MIAMI.- La ley de derechos de los padres en la educación de Florida, Parental Rights in Education, apodada Don't Say Gay por los críticos, que tanta controversia ocasionó el año pasado y aún es debatida en los tribunales del estado, se ha extendido al grado 12.
Según la declaración de la Junta de Educación, todos los maestros de las escuelas públicas de Florida tienen prohibido dar instrucción en el aula sobre orientación sexual o identidad de género: "Esta enmienda prohíbe la instrucción en el aula a los estudiantes desde prejardín de infantes hasta el grado 3 sobre orientación sexual o identidad de género. Para los grados 4 hasta los 12 años, la instrucción sobre orientación sexual o identidad de género está prohibida a menos que dicha instrucción sea expresamente requerida por los estándares académicos estatales... o sea parte de un curso de salud reproductiva o una lección de salud para la cual los padres del estudiante tienen la opción de no tener a sus hijos presentes”.
En otras palabras, la junta de siete miembros, compuesta en su mayoría por miembros designados por el gobernador Ron DeSantis, amplía la ley que el Congreso de Florida adoptó y DeSantis firmó el año pasado, y que aún enfrenta escollos y demandas en los tribunales.
Detalles
La normativa supera la propuesta de ley que el Congreso estatal discute este año, que ampliaría la prohibición de la instrucción en el aula hasta el octavo grado.
"La enseñanza de nuestros estándares es lo que debe ser aplicado, y ninguno de estos materiales (orientación sexual o identidad de género) está incluido en nuestros estándares", señaló el comisionado de Educación del estado, Manny Díaz Jr., durante la reunión de la junta.
Esto "brinda claridad para asegurar que nuestros maestros sepan que no se están metiendo en ningún tipo de problema por enseñar los estándares y asegurarse de que se apeguen a eso", agregó.
Los partidarios de la regla afirman que "no hay razón para que la instrucción sobre orientación sexual o identidad de género sea parte de la educación pública en primaria o secundaria básica".
El gobernador DeSantis, quien apoya posiciones conservadoras sobre tema socioculturales y políticos, mirando tal vez hacia una posible candidatura presidencial en 2024, respalda las restricciones a la educación sobre raza, identidad de género y orientación sexual, que define al pensamiento Woke como "la creencia de que hay injusticias sistémicas en la sociedad estadounidense y la necesidad de atenderlos".
Por otro lado, los críticos argumentan que la regla censurará la libertad de palabra y evitará que las personas hablen sobre sus identidades debido a sus vagas descripciones sobre "instrucción" e "identidad de género y orientación sexual" porque, como planteó un asistente a la junta, "no hay distinción clara entre discusión o instrucción y no sabemos exactamente dónde está la línea roja".
Debate
Más de 25 personas hablaron en la reunión de la Junta de Educación. Unas tildaron la ley de homofóbica, pero otras la elogiaron como un esfuerzo que busca que los padres no pierdan el control sobre la crianza de sus hijos y mantener ciertos temas fuera de las aulas.
Joe Saunders, director político sénior de Equality Florida, el grupo de derechos civiles LGBTQ más grande del estado, dijo que la nueva regla “alargó el impacto de esta terrible ley” y estaba “curando el miedo” entre estudiantes y maestros.
Varios participantes, incluidos miembros del grupo conservador Moms for Liberty, instaron a la junta a votar "sí" porque “defiende los derechos de los padres a decidir cuándo y cómo introducir temas delicados con sus hijos”.
Yvette Benarroch, del condado Collier, donde se encuentra Naples, reclamó que el "adoctrinamiento de identidad de género" tiene "efectos dañinos a largo plazo en los niños" y que permitirlo en las escuelas equivale a "negligencia educativa".
Esther Byrd, miembro de la junta, opinó que la junta “brinda claridad sobre lo que se espera que aprendan los estudiantes. No es más que eso”.
Un partidario de la regla comentó "fortalece la relación entre padres e hijos al dejar conversaciones importantes muy personales dentro del hogar entre los estudiantes y sus familias".
Y continuó: "Estos temas afectan el estado de salud mental y emocional de nuestros niños y la mayoría de los maestros no son profesionales capacitados en salud mental".
Sin embargo, una maestra que habló en la reunión argumentó que estudiantes acuden a ella con preguntas sobre identidad de género y orientación sexual porque "se sienten seguros de preguntarme porque confían en mí como maestra y en sus padres, quienes optaron por la educación sexual para sus hijos".
“Comprendan, si los estudiantes no obtienen respuestas a sus preguntas por parte de sus maestros de confianza o de aquellos padres que están dispuestos a hablar con sus hijos, es probable que encuentren otras respuestas de sus compañeros o de Internet con dudosa veracidad".
Controversia
Además del controvertido conflicto y demandas pendientes, la firma de entretenimiento y parques temáticos Walt Disney Co., principal empleador de Florida, saltó al ruedo y, bajo aparente presión del sindicato, se opuso a la promulgación de la ley por considerarla discriminatoria.
Unas semanas después, el Congreso de Florida aprobó una legislación que reorganiza el estatus de autogobierno en los terrenos que ocupa Disney World, lo que permite que el gobernador nombre a los cinco miembros que conforman la Junta de Supervisores en lugar de Disney.
La batalla continúa porque la junta saliente aprobó un acuerdo de último minuto que otorga a Disney un amplio poder sobre el desarrollo de los terrenos.
Asimismo, el representante estatal que presentó la propuesta de ley el año pasado, Joe Harding, renunció a su escaño, un día después de que las autoridades federales lo acusaran de mentir al programa nacional de ayuda económica para pequeñas empresas, que fueron afectadas por la pandemia de coronavirus.
El entonces representante, 35 años, renunció y más tarde se declaró culpable de mentir para recibir 150.000 dólares en fondos de ayuda por COVID, según indicó la fiscalía.