lunes 16  de  noviembre 2026
DINEROS FEDERALES

Certifican que condado Miami-Dade sí comparte información migratoria con los federales

Un díctamen legal de la oficina del abogado del Condado da más argumentos para sustentar que Miami-Dade no es una jurisdicción santuario.
Diario las Américas | SERGIO OTÁLORA
Por SERGIO OTÁLORA

MIAMI.-La abogada del Condado Miami-Dade, Abigail Price-Williams, certificó que la administración del alcalde Carlos Giménez sí cumple con la ley que obliga al gobierno condal a estar en comunicación permanente con las autoridades federales de inmigración.

Tal certificación fue realizada por pedido del despacho del alcalde Giménez porque es un requisito para poder obtener recursos de un programa federal llamado Byrne JAG, que tiene como objetivo la lucha contra el delito y le ofrece a las comunidades afectadas por esa situación la posibilidad de obtener esos dineros.

Los recursos a los que quiere acceder el Condado darían apoyo a programas desarrollados dentro del sistema de justicia criminal, como la lucha contra las pandillas, el tráfico de drogas, la prevención de la violencia doméstica y la modernización del sistema carcelario, entre otros proyectos.

También busca conseguir recursos para temas de policía, como inteligencia, cámaras de vigilancia, sistemas de hardware y software para mejorar la eficiencia de la policía del Condado Miami-Dade en su centro de información, lectores de chapas o placas, armamento táctico y uniformes.

En su certificación – que permitiría al condado postularse para tener esos recursos federales- Price-Williams indicó que las “normas prohíben a las entidades estatales y locales, funcionarios, personas y agencias restringir el continuo flujo de información sobre inmigración con las entidades gubernamentales y sus funcionarios”.

Después de analizar información del Departamento de Policía y de las autoridades de prisiones del Condado, Price-Williams concluyó que las administración de Miami-Dade cumple con las normas que obligan a las autoridades locales cooperar con las federales.

Esto tiene que ver, también, con el pedido de las autoridades federales de inmigración de que el condado retenga a aquellos indocumentados solicitados por inmigración.

El dictamen legal de la abogada del Condado sería otro argumento para sustentar que Miami-Dade no es una jurisdicción santuario y, por lo tanto, no tendría problema con el acceso a dineros federales.

La orden ejecutiva del presidente Trump sobre las ciudades santuario y el posible castigo a municipios, condados o estados que no cumplan con la cooperación con las autoridades federales, tenía que ver con la suspensión de recursos del gobierno central a esas entidades territoriales que no compartan información o no hagan cumplir leyes migratorias.

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