La legisladora republicana detalló los alcances de su Ley Dignidad; admitió que la aprobación del proyecto depende de Trump y recibió apoyo del arzobispo de Miami
María Elvira Salazar, congresista federal republicana.
D. CASTROPÉ La congresista María Elvira Salazar.
D. CASTROPEMIAMI.– La congresista republicana María Elvira Salazar presentó este martes su ambicioso plan de reforma migratoria en una reunión con líderes de comunidades hispanas y de organizaciones religiosas y civiles en la Biblioteca Regional de Westchester.
Ante más de 20 participantes, incluido el arzobispo de Miami, monseñor Thomas Wenski, Salazar buscó apoyo para su proyecto, la Ley Dignidad, como la única solución viable para un sistema que calificó de "roto", en medio de una "situación migratoria muy difícil que enfrentan millones”.
"Esta ley le da un camino digno para quedarse en los Estados Unidos y para poder seguir trabajando", afirmó la legisladora, quien enmarcó su propuesta como una respuesta tanto humanitaria como económica.
Salazar dedicó gran parte de su intervención a explicar los mecanismos de su proyecto, con el objetivo de diferenciarlo de intentos de reforma anteriores.
El núcleo de la ley es el ‘Programa Dignidad’, que otorgaría un estatus legal renovable por siete años a inmigrantes indocumentados que cumplan con requisitos estrictos, como haber residido en el país desde antes de 2021 y pasar una verificación de antecedentes penales.
La congresista fue enfática en que el programa no es un regalo. Los participantes deberían pagar un total de 7.000 dólares en restitución al país. El estatus les permitiría vivir y trabajar legalmente, pero no ofrece un camino hacia la ciudadanía estadounidense.
"Esto no es amnistía, no es un camino a la ciudadanía", reiteraron varios de los líderes comunitarios presentes, en sintonía con el mensaje de la congresista.
La propuesta también incluye la implementación del sistema E-Verify para empleadores, un camino a la residencia para los "Dreamers" y una fuerte inversión en seguridad fronteriza, con más agentes, tecnología y barreras físicas.
Salazar admitió que el futuro de la Ley Dignidad depende de una sola persona. "La ley está en las manos de una persona que se llama el presidente Donald Trump. Él es la única persona que puede hacer que esta ley pase", sentenció.
Sin embargo, se mostró convencida de poder persuadirlo. En ese sentido, Salazar apeló al "pragmatismo" del mandatario, a quien describió como un "hombre inteligente" con experiencia en la construcción y la hotelería.
Argumentó que estos sectores, junto con la agricultura, representan el 20% de la economía y necesitan urgentemente una fuerza laboral estable.
"Yo estoy segura de que va a entender [Trump] cuando las voces sean suficientemente evidentes y va entonces a apoyar esta ley", proyectó Salazar, quien confía en que la necesidad económica prevalecerá sobre la política.
Monseñor Wenski aportó una perspectiva moral al debate. "Esta ley representa la dignidad de toda persona", afirmó, y calificó el proyecto legislativo como "un buen primer paso".
Para el arzobispo, la propuesta bipartidista es "la solución al miedo que tiene mucha gente por falta de una perspectiva en el mañana". Subrayó que la dignidad es un “derecho humano” y que con esta ley "se eliminaría el terror que está viviendo demasiada gente".
Anthony Verdugo, de la Coalición Familia Cristiana, dijo apoyar la legislación porque exige regulaciones y un pago, y permitiría a millones de personas "pagar sus impuestos y contribuir a la prosperidad económica de nuestra nación".
Por su parte, Fabio Andrade, líder de la comunidad colombiana y comisionado de Weston, hizo un llamado a la comunidad latina a unirse tras la propuesta, calificándola como "muy necesaria". A su juicio, es el "momento correcto" para actuar.
El consenso fue claro: ante un sistema migratorio paralizado, la Ley Dignidad representaría una oportunidad pragmática para regularizar a una fuerza laboral esencial para el país.
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