Estudiantes en una escuela pública de Miami-Dade.
GISELLE SANTALUCCI MIAMI.-Los demócratas y los sindicatos de maestros del Estado del Sol ven como última posibilidad de frenar las becas escolares (vocuhers)lo que pueda determinar la Corte Suprema de Florida, la misma que hace 20 años falló en contra de que dineros otorgados a la educación pública se destinen, en forma de becas, a financiar la posibilidad de que los padres de familia de bajos recursos puedan pagar la inscripción de sus hijos en una escuela privada.
En el primer año la llamada “beca escolar de empoderamiento de las familias” se destinará a 18.000 familias, pero esa cifra puede crecer año tras año. De manera inicial, esta beca tiene un fondo de 130 millones de dólares.
El objetivo de este programa es, como reza el proyecto de ley aprobado, “proveer a los niños de familias de este estado, con recursos financieros limitados, con opciones educativas en las que se puedan inscribir y tener éxito en su educación”.
En 2006 un programa parecido al aprobado en la sesión legislativa de 2019 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Florida. En el fallo de entonces el alto tribunal indicó que la Constitución le prohíbe al estado usar dineros de los contribuyentes con el propósito de financiar alternativas educativas privadas, al margen del sistema de escuelas públicas.
De acuerdo con lo decidido por la Corte en 2006, el programa de becas escolares “desvía dineros públicos a un sistema privado paralelo y en competencia con el sistema público gratuito, que es el único medio establecido en la Constitución para que el estado ofrezca educación a los niños floridanos”.
Las becas escolares serán utilizadas no sólo para estudiantes de bajos ingresos –quienes tendrán la prioridad- sino también para aquellos de familias de clase media, es decir, con ingresos de 77.250 dólares o por debajo de esa cifra, para una familia de cuatro miembros.
Si hay una nueva demanda contra esas becas escolares, parecida a la de 2006, encontrará un ambiente muy distinto en la Corte. Tres de sus magistrados, nombrados hace pocas semanas por el gobernador DeSantis, tienen una ideología conservadora.
La presidenta del sindicato de maestros de Miami-Dade, Karla Hernández Mats, espera que los jueces “no vayan a defraudar al pueblo. Hay una separación entre iglesia y estado, estos dineros públicos no debieran ir a empresas privadas o a instituciones religiosas”.
Habría una alta probabilidad de que esta nueva ley de bonos escolares se mantenga en pie. Pero hay quienes argumentan que la Corte no necesariamente podría echar para atrás lo que ya decidió en 2006.
Desde esa perspectiva, esa sería la última carta que le queda a quienes se oponen a los llamados vouchers.
El gobernador Ron DeSantis propuso, dentro de un presupuesto aprobado de 91.100 millones de dólares, un amento sustancia para el medio ambiente y la educación.
En este último hubo un aumento del tres por ciento en lo que el estado invierte por estudiante. Ahora por cada alumno la Florida gasta $242 dólares, en una población de 2.8 millones de estudiantes.
Sin embargo, para la presidente del sindicato de maestros de Miami-Dade “Florida ocupa el lugar 46 en inversión en educación pública. Hay más recursos que antes, pero al final parte de ese dinero va a los bonos escolares y a los colegios chárter, porque ellos [los republicanos están ampliando la educación privada”.
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