CARACAS.- dpa
La funcionaria dijo que en el primer trimestre de de este año han perdido la vida 4.696 personas por homicidios en Venezuela
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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, admitió este martes las numerosas dificultades que ha tenido el Estado para reducir los elevados índices de homicidios debido a la corrupción de los cuerpos policiales y tenencia masiva de armas de fuego.
Durante una rueda de prensa, Ortega Díaz lamentó que a pesar de los numerosos programas gubernamentales y el esfuerzo de su despacho los índices de homicidios se mantengan altos.
"Se hace necesario aportar soluciones para el tema de la seguridad ciudadana. Vemos como el año pasado, por ejemplo, se produjo la muerte de más de 17.000 venezolanos por hechos violentos y en el primer trimestre de este año 2016, han perdido la vida 4.696, todos producto de la violencia, homicidios producto de la violencia", precisó durante la inauguración de la Dirección de Política Criminal del Ministerio Público.
Ortega Díaz señaló que parte del problema era "el gran número de armas de fuego en manos de los ciudadanos", tanto "de forma legal como de forma ilegal", pero admitió que buena parte del conflicto radica en el mal desempeño de los cuerpos de seguridad, lo cual ha ocasionado que "la gente pierda credibilidad" en las instituciones.
En ese sentido, reconoció que "hay un grave problema de corrupción en el país" que afecta a todas las instituciones del Estado, pero dijo que la Fiscalía estaba actuando para controlar este flagelo.
Solicitaron captura de exministro
Como parte de la lucha contra la corrupción, la fiscal informó que se había solicitado la captura del exministro de Alimentación Hebert García Plaza, quien recientemente apareció mencionado en los llamados "Papeles de Panamá".
"El 24 de abril fue solicitada la orden de captura del ex ministro Hebert García Plaza y aún no se ha pedido su extradición", detalló Ortega Díaz, quien además sostuvo que se libró una solicitud de alerta roja ante Interpol.
García Plaza, quien actualmente reside en Estados Unidos y colabora con las autoridades de ese país, fue salpicado por los "Papeles de Panamá" luego de que tres de sus familiares aparecieran con cuentas millonarias vinculadas a la importación de alimentos por parte del Estado mientras el funcionario era ministro.
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