El pueblo adormecido, acostumbrado a bajar la cabeza ante los escándalos de corrupción, salió a festejar a las calles de Guatemala momento después de conocer la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, salpicada por un caso de corrupción aduanero.
Su escándalo implica a funcionarios cercanos a su puesto y puso en jaque al gobierno que preside Otto Pérez Molina, a 4 meses de que se realicen las elecciones presidenciales en ese este país centroamericano. La renuncia ocurrió en medio de una presión popular y de varios sectores nacionales que incluyeron protestas en las calles de la capital y las provincias, así como bloqueo de rutas en la que también exigían la salida del propio mandataro.
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Entre gritos, cánticos y muestras de euforia, cientos de ciudadanos se reunieron improvisadamente la tarde y noche del viernes frente al Palacio Nacional de la Cultura, en ciudad de Guatemala, la misma edificación donde un grupo de personas llevaba más de una semana encadenado demandando la renuncia de Baldetti.
Las manifestaciones espontáneas se dieron momentos después de que el presidente Pérez Molina anunciara la renuncia de su vicepresidenta, una decisión “personal” contemplada en una carta enviada al mandatario en la que expresa su voluntad de “someterse y colaborar con las investigaciones que sean necesarias”.
“Su decisión es personal, meditada, difícil y valiente”, agregó el presidente. Ante la renuncia del vicepresidente, según la Constitución, "será sustituido por la persona que designe el Congreso” escogida por el propio mandatario.
Baldetti, epicentro de corrupción
Baldetti es el epicentro de un escándalo de corrupción estatal, después de que fiscales y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), desarticularan el pasado 16 de abril una banda de contrabando y defraudación aduanera supuestamente dirigida por su ex secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia desde ese mismo día.
El pasado 25 de abril, el diputado indígena del Movimiento Winaq de Guatemala, Amilcar Pop, denunció al presidente Pérez Molina y a Baldetti por ocho delitos, entre ellos asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.
El día de su renuncia la Corte de Constitucionalidad había rechazado por unanimidad un recurso de amparo presentado por Mario René Cano, abogado de la vicepresidenta, con el intento de detener el antejuicio que la Corte Suprema abrió en su contra por su presunta implicación en la estructura criminal, explicando además que existían evidencias suficientes para retirarle la inmunidad.
Red criminal
La red de contrabando y defraudación aduanera operaba dentro de la oficina recaudadora de impuestos y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Baldetti se encontraba en Corea del Sur junto con Monzón cuando las autoridades destaparon la red criminal, pero el entonces secretario no regresó al país y está siendo buscado por autoridades locales y la Interpol.
Ella en cambio no había participado en actos públicos desde el 19 de abril y una jueza certificó el día de la renuncia que se encontraba en Guatemala gozando de buena salud.
Por el caso hay 27 personas detenidas y dos prófugas, entre ellas Monzón. El viernes fueron arrestados tres abogados indicados de sobornar a la magistrada del caso, Marta Sierra Stallinpagar, para que dejara en libertad a varios implicados.
A la vicepresidente se le asocian en algunas de las más de 66 mil escuchas telefónicas realizadas por las autoridades, en las cuales aparentemente los miembros de la red la nombraban como “La R", "La señora" y" La 2".
La fiscalía y la Cigig, organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas, manejan 40 casos de cobros ilegales y contrabando de la red corrupta conocida como “La Línea” que operaba en las aduanas del país, dependientes de la SAT; según el fiscal Oscar Schaad, a cargo de la investigación.
La Línea operaba aproximadamente desde hacía un año, cobrando sobornos a empresarios y usuarios aduaneros a cambio de modificar los montos a tributar en el fisco.
“Uno de los temas sustanciales era el contrabando y en general con la defraudación en un país tan necesitado de recursos”, señaló Iván Velásquez, encargado de la Cigig al momento de explicar la importancia de la investigación por tratarse del tema de manejo aduanero y de impuestos del país.
Las indagaciones aún no cuantifican el monto total de lo defraudado. Lo que apenas maneja es que en dos semanas un miembro de la red fue capaz de recaudar de modo ilegal unos 330 mil dólares.
"A ustedes les debería dar seguridad que nadie al más alto nivel del Estado está involucrado en esta estructura", dijo la entonces vicepresidenta en una conferencia de prensa, en el mes de abril.
Fueron sus últimas declaraciones, las cuales no bastaron para calmar a la población que en una de sus protestas reunió a 15 mil personas en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, para pedir la renuncia del presidente y de ella.
El gobierno de Pérez Molina no ha salido librado de este escándalo a 4 meses de las elecciones para elegir a su sustituto. El mandatario había defendido férreamente a Baldetti sin que aún se conozca un cambio de postura.
Lo único que ha logrado es desgastar su imagen y la de su partido, alimentando sospechas públicas de que hasta él podría estar involucrado en el escándalo.
La agrupación política que lo llevó a la presidencia, Partido Patriota está se hizo añicos en la contienda electoral. Alejandro Sinibaldi, candidato a la presidencia, renunció el pasado 19 de abril en medio de este escándalo de corrupción, considerado uno de los mayores ocurridos en la historia de Guatemala.
"Sumado a muchas razones, que no es el momento de explicar, el constante bloqueo, chantaje, sabotaje a mi candidatura por parte de Roxana Baldetti y sobre todo el rumbo equivocado que lleva el país me obliga a tomar esta determinación, una decisión seria", dijo Sinibaldi.
"Renuncio a esta candidatura porque el único objetivo es llevar diputados para proteger intereses cercanos a la vicepresidenta Roxana Baldetti", aseguró. El partido aún busca la dupla que encabezará papeletas en los comicios de septiembre próximo.
Los obispos de Guatemala se sumaron a ese "rechazo e indignación" ciudadana contra la corrupción. "Desgraciadamente la corrupción ha existido desde hace tiempo en nuestro país. La mayoría de guatemaltecos somos responsables de esa llaga putrefacta que enferma la sociedad por el silencio mantenido o la complicidad explícita, al favorecer los sobornos con tal de no sufrir penalidades", proclamaron los Obispos en un comunicado.
Cuatro marchas
Mientras, la población se preparaba este sábado para seguir celebrando. Al menos 4 marchas están programadas para después del medio día en la capital. La ciudadanía festeja sabiendo que el gran reto del país es acabar con la impunidad, una debilidad en el sistema de justicia que trastoca los hilos del poder.
Pérez Molina rechazó la reelección de Claudia Paz como fiscal general, a pesar del desempeño exitoso de sus labores, el Partido Patriota se alió con la oposición en el parlamento para elegir magistrados afines en la Corte que garantice impunidad a funcionarios públicos y el propio mandatario se negaba a aprobar el mandato de la Cigig.
Todo por el rumor de que si la Cigig continuaba, los primeros en ser investigados después de dejar la presidencia sería el mandatario y su vice presidenta, hoy fuera del cargo.
