Un fallo que anula una prohibición de casi cuatro décadas enfrenta el derecho constitucional a la autodefensa con el temor a un aumento de la violencia en espacios públicos
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IA FREEPIK D. CASTROPÉMIAMI. – El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito declaró inconstitucional la prohibición de casi cuarenta años que impedía a los ciudadanos de Florida portar armas de fuego a la vista. La histórica decisión, emitida en el caso McDaniels vs. State, redefine los contornos de la Segunda Enmienda en el estado y podría alterar la vida cotidiana de los floridanos.
Con la rápida decisión del fiscal general de Florida, James Uthmeier, de no apelar, el fallo se convierte en ley efectiva, lo que abre la puerta a una nueva era donde la visión de una pistola en la cadera de un transeúnte podría volverse una estampa común en el Estado del Sol.
Sin embargo, la medida celebrada por defensores de la Segunda Enmienda como una reivindicación de un derecho fundamental genera al mismo tiempo una profunda ansiedad en amplios sectores de la sociedad.
La controversia pone de manifiesto la irreconciliable tensión entre la interpretación histórica de la Constitución y las preocupaciones modernas sobre la seguridad pública.
De tal manera, Florida se convierte en el epicentro de un debate nacional que obliga a sus residentes a responder una pregunta fundamental: ¿una comunidad visiblemente armada representa a una sociedad más segura o a una más peligrosa?
Para comprender la decisión del tribunal es necesario poner a un lado, al menos de momento, las discusiones sobre las tasas de criminalidad actuales. El fallo se fundamenta exclusivamente en el precedente que la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció en 2022 en el caso New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen.
Este caso, de amplia exposición mediática, obligó a los tribunales a juzgar las leyes de armas no por su impacto en la seguridad, sino por su consistencia con la "tradición histórica de la nación" amparada en la Segunda Enmienda.
El origen de este veredicto se remonta a un acto de desobediencia civil. El 4 de julio de 2022, Stanley Victor McDaniels se paró en una concurrida intersección de Pensacola con una pistola visible en su funda y una copia de la Constitución en la mano. Su arresto fue precisamente el catalizador que buscaba el hombre para forzar una confrontación legal.
Este acto de ‘teatro legal’ llevó el debate de las calles a los tribunales, y culminó en la decisión que hoy redefine los contornos del derecho a portar armas en Florida.
El abogado constitucionalista Ángel Leal no muestra sorpresa. "No es sorprendente para nada", afirmó en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, "porque esta decisión estatal es consistente con la decisión de la Corte Suprema de 2022 en el caso Bruen".
Leal explicó que la máxima instancia judicial del país ya había invalidado la exigencia de demostrar una "causa justificada" para portar un arma, lo que hacía insostenible una prohibición total como la de Florida.
La corte de apelaciones concluyó que, en el momento de la fundación de la nación, el porte abierto de armas era una práctica aceptada, mientras que el porte oculto era a menudo visto con sospecha.
El abogado Sabino Jauregui, también consultado por nuestro rotativo, subrayó la base de esta lógica al señalar que la Corte Suprema "ha determinado claramente que portar un arma es un derecho individual de cada ciudadano". Según Jauregui, el fallo de Florida representa "una expansión de esa interpretación".
La intervención del poder judicial resulta aún más significativa si se considera el prolongado estancamiento que este tema había tenido en el ámbito legislativo.
Durante años, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y diversos grupos pro-armas presionaron al Congreso estatal para que se aprobara una ley de porte abierto. Sin embargo, estos intentos chocaron repetidamente contra un muro de oposición, liderado notablemente por la Asociación de Sheriffs de Florida, que expresaba serias preocupaciones por la seguridad de sus oficiales y del público en general.
El poder judicial, armado con la jurisprudencia de Bruen, rompió esta barrera y, en un giro notable, la voluntad del Ejecutivo estatal, que no pudo imponerse a través de la vía legislativa, se vio materializada a través de la sentencia judicial de la corte de apelaciones.
Mientras los tribunales se sumergen en textos del siglo XIX, muchos floridanos viven con miedos del siglo XXI. La idea de encontrarse con armas de fuego en supermercados, parques o restaurantes provoca una reacción de rechazo en una parte significativa de la población.
