Dale Britt Bendler se declaró culpable de actuar como agente extranjero no registrado; un exoficial de inteligencia naval analiza los pormenores del episodio
Dale Britt Bendler.
LinkedInMIAMI. - El reciente acuerdo de culpabilidad del exagente de la CIA Dale Britt Bendler, residente en Miami, por actuar como agente extranjero no registrado y retener información clasificada, destapó una de las brechas de seguridad nacional más serias de los últimos años en Estados Unidos.
La confesión de este veterano con 37 años de servicio, que alcanzó el rango ejecutivo más alto en la agencia, no solo confirmó la filtración de material sensible hacia potencias extranjeras, sino que también expuso fallos críticos en los controles internos de la CIA, al tiempo que reveló cómo operaba bajo una fachada empresarial en el corazón de la diáspora cubanoamericana.
Para Jesús Romero, exoficial de Inteligencia de la Marina de Estados Unidos, el caso provocó una profunda "consternación" entre quienes han trabajado en la seguridad nacional.
"Nosotros tenemos una responsabilidad para el resto de nuestras vidas luego de que el Gobierno tuvo la confianza de dejarnos trabajar entre los secretos más grandes que pueda tener esta gran nación", explicó Romero, quien resaltó el peso de la confianza traicionada por Bendler.
La trayectoria de Dale Britt Bendler, de 68 años, lo situó en una posición privilegiada. Tras su retiro formal en 2014, fue recontratado como consultor a tiempo completo, lo que le permitía mantener su autorización de seguridad TS/SCI y el acceso a información clasificada hasta el nivel SECRET//NOFORN, que prohíbe estrictamente su difusión a entidades extranjeras.
Esta información incluía datos sobre operaciones encubiertas, fuentes humanas, capacidades militares de otras naciones y evaluaciones geopolíticas estratégicas.
Las primeras alarmas sobre Bendler sonaron en 2016, cuando la CIA detectó conductas inconsistentes y suspendió temporalmente su acceso durante una misión en Europa.
Fuentes internas ya expresaban preocupación por su integridad. El detonante definitivo parece haber sido la aparición de material clasificado, al que Bendler tenía acceso, en manos de un gobierno extranjero monitoreado por la agencia. Esto motivó la intervención del FBI, aunque inicialmente no se presentaron cargos de espionaje por falta de pruebas concluyentes.
Entre julio de 2017 y julio de 2020, Bendler habría ejecutado su plan más audaz. Mientras trabajaba como contratista para la CIA, simultáneamente desarrolló actividades de cabildeo y relaciones públicas encubiertas para clientes extranjeros a través de una firma estadounidense no identificada.
Entre los señalamientos, se dice que el exagente violó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) al no notificar estas actividades, usó su acceso privilegiado para interferir en investigaciones de malversación de fondos en el extranjero y manipuló procesos de visado para un cliente vinculado a redes de financiamiento terrorista.
Por estos servicios ilícitos, recibió "cientos de miles de dólares", enseñan los registros oficiales.
El 23 de abril, Bendler se declaró culpable. Así evitó cargos más graves de espionaje a cambio de cooperar plenamente y presentar declaraciones completas. Su sentencia, programada para el 16 de julio, podría alcanzar los siete años de prisión, además de la confiscación inicial de 85.000 dólares como fruto de su trabajo de filtración.
El exoficial Jesús Romero aseveró que el daño causado por Bendler a la seguridad nacional es "significativo".
Aunque los documentos judiciales no detallan toda la información filtrada ni identifican públicamente a los gobiernos receptores (presumiblemente estados del Golfo Pérsico y potencias asiáticas), Romero explicó la lógica detrás de esta aparente opacidad.
Romero comparó el caso Bendler con el del exembajador Víctor Manuel Rocha, también declarado culpable recientemente. En ambos casos, el acuerdo de culpabilidad es una estrategia para proteger información aún más sensible.
"La parte donde él acepta culpabilidad, donde él acepta responsabilidad, es para no llevar este caso a exposición en la fiscalía donde esta información se pudiese filtrar al público", detalló Romero.
"Cuando esto sucede, es porque hay información muy delicada dentro de estos casos, y el gobierno se quiere proteger para que esta información no siga siendo puesta a la luz pública y para la protección de fuentes y métodos", acotó.
Romero remarcó que la información filtrada por Bendler, aunque ahora en manos ajenas, sigue siendo clasificada para el Gobierno estadounidense.
A su juicio, mientras que en el caso Rocha existía un componente ideológico y de animadversión hacia Estados Unidos, Bendler pareciera haber estado impulsado principalmente por el lucro.
"A mí me parece aterrorizante, una aberración, que una persona que goce del nivel de acceso y el nivel de ‘seniority’ (antigüedad, veteranía) adentro del gobierno, que esta persona haya tomado estos secretos tan íntimos para venderlos al mejor postor", aseveró Romero.
La investigación que culminó en la detención de Bendler duró siete años. Romero no interpreta esto necesariamente como una demora, sino como un reflejo de la complejidad inherente a estos casos.
"Creo que ellos [investigadores del Gobierno] estaban tratando de seguir la línea de quién aparentemente pudiese estar atrás de la recepción de estos documentos", sugirió.
Este tiempo permitiría a las agencias realizar labores de contrainteligencia, identificar a todos los implicados y evaluar el alcance completo del daño antes de proceder con el arresto, según dilucidó.
En Miami, Bendler operaba a través de la empresa ONE.61 LLC, registrada como una firma de consultoría y seguridad. Sin embargo, las autoridades federales determinaron que era una “fachada” para sus actividades de cabildeo no declarado, captación de fondos y transferencia de información.
