lunes 14  de  octubre 2024
CRISIS POLÍTICA

Maduro endurece la represión en las calles de Venezuela

No solamente las protestas políticas están siendo reprimidas con dureza, sino también sociales y espontáneas. “La respuesta de las autoridades a las protestas espontáneas y generalizadas que vemos que se están produciendo por el hartazgo de las colas es la represión”

CARACAS.-JUAN FRANCISCO ALONSO
Especial

El malestar social y la crispación política en Venezuela suben como la espuma. Así lo revelan las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), organización que reportó un aumento en el promedio diario de manifestaciones, el cual saltó a 18 en el primer cuatrimestre frente a las 16 que contabilizó en el mismo período de 2015. Sