La iniciativa promete alivio para propietarios desesperados, pero genera preocupación por las finanzas locales
Capitolio estatal de Florida.
CÉSAR MENÉNDEZ/DLA MIAMI. - La Legislatura de Florida aprobó este martes, en sesión especial convocada por el gobernador Ron DeSantis, una de las reformas tributarias más ambiciosas de las últimas décadas. Un plan para reducir significativamente los impuestos a la propiedad de las viviendas principales, limitar futuros aumentos en propiedades comerciales y segundas residencias, y establecer nuevas restricciones al gasto de los gobiernos locales.
La iniciativa, considerada por DeSantis como una de las reformas más importantes de su gestión, ahora pasará a manos de los votantes. Para entrar en vigor deberá ser ratificada por al menos el 60% del electorado durante las elecciones generales de noviembre. Si recibe el respaldo popular, comenzará a implementarse gradualmente a partir del 1 de enero de 2027.
La propuesta legislativa está integrada por la resolución constitucional HJR 1-F y la ley de implementación SB 4-F, aprobadas tras intensas negociaciones entre la Cámara de Representantes, el Senado y la oficina del gobernador.
El proyecto recibió el visto bueno del Senado por 30 votos a favor y nueve en contra, mientras que en la Cámara de Representantes obtuvo 75 votos favorables y 26 negativos, superando ampliamente el umbral requerido para colocar una enmienda constitucional en la boleta electoral.
Aunque la propuesta fue impulsada por la mayoría republicana, también recibió respaldo de varios legisladores demócratas y del senador independiente Jason Pizzo.
Entre quienes apoyaron la medida en el Senado estuvieron los demócratas Rosalind Osgood y Shevrin Jones, mientras que otros miembros del partido expresaron fuertes reservas sobre sus posibles consecuencias para las finanzas municipales.
La discusión se produjo en una sesión especial acelerada, convocada específicamente para abordar la reducción de impuestos a la propiedad, una prioridad política del gobernador DeSantis desde comienzos de año.
El elemento más visible de la reforma es el aumento de la exención tributaria para viviendas principales.
Actualmente, los propietarios con exención Homestead pueden descontar hasta 50.000 dólares del valor imponible de su vivienda. Bajo la nueva propuesta, la exención aumentaría a 150.000 dólares a partir del 1 de enero de 2027 y serían descontados del valor imponible de una vivienda los primeros 250.000 dólares a partir del 1 de enero de 2028.
La medida beneficiaría exclusivamente a las residencias principales y no aplicaría a impuestos escolares.
Los promotores de la iniciativa sostienen que el aumento de los valores inmobiliarios en Florida provocó que miles de propietarios enfrenten facturas tributarias cada vez más elevadas, incluso cuando sus ingresos no han aumentado al mismo ritmo.
DeSantis argumentó que la recaudación por impuestos a la propiedad de los gobiernos locales prácticamente se ha duplicado durante los últimos siete años, pasando de 32.000 millones de dólares a cerca de 60.000 millones, y podría alcanzar los 83.000 millones para 2032.
“Los propietarios de Florida necesitan alivio. Ahora es el momento de defender a los contribuyentes y aprobar una reforma histórica”, afirmó el gobernador al impulsar la iniciativa.
Uno de los puntos más controvertidos del debate fue el impacto que una reducción tan significativa podría tener sobre la educación pública.
Inicialmente la propuesta era más agresiva ya que incluía en la exención sugerida el tributo a las escuelas. Pero finalmente los legisladores acordaron excluir del beneficio los impuestos destinados a los distritos escolares.
El presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, defendió esa decisión tras la votación.
Según explicó en improvisada rueda de prensa, la eliminación de ingresos destinados a las escuelas habría generado déficits multimillonarios para el sistema educativo y obligado a futuras legislaturas a buscar nuevas fuentes de financiamiento.
“La respuesta debe ser no”, dijo Pérez al referirse a la posibilidad de aumentar otros impuestos para compensar la pérdida de recursos educativos.
La enmienda establece expresamente que las exenciones no se aplicarán a los impuestos ad valorem recaudados por las juntas escolares.
La reforma no se limita a las viviendas principales. Actualmente las propiedades comerciales, apartamentos de inversión, segundas residencias y otras propiedades no acogidas a Homestead pueden experimentar aumentos anuales de hasta 10% en su valor imponible. La nueva propuesta reduce ese límite al 5% anual a partir de 2027.
Los defensores sostienen que la medida ayudará a contener el incremento de los costos operativos de empresas y propietarios de inmuebles de alquiler, evitando que los gobiernos locales compensen la reducción de ingresos trasladando mayores cargas tributarias al sector privado.
La senadora republicana Ileana García, una de las principales defensoras del proyecto, aseguró que la medida responde a la creciente presión económica sobre las familias floridanas.
“Queremos que las personas puedan permanecer en sus hogares. Queremos que los adultos mayores envejezcan con tranquilidad. Queremos que las familias trabajadoras tengan facturas predecibles y manejables”, afirmó.
Uno de los aspectos menos conocidos de la propuesta es el tratamiento para los nuevos residentes.
Las personas que establezcan residencia permanente en Florida después del 1 de enero de 2027 recibirían inicialmente la exención estándar de 50.000 dólares.
Posteriormente podrían acceder de forma gradual al beneficio ampliado hasta alcanzar la exención completa de 250.000 dólares en su quinto año como residentes permanentes del estado.
