para impedir el regreso a Estados Unidos a sus ciudadanos o residentes, independientemente del lugar donde hayan nacido.
Este domingo, el aeropuerto de Miami era una excepción. Según dos fuentes, los agentes de inmigración tramitaron el ingreso de ciudadanos de esos dos países de mayoría musulmana con profesionalismo y bondad.
“No hemos recibido ninguna orden de prohibirles la entrada después de que la corte de Seattle lo autorizó. Lo vamos hacer todo simple, inspección más rigurosa pero nada más que eso”, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS uno de sus líderes sindicales.
La orden ejecutiva de Trump más que resolver un problema, creó una catarata de dolores de cabeza para los funcionarios de inmigración que ahora tienen que trabajar horas extraordinarias, después que los tribunales han suspendido todo.
El conflicto que se le ha creado en esta segunda semana al mandatario en la Casa Blanca ha sido el mayor que un presidente de Estados Unidos tuvo en un tiempo tan corto en el poder.
Tres tribunales le han dicho que ha violado la Constitución al impedir que ciudadanos y residentes perfectamente acreditados no pudieran ingresar a su país. Dos jueces le han dado la razón pero un tercero ha colocado todo en jaque al decidir que no hay ninguna razón para impedir el retorno, o viaje, de ciudadanos honorables.
“Para Trump no hay ciudadanos honorables que sean musulmanes. Él cree que todos nosotros somos terroristas, que no amamos nuestro país, pero él nunca ha tenido que abandonar el suyo y no entiende las razones por las que nosotros tuvimos para abandonar el nuestro”, dijo Alinda Suripi, el sábado por la noche a la cadena CNN, mientras marchaba en una manifestación en Seattle, en el estado de Washington.
El argumento básico de los abogados que defienden a los inmigrantes que estuvieron retenidos en la frontera, es que las leyes los protegieron para ingresar la primera vez y, a menos de que un juez los sanciones por un delito de mayor cuantía sus derechos siguen intactos. “Nadie, ni un presidente, puede decidir que un residente o un ciudadano de origen extranjero, puede o no ingresar al país. Eso es una potestad de los tribunales”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS un abogado de inmigración con oficina en Washington que prefiera mantener su identidad anónima porque esta semana tiene que presentar varios casos ante un tribunal de inmigración. “Esto te da una idea de cómo están las cosas”.
