MIAMI.- El gobernador de la Florida, Rick Scott, aseguró que “estudia” la orden judicial emitida por un magistrado federal, que le ordena concebir una nueva forma de restituir a expresos sus derechos a votar.
Entretanto, el gobernador dio a entender que “estudiar” la orden judicial no significa que la acatará, ni que la podría apelar, aunque la palabra final la tendrá el electorado en noviembre, cuando decida en un referendo si restituye o no el derecho a votar a quienes hayan cumplido sus penas carcelarias.
“Hablamos de gente que ha cometido asesinatos, violaciones, que han cometido delitos contra menores”, argumentó Scott.
Luego añadió “cuando revisamos cada caso, analizamos el tipo de violencia cometido porque siempre voy a ponerme al lado de las víctimas”.
Asimismo, el gobernador subrayó: “Cada crimen tiene una víctima y siempre voy a estar al lado de la víctima”.
De hecho, el plebiscito que tendrá lugar el 6 de noviembre expone que “reintegraría el derecho al voto automáticamente, luego de cumplir la sentencia y el periodo de prueba, con la excepción de quienes hayan sido convictos por asesinato o delito de asalto sexual”.
La Florida es uno de los pocos estados de la Unión Americana, junto a Iowa, Kentucky, Alabama, Delaware, Mississippi, Nevada, Tennessee y Wyoming, que limitan los derechos de exconvictos a votar.
En el caso de la Florida, el restablecimiento del derecho a votar depende oficialmente del tipo de delito por el que el individuo fue convicto, pero en la realidad, según aseguran grupos comunitarios, depende de un riguroso proceso de perdón que debe otorgar el Estado y que rara vez funciona.
El juez federal Mark Walker, del distrito norte de la Florida, aseguró que el sistema del estado es “arbitrario y excesivamente lento”.
“Los oficiales electos según el partido tienen la extraordinaria autoridad de conceder o retener el derecho al voto de miles de personas sin pautas o estándares”, señaló el juez federal.
“Una persona condenada por un delito puede haber salido de la prisión y cumplido el período de prueba, pero, sim embargo, su derecho al voto permanece bajo llave en una caja de seguridad escondida en una oscura cripta. Sólo el Estado tiene la llave y se la ha tragado”, ilustró el juez.
Referendo, 6 de noviembre
Acorde a los datos suministrados por el grupo Floridians for a Fair Democracy, que organizó la campaña Florida Second Chances y logró recoger las he 766.200 firmas necesarias para establecer el referendo en noviembre, más de 20.000 exconvictos aguardan por una respuesta.
“Durante los casi ocho años de gobierno de Rick Scott, apenas unas 2.000 personas han recuperado el derecho al voto”, añadió el informe.
Al final, grupos comunitarios aseguran que las razones para invalidar u otorgar el derecho al voto de los exconvictos son políticas. De hecho, algo más del 60% de los casi 1,5 millones de exconvictos que viven en la Florida son afroamericanos.
“Los republicanos quieren restringir ese tipo de voto porque creen que podría hacerles daños, mientras los demócratas quieren reinstaurarles del derecho a votar porque piensan que podrían ser beneficiados”, señaló James Williams, profesor de ciencias políticas de University of Florida.
