MIAMI.– El gobernador Ron DeSantis anunció que Florida se consolida como el estado líder en la lucha contra la inmigración ilegal, al convertir a más de 1,800 agentes de la Patrulla de Carreteras en alguaciles federales con autoridad plena para ejecutar órdenes de detención y deportación. La iniciativa busca replicarse a nivel nacional bajo el nuevo mandato presidencial, y convierte al cuerpo estatal en el primero del país con capacidades independientes para aplicar leyes migratorias federales.
Patrullas de carreteras
Durante la rueda de prensa, de este lunes 12 de mayo en Tampa, DeSantis informó que más de 100 agentes de la Patrulla de Carreteras fueron juramentados recientemente como alguaciles adjuntos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, una designación que les otorga amplias facultades para ejecutar órdenes de deportación y procesar inmigrantes sin requerir la intervención directa de ICE.
“Esto les permite realizar operaciones completamente independientes, algo que no ocurre en ningún otro estado del país”, señaló DeSantis, quien también presentó un plan para crear centros de detención estatales, tribunales migratorios temporales y programas de repatriación directa a países de origen.
El anuncio se produce días después de que el presidente Donald J. Trump firmara una proclama ejecutiva que ordena al Departamento de Seguridad Nacional la juramentación de al menos 20.000 oficiales estatales y locales para participar en operativos de detención y remoción. Florida ya representa cerca del 10% de esa meta nacional, según las autoridades.
El gobernador también subrayó que, desde su llegada al poder en 2019, impulsó una política migratoria estricta, eliminando las “ciudades santuario”, endureciendo requisitos para empleadores mediante el sistema E-Verify, y liderando operativos como “Tidal Wave”, que recientemente logró la detención de más de 1,100 inmigrantes ilegales, muchos con vínculos a organizaciones criminales como MS-13 y el Tren de Aragua.
Critica a los republicanos
Además, se refirió a la sesión especial que convocó en enero para aprobar un paquete de reformas que obliga a todos los organismos policiales del estado a colaborar activamente con la autoridad migratoria federal.
Criticó abiertamente a sectores de la Cámara de Representantes de Florida, incluidos legisladores de su propio partido, por haber intentado frenar las iniciativas de control migratorio calificándolas “prematuras”.
Uno de los elementos centrales de esa legislación, según dijo, fue institucionalizar los acuerdos 287(g), que permiten a las agencias estatales actuar como extensiones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según DeSantis, hoy más de la mitad de las agencias que tienen acuerdos 287(g) en todo el país están en Florida, incluyendo a todos los 67 alguaciles del estado.
Detener, investigar, arrestar y expulsar
Por su parte, Dave Kerner, director ejecutivo del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, subrayó el papel clave de los patrulleros estatales: “Los hombres y mujeres de la FHP ahora tienen autoridad federal para detener, investigar, aprehender y deportar inmigrantes ilegales. Y gracias al liderazgo del gobernador, Florida se ha convertido en el modelo que puede replicarse en los otros 49 estados”.
Kerner también reveló que el estado logró la exención de tarifas federales en el uso del sistema SAFE (Systematic Alien Verification for Entitlements), lo que permitirá a los agentes verificar el estatus migratorio de forma gratuita y en tiempo real desde la carretera, un ahorro estimado de 30 millones de dólares solo en Florida.
DeSantis enfatizó que estos esfuerzos son posibles gracias a una estructura estatal sólida y al respaldo de un liderazgo "comprometido con el cumplimiento de la ley" y lanzó un mensaje político claro: el estado no tolerará violaciones migratorias.
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