En sus declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, Romero resaltó cómo Bendler se infiltró en el tejido social y político local.
"A mí me trae mucha preocupación la manera en que este señor hizo su asociación con personalidades de la diáspora cubana", comentó Romero.
Bendler organizó eventos como una conferencia programada para este mes de mayo en un lugar emblemático del exilio cubano, con el copatrocinio de una universidad y la participación prevista de figuras de alto perfil. El evento se canceló abruptamente tras la declaración de culpabilidad de Bendler.
Romero puso énfasis sobre la táctica: "Él simplemente se codeó o los usó como fachada para todo lo que estaba haciendo".
Desde su óptica, Bendler explotó las preocupaciones legítimas de la comunidad sobre el comunismo y la influencia china en Latinoamérica para ganar legitimidad y encubrir sus verdaderas intenciones.
"Nosotros siempre tenemos que estar en la vanguardia, con los ojos de halcón, y viendo qué personajes de estos están tratando de codearse con uno para ellos hacerse ver bien dentro del entorno que están tratando de vender", añadió Romero, refiriéndose a la constante necesidad de vigilancia ante posibles infiltraciones.
El caso Bendler sacudió a la CIA y forzó una revisión de sus protocolos, especialmente en lo referente a la supervisión de exagentes recontratados como contratistas.
La agencia está implementando auditorías bimestrales sobre actividades secundarias, software de monitoreo en tiempo real para acceso a documentos clasificados y revisiones financieras obligatorias para personal con altas autorizaciones de seguridad.
En el Congreso, el escándalo impulsó propuestas legislativas, como la del senador Adam Schiff, que busca exigir evaluaciones psiquiátricas anuales, limitar la validez de las autorizaciones de seguridad y establecer sanciones para firmas de cabildeo que contraten exagentes sin la debida aprobación.
La filtración admitida por Bendler representa una traición grave a la confianza depositada en él y un daño considerable a la seguridad nacional, comprometiendo potencialmente fuentes, métodos y operaciones, de acuerdo con Romero.
El caso subraya la vulnerabilidad persistente ante amenazas internas motivadas por el lucro y la sofisticación con la que estos actores pueden operar, incluso explotando entornos comunitarios específicos como el de Miami.
Como concluye Romero, la contrainteligencia nunca descansa, y exoficiales de inteligencia, por el conocimiento que poseen, siempre serán objetivos.
"Siempre están buscando el eslabón más débil", afirmó, una advertencia sombría sobre la necesidad de vigilancia constante para proteger los secretos de la nación. El caso Bendler es un doloroso recordatorio de esa realidad.
El caso del exagente de la CIA Dale Britt Bendler trae a la memoria otro escándalo de alto impacto en la seguridad nacional estadounidense: el del exembajador Víctor Manuel Rocha.
Ambos episodios prendieron las alarmas de la comunidad de Inteligencia y de la diplomacia de Estados Unidos por la magnitud de la traición y el daño causado a los intereses del país, aunque el caso de Rocha destaca por la duración y profundidad de su infiltración al servicio de un gobierno hostil.
Rocha, de 73 años y también residente en Miami, como Bendler, fue un diplomático de carrera que ocupó posiciones clave en el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional entre 1981 y 2002. También sirvió como embajador de Estados Unidos en Bolivia de 2000 a 2002.
Sin embargo, durante más de cuatro décadas, Rocha actuó en secreto como agente de la Inteligencia cubana, infiltrándose en los más altos niveles del gobierno estadounidense y accediendo a información clasificada y extremadamente sensible sobre la política exterior y la seguridad nacional.
La investigación federal reveló que Rocha comenzó a colaborar con la Dirección General de Inteligencia de Cuba alrededor de 1981, poco después de naturalizarse ciudadano estadounidense. Desde entonces, buscó y obtuvo puestos estratégicos que le permitieron acceder a datos confidenciales y, potencialmente, influir en decisiones clave de la política exterior de Estados Unidos.
Tras dejar el Departamento de Estado, continuó apoyando a los servicios de Inteligencia cubanos, incluso como asesor del Comando Sur de Estados Unidos, organismo militar responsable de América Latina y el Caribe.
La detención de Rocha se produjo en diciembre de 2023, tras una operación encubierta del FBI en la que un agente se hizo pasar por representante de la Inteligencia cubana.
Durante varias reuniones grabadas, Rocha no solo confesó su labor como espía, sino que expresó abiertamente su lealtad al régimen de La Habana, refiriéndose a Estados Unidos como “el enemigo” y celebrando su trabajo clandestino como un “grand slam” para la Inteligencia cubana.
La contundencia de sus declaraciones y la evidencia reunida llevaron a que Rocha se declarara culpable de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y de defraudar a Estados Unidos.
Además, su nombre ha sido vinculado a episodios oscuros como el derribo de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996 y la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá, aunque no se ha demostrado una participación directa en estos hechos.
El caso fue calificado por el Departamento de Justicia como una de las infiltraciones de mayor nivel y duración en la historia del gobierno estadounidense por parte de un agente extranjero.
La jueza federal Beth Bloom condenó a Rocha a la pena máxima legal de 15 años de prisión, una multa de 500.000 dólares y tres años de libertad supervisada, además de imponerle restricciones adicionales para evitar cualquier contacto con agentes extranjeros.
El caso Rocha, junto al de Bendler, pone en contexto la importancia de reforzar los controles internos y la supervisión sobre quienes acceden a información estratégica, así como la vigilancia constante ante posibles infiltraciones extranjeras en el aparato estatal estadounidense.
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