Además, la exención Homestead sería transferible, permitiendo a los propietarios mudarse de una vivienda principal a otra sin perder el beneficio acumulado.
La propuesta también incorpora limitaciones importantes sobre el uso de los ingresos provenientes de impuestos a la propiedad.
Los gobiernos locales deberán priorizar esos recursos para funciones consideradas esenciales, entre ellas seguridad pública, bomberos y servicios médicos de emergencia, construcción y mantenimiento de carreteras y puentes, control de inundaciones, infraestructura, pago de deuda pública, pensiones de empleados gubernamentales, operación de funcionarios constitucionales y gobiernos municipales.
Los defensores sostienen que estas restricciones buscan obligar a Ciudades y Condados a controlar el crecimiento del gasto.
El senador republicano Bryan Ávila, patrocinador de la medida en el Senado, argumentó que los gobiernos locales enfrentan los mismos desafíos inflacionarios que los ciudadanos.
“Hemos trabajado para controlar el gasto, reducir la deuda y ahorrar para el futuro. Los gobiernos locales deben hacer lo mismo”, afirmó.
El posible efecto financiero sobre los gobiernos locales es uno de los temas que más preocupa a los críticos.
En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, el tasador de propiedades de Miami-Dade, Tomás Regalado, explicó que, si la enmienda es aprobada por los votantes, el condado, cuyo presupuesto anual es de 13 mil millones de dólares, podría dejar de recaudar aproximadamente 303 millones de dólares en 2027 y alrededor de 516 millones en 2028. También dejaría de ingresar otros 50 millones en concepto de segundas viviendas y propiedades de inversión.
Regalado aclaró que los cálculos fueron realizados utilizando el amillaramiento correspondiente al año fiscal 2025-2026 y podrían variar conforme evolucionen los valores inmobiliarios.
A efectos prácticos, una propiedad en Miami-Dade, con Homestead Exemption, cuyo valor sea 400.000 dólares, en 2027 pagaría unos 1.686 dólares anuales menos de impuesto a la propiedad y en 2028 pagaría 2.880 dólares menos.
El presidente del Senado, Ben Albritton, celebró la medida como una forma de conmemorar el próximo 250 aniversario de Estados Unidos.
“¿Qué mejor manera de celebrar el 250 aniversario de EEUU que con una importante reducción del impuesto a la propiedad mediante una exención de 250.000 dólares para los residentes de Florida?”, declaró.
El representante estatal Alex Rizo sostuvo que la iniciativa responde al llamado de los votantes que buscan preservar la posibilidad de ser propietarios de una vivienda.
“Hoy el paso de la propuesta del gobernador ofrece soluciones significativas para las familias y los jóvenes floridanos, dejando la decisión final en manos de los votantes”, señaló.
Sin embargo, la oposición demócrata fue contundente.
La líder demócrata del Senado, Lori Berman, calificó la propuesta como “una maniobra política que amenaza con llevar a la bancarrota a nuestras comunidades locales”.
Otros críticos advirtieron que la reducción de ingresos podría traducirse en recortes de servicios públicos, aumentos de tarifas municipales o mayores cargas sobre empresas e inquilinos.
Uno de los argumentos utilizados por los críticos de la medida se centró en el impacto que podría tener sobre las pequeñas ciudades con una base tributaria limitada.
Durante el debate legislativo se citó el caso singular de Eatonville, considerada la ciudad fundada por afroamericanos más antigua de EEUU y ubicada al norte de Orlando. Con un presupuesto anual de apenas 7 millones de dólares y una gran parte de sus viviendas valoradas por debajo de los 250.000 dólares, algunos legisladores advirtieron que la ampliación de la exención podría reducir significativamente sus ingresos. Ante esas preocupaciones, los defensores de la iniciativa respondieron que los gobiernos locales deberán reevaluar sus prioridades presupuestarias. “La ciudad a la que se refiere tendrá que tomar algunas decisiones sobre cómo gastar los fondos que aún están llegando, ya sea a través de fuentes distintas a la vivienda principal o de otros recursos”, señalaron durante la discusión.
La senadora demócrata Geraldine Thompson Bracy Davis fue aún más directa.
“Esta propuesta no es una reforma. Este proyecto de ley es una apuesta”, afirmó durante el debate.
También hubo críticas a la eliminación de un fondo fiduciario estatal que originalmente estaba destinado a ayudar a ciudades y condados rurales a enfrentar la transición hacia el nuevo sistema tributario.
Tras la aprobación legislativa, la batalla política apenas comienza. La propuesta aparecerá en la boleta electoral de noviembre con una descripción de hasta 75 palabras, aprobada por los legisladores para explicar el alcance de la reforma.
Para convertirse en parte de la Constitución de Florida necesitará el respaldo de al menos el 60% de los votantes. Si supera ese umbral, comenzará a implementarse en 2027 y se convertirá en una de las mayores reducciones de impuestos a la propiedad en la historia del estado.
Al concluir la sesión especial, Daniel Pérez resumió el significado político de la medida: la verdadera victoria, dijo, es que los ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir directamente si quieren o no transformar el sistema de impuestos a la propiedad en Florida.
“Confiamos en nuestros votantes. Son inteligentes, están informados y tendrán la oportunidad de aprobar o rechazar esta propuesta en noviembre”, afirmó.
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