Una turba enardecida linchó y prendió fuego a una mujer acusada del asesinato de una niña en Guatemala. Ocurrió hace unos pocos días, en el municipio de San Vicente Pacaya, unos 50 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, luego del hallazgo de la menor dentro de un pozo.
La mujer murió calcinada, según el Cuerpo de Bomberos. La niña de ocho años había desaparecido el jueves 5 de febrero y fue hallada cinco días después sin vida en el interior de un pozo. Hasta el momento las autoridades no han revelado una posible causa de este crimen y la sospecha de cometerlo habría sido la mujer calcinada, quien era su madrastra.
Esta forma de tomar la ley por las manos se ha vuelto común en Guatemala, ante la desconfianza ciudadana en la eficacia de las entidades de seguridad y justicia. En el diccionario de la Real Academia Española, linchar se define como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.
Según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en 2013 murieron 52 personas a manos de comunidades enardecidas, en contraste con 23 casos de este tipo reportados en 2012 por esa institución.
La cifra total es de 253 supuestos delincuentes que murieron linchados en Guatemala entre 2008 y 2014, de acuerdo con el organismo por derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Esta cifra se engorda con las 1.031 personas que en ese mismo periodo quedaron heridas por linchamiento.
¿Dónde está el Estado?
Hace más de tres meses, otra turba linchó a dos mujeres acusadas de extorsionar a comerciantes y transportistas en la aldea Patachaj, en el municipio de San Cristóbal, Totonicapán, a unos 300 kilómetros al oeste de la capital.
Las dos mujeres habían sido capturadas y entregadas a las autoridades indígenas, pero estas decidieron liberarlas y tras ello la turba reaccionó con indignación y violencia. Primero las golpearon y luego les rociaron combustible para incendiarlas. La Policía no pudo identificar a las fallecidas de inmediato.
De acuerdo con el GAM, el linchamiento ha sido una práctica constante en el país por la desesperación de la población ante la falta del accionar del Estado. La justicia por mano propia se ha perpetrado en los 22 departamentos que tiene Guatemala por la "debilidad de las instituciones" de atender las demandas de la ciudadanía, dijo el GAM.
Durante el Gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) se perpetraron 780 casos de linchamientos en los que murieron 151 personas y otras 629 quedaron heridas. En los tres años de la actual administración de Otto Pérez Molina se registran 504 casos, en los que fallecieron 102 supuestos delincuentes y 402 resultaron heridos.
Falta de confianza
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, reconoce en que las manifestaciones de violencia colectiva se dan como resultado de la falta de confianza de los guatemaltecos hacia las autoridades, sobre todo a la Policía y al sistema judicial, pero no justifica el linchamiento o vapuleo a una persona.
“Aunque el sistema de justicia no funcione, porque es lento o por cualquier otra razón, no se puede dar valor a que un grupo de pobladores hagan justicia por cuenta propia”, dijo.
La Comisión Nacional de Apoyo al Programa de Prevención de Linchamientos del Organismo Judicial tipifica tres formas de accionar de las turbas. Una es el conato, el acto en el cual una multitud retiene a una o varias personas señaladas de un delito y en forma voluntaria o por medio del diálogo son entregadas a las autoridades sin causarles ningún daño.
El segundo es el vapuleo, el cual se da una multitud retiene a uno o varios presuntos delincuentes, quienes son golpeados reiteradamente causándoles daños que podrían resultar en la muerte de las víctimas, la cual no se consuma debido a que son rescatadas o entregadas de manera voluntaria a las autoridades.
El tercero es el linchamiento, como se llama a la acción ejecutada por una multitud que golpea o agrede a una o varias personas y cuyo resultado es la muerte de la víctima, por presumir que cometió un delito. El hecho se ejecuta con total violencia y se caracteriza por la falta de un proceso legal.
Ojo por ojo
El auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Érick Villatoro, sostiene que algunos tratan de justificar los linchamientos como castigo comunitario, el tomar la ley por mano propia, pero en cambio cometen otros delitos.
“La población está cansada; sin embargo, de manera errónea se aplica este castigo a quienes se considera como actores de ilícitos”, dijo el auxiliara la prensa local.
El delegado de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Byron Herrera, lamenta la pérdida de espacios y esfuerzos con autoridades locales, a quienes se les ha llevado el mensaje contra el linchamiento.
“Cuando es por secuestro, asesinato, extorsión o incluso robo, ya no hay posibilidades de mediar porque [las turbas] bloquean carreteras y manifiestan que no quieren la presencia de instituciones de derechos humanos”, lamentó Herrera.
Atribuye este fenómeno en Guatemala a la descomposición social, dado que a la población le sale más barato y creen obtener justicia ágil con la práctica de linchamientos, pero en cambio se violenta el estado de Derecho.
Instó a familiares de un linchado a interponer denuncias ante las autoridades correspondientes, para que se hagan las investigaciones y se fortalezca la lucha contra la impunidad en este tipo de casos.
Las excusas
La Policía se excusa de la falta de recursos para movilizarse, el escaso número de efectivos, largas distancias y amenazas de agresión ciudadana a las patrullas como impedimento en la intervención de los casos de linchamientos.
El Grupo de Apoyo Mutuo ha hecho recomendaciones al Ministerio de Gobernación, para atender las demandas de la ciudadanía a través de la instalación de comisarías policiales cercanas a los departamentos que reportan mayor cantidad de casos.
El GAM considera que la organización comunitaria es importante y debe ser activa de parte de los vecinos; para procurar la prevención del delito, sin uso de armas de personas civiles.
