La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó este martes que su despacho investiga los recientes atentados contra comisarías policiales en los que los perpetradores arrojaron granadas, así como la procedencia de esos artefactos explosivos.
"Se están investigando sucesos sobre los lanzamientos de granadas a los entes de seguridad del Estado. El Ministerio Público también quiere determinar cómo estos grupos delictivos han obtenido las granadas", dijo Ortega en su programa semanal de radio.
Uno de los ataques fue contra agentes de la policía del municipio metropolitano de Baruta y dejó ocho agentes y cuatro civiles heridos. El alcalde del área, Gerardo Blyde, dijo que podría tratarse de una acción de represalia de bandas criminales.
Los ataques ocurrieron entre el viernes y el domingo pasados, tres de ellos en la región de Miranda, en el centro-norte del país. El gobernador del estado y líder opositor, Henrique Capriles, dijo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, debería dar explicaciones sobre el tema, ya que la Fuerza Armada es la única autorizada para manipular ese tipo de armas.
LEA TAMBIÉN: Capriles pide investigar atentados con granadas que dejaron 12 heridos
"El Ministerio Público tiene un compromiso con el esclarecimiento de estos hechos, no solo con los lesionados, sino también de cómo estos particulares se han hecho con estos artefactos explosivos", señaló la fiscal.
A su vez, el defensor del Pueblo, Tarek Willian Saab, dijo que los atentados podrían ser una respuesta de bandas criminales a la actuación del Estado.
"Todos debemos apoyar las políticas dentro del marco de la ley y de los derechos humanos que el Estado esté realizando para neutralizar estas bandas", dijo a periodistas. "Yo sí creo que hay que ir a fondo al combate de la delincuencia común, ayudaría mucho a combatir la inseguridad", agregó.
Versiones de prensa dijeron que debido a los atentados se emitió una orden dentro de la policía judicial para que sus patrullas que estén en las calles salgan sin el logotipo de la institución, a fin de evitar nuevos ataques.
Para combatir las bandas delictivas, el Ministerio del Interior puso en práctica desde junio pasado los llamados Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), donde participan agentes de policía y cuerpos especializados de la Fuerza Armada.
LEA TAMBIÉN: Capriles afirma que oposición venezolana tiene todo para ganar las elecciones
Un balance oficial después de dos meses de funcionamiento estimó que las incursiones de las OLP dejaron más de 100 supuestos delincuentes muertos, la mayoría por resistencia al arresto.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron excesos policiales, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y arrestos sin el debido proceso durante esas operaciones.