El abogado constitucionalista Rafael Peñalver, otra de las voces indagadas por DLA, dio voz a esta alarma con una imagen contundente. Peñalver dijo temer que la decisión convierta a Florida en el "Oeste salvaje" y que se configure "un ambiente que promueva la violencia".
El letrado fue más allá y conectó la nueva norma con problemas sociales apremiantes. "Especialmente con la crisis de salud mental que tenemos", advirtió.
A lo que apuntó: "El darle las armas a la gente, multiplicar su número y exhibir el arma como primera medida de seguridad, no creo que eso contribuya en nada para el bien común".
Este sentimiento resuena con fuerza en vecindarios del sur de Florida. Isabella Rodríguez, una madre de dos hijos que reside en Kendall, aseguró sentir que la decisión sacrifica la tranquilidad de su familia.
"No me siento más segura, me siento aterrorizada", confesó. "Imagino una discusión de tráfico, un altercado por un puesto en un estacionamiento. Ahora, cualquier disputa puede terminar en una tragedia porque alguien lleva un arma a la vista. ¿Cómo le explico a mi hijo de ocho años que el señor en la fila del helado tiene una pistola y que eso es normal? No lo es. Esto no es libertad, es vivir con el miedo constante".
En la otra cara de la moneda se encuentran aquellos que ven el fallo no como una amenaza, sino como la restauración de una libertad esencial y una herramienta práctica de seguridad. Para ellos, el derecho a portar un arma visiblemente es la máxima expresión de la autodefensa y un elemento disuasivo contra la delincuencia.
Carlos González, empleado de una pequeña tienda en Allapattah, es uno de ellos. El negocio donde labora sufrió un intento de robo el año pasado, y la experiencia lo dejó con una sensación de vulnerabilidad.
"Un criminal busca un blanco fácil", argumentó Carlos mientras acomodaba mercancía en un estante. "Si un delincuente entra aquí y ve que yo estoy armado, lo va a pensar dos veces. El arma oculta me puede proteger, pero si es visible previene el ataque desde el principio. La gente que se opone no entiende lo que es sentirse indefenso".
A juicio de González, la decisión judicial es una cuestión de equidad. "Los malos ya tienen armas y no les importan las leyes. Esta prohibición solo desarmaba a los ciudadanos honestos y trabajadores. Ahora, todo queda nivelado. Yo no busco problemas, pero tengo el derecho, y ahora la capacidad, de proteger el negocio que me da para vivir".
Esta perspectiva se alinea con la visión del gobernador DeSantis, quien celebró la decisión como una victoria para los derechos constitucionales.
Con la orden ya en efecto, el debate se traslada a su implementación práctica. Aunque el nuevo derecho no es absoluto y se mantiene la prohibición en propiedades privadas y "lugares sensibles", la adaptación a esta nueva realidad visual y social será un proceso.
El letrado Jauregui, quien puso en contexto haber vivido la experiencia de ver el porte abierto por primera vez en el estado de Georgia, anticipó un periodo de ajuste. "Va a tomar un poco de tiempo para uno acostumbrarse", admitió.
Pero el fallo judicial no pone fin al debate, simplemente lo traslada a una nueva arena. El abogado Leal sugirió que el próximo paso debería venir de la Legislatura estatal, que podría iniciar un "proyecto de ley reconociendo la decisión" para codificarla formalmente en los estatutos de Florida.
Al legalizar el porte abierto de armas, Florida no solo reconfigura sus propias reglas sociales, sino que también ensancha el abismo cultural y legal que separa a Estados Unidos de otras naciones desarrolladas en materia de control de armas.
Países como Suiza, a menudo citados por su alta tasa de posesión de armas per cápita, operan bajo un paradigma cultural completamente diferente. Allí, la cultura de las armas está arraigada en la defensa nacional y el deber cívico, no en un concepto individualista de autodefensa.
El porte de armas en público es extremadamente raro y está estrictamente regulado en ese país. Naciones como Canadá siguen un modelo mucho más restrictivo.
Por lo tanto, el fallo de Florida se inserta en un clima cultural único: uno de profunda polarización y desconfianza en las instituciones, y convierte al estado en una especie de ‘laboratorio nacional’ o en un ‘caso de estudio’ sobre cómo una sociedad moderna puede asimilar la presencia visible y generalizada de armas de fuego.
De cualquier manera, la controversia está lejos de terminar y en las calles de Florida apenas comienza.
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