La expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, aseguró que son nulas de nulidad absoluta todas las decisiones que la recién instalada Asamblea Nacional por "la presencia espuria" de tres diputados impugnados.
Según una información aparecida en el diario venezolano El Universal, Morales señaló al presidente del organismo, diputado Henry Ramos Allup, como el presunto artífice de ese incumplimiento y aseguró que por ello puede ser detenido.
"(Las decisiones) tienen un elemento que las hace anulables que es la presencia espuria de unos miembros que no deberían estar ahí porque ya el Poder Judicial los sustrajo de la Asamblea cuando dijo: 'no se encarguen, no pueden ser juramentados en virtud de que debemos averiguar estas irregularidades que supuestamente ocurrieron en el proceso electoral'", afirmó la exmagistrada en una entrevista que le hicieran en el canal del Estado, Venezolana de Televisión.
Morales prosiguió calificando como "un Estado de rebeldía" la decisión de la mayoría opositora del Parlamento de juramentar a los tres legisladores opositores de Amazonas que fueron impugnados por el chavismo y advirtió que esto "tiene una sanción que puede llegar a ser corporal", luego de recordar el caso de los destituidos alcaldes de San Cristóbal (Táchira) y San Diego (Carabobo), Daniel Ceballos y Enzo Scarano, quienes fueron encarcelados en 2014 acusados de no cumplir una orden para levantar las barreras construidas durante las protestas que sacudieron al país.
¿Pero según ella quién es el culpable de ese desacato? "La responsabilidad la tiene en este caso la Presidencia de la AN, que es quien en este momento tiene en su cabeza la responsabilidad de los actos que se ejecuten en la AN", respondió la expresidenta del TSJ apuntando a Ramos Allup.
Sin embargo, el precedente de los alcaldes que menciona Morales no es equiparable, al menos a la luz del artículo 200 de la Constitución, el cual otorga a los diputados el privilegio del antejuicio de mérito, por lo tanto no podrían ser detenidos sin que el Ministerio Público solicitara al pleno del máximo juzgado permiso para procesarlo, pero aún cumpliendo esos pasos al fin se requeriría del visto bueno del Parlamento.
La única manera de detener a un parlamentario, sin cumplir ese procedimiento especial, es en caso de "delito flagrante".
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