Un panel revisará en Jacksonville el bloqueo emitido contra la legislación que restringe las plataformas a los adolescentes; el caso enfrenta a la administración estatal con gigantes tecnológicos
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PEXELSMIAMI.- Un tribunal federal de apelaciones determinará este martes 10 en Jacksonville si un juez federal con sede en Tallahassee actuó conforme a derecho al bloquear la aplicación de la ley de Florida que limita el acceso de los adolescentes a las redes sociales, una medida concebida para proteger a los menores pero objetada por presuntas violaciones a la Primera Enmienda.
El gobernador Ron DeSantis promulgó la ley HB 3 en 2024. El estatuto impide a los menores de 16 años utilizar algunas plataformas digitales, con una salvedad para los jóvenes de 14 y 15 años que obtengan el permiso explícito de sus tutores.
A su vez, la norma impone a los portales con contenido para adultos la obligación de verificar la edad de sus visitantes mediante métodos razonables para confirmar la mayoría de edad.
Poco después de la promulgación estatal, agrupaciones representantes de empresas como Google, YouTube, Meta y Snapchat interpusieron una demanda en cortes federales.
Matt Schruers, presidente de la Asociación de la Industria de Computadoras y Comunicaciones, manifestó en un comunicado oficial el respaldo de su sector a las medidas de protección para los usuarios más jóvenes, aunque recalcó la exclusividad de las familias en la toma de dichas decisiones.
Según Schruers, la normativa de Florida vulneraría la Constitución al restringir el acceso a sitios web con contenido legal.
Por otro lado, la coalición NetChoice, también parte de la demanda, emitió una declaración paralela para advertir sobre los supuestos riesgos de seguridad derivados de la obligación de entregar información confidencial.
A la espera de una declaración oficial más amplia, el fiscal general James Uthmeier abordó la controversia el lunes 9 en la ciudad de Orlando.
Durante su intervención, el funcionario otorgó a las compañías de tecnología un plazo de 30 días para implementar las restricciones de edad y de 60 días para habilitar las opciones de consentimiento parental.
Ante un posible desacato, Uthmeier advirtió el inicio de demandas desde su despacho, tras catalogar la medida como una ley firme y de obligatorio cumplimiento.
La administración DeSantis diseñó el plan con el objetivo de combatir las características adictivas de las redes sociales, tales como las notificaciones constantes y el desplazamiento infinito, además de frenar la explotación de menores.
Al inicio del proceso legal, el estado mantuvo la medida en pausa a la espera de la determinación del juez de distrito Mark Walker.
En junio, Walker emitió una orden preliminar para suspender la legislación tras calificarla como probablemente inconstitucional.
Sin embargo, dos magistrados de apelación revocaron dicho mandato en noviembre al concluir que la ley promueve el interés gubernamental en la protección de los menores, lo cual propició la actual audiencia para definir el futuro definitivo de la normativa.
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