Los padres demandantes consideran que la ley de Florida HB1069 de 2023 viola la Primera Enmienda al priorizar un solo punto de vista
Ron DeSantis, gobernador de Florida.
D. CASTROPÉ El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firma en Miami ley (Archivo)
D. CASTROPÉ MIAMI.-Tres madres floridanas —Nancy Tray, Stephana Ferrell y Anne Watts Tressler— presentaron ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito una apelación contra la Junta Estatal de Educación de Florida y el comisionado Manny Díaz Jr., en sus funciones oficiales al considerar que el Estado viola su derecho constitucional a impugnar la retirada de libros de las escuelas públicas.
La apelación, registrada bajo el caso No. 25-10808-DD, cuestiona la constitucionalidad del proceso estatal creado por la ley HB1069 de 2023 que permite a los padres censurar libros presentes en escuelas públicas aprobados por los distritos escolares. Según las demandantes, el mecanismo viola la Primera Enmienda, pues solo concede acceso a quienes buscan retirar materiales y excluye a aquellos se oponen a su eliminación.
La ley 1069 del 2023, ley de Educación, establece un proceso para la revisión de los contenidos en las bibliotecas de las aulas, para evitar material “pornográfico” o representaciones de “conducta sexual”.
En 2024, los padres presentaron su primera demanda contra la ley en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Norte de Florida. Dicha demanda fue desestimada el 13 de febrero de 2025 por el juez Allen Winsor, quien concluyó que la limitación de acceso al proceso estatal no constituía discriminación por punto de vista.
Es por ello que los padres presentaron un recurso de apelación el 4 de junio de 2025, alegando que la regulación estatal “discrimina por punto de vista” y pone “el pulgar en la balanza” en debates públicos, lo que consideran un acto inconstitucional.
Según los demandantes, la ley HB-1069 proporciona un proceso formal a los padres que quieren que se prohíban los libros, pero niega la participación a los padres que se oponen a eliminación de ese contenido.
“A Florida le llaman el “Estado Libre”, pero como madre, veo un sistema donde solo algunas voces importan”, declaró a la prensa la demandante Watts Tressler. “Si quieres prohibir un libro, tienes un proceso y múltiples apelaciones. Si quieres que tu hijo lo lea, no tienes nada. Ni proceso, ni recurso, ni voz”, afirmó y prometió continuar su lucha.
Las demandantes solicitan que el tribunal declare ilegal la norma por limitar la participación en el proceso y que ordene un remedio para garantizar la igualdad de acceso para todos los padres, independientemente de su postura frente a la remoción de libros.
Los padres afectados están representados por Democracy Forward, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Florida, el Southern Poverty Law Center y Caplan Cobb LLC.
El acceso a los libros es esencial para nuestra democracia, y silenciar a los padres que abogan por ese acceso para sus hijos, a la vez que se impone la censura, sienta un precedente peligroso para nuestras libertades más fundamentales y nuestros ideales democráticos.
Las leyes excluyentes de Florida constituyen una clara violación de los derechos de los padres amparados por la Primera Enmienda. Seguiremos apoyando a los valientes padres que luchan por la justicia y por una Florida donde los niños tengan la libertad de acceder a los libros en las bibliotecas», declaró Robin Thurston, directora legal de Democracy Forward .
Desde 2021, la legislatura de Florida ha aprobado una serie de leyes que buscan garantizar el derecho a los padres a decidir sobre la educación de sus hijos, potencian la transparencia educativa y la protección de los estudiantes. Entre ellas, el proyecto legal HB 241 (2021)- Declaración de Derecho de los Padres que establece el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos, incluidos procedimientos para impugnar materiales de instrucción.
En 2022, se aprobaron los proyectos de ley HB1467, Educación K-12, y la HB 1557, Ley de Derecho de los Padres en la Educación, que establecen mayor supervisión de los contenidos de las bibliotecas y limita la instrucción sobre género, respectivamente. Todas encaminadas a proteger a los menores.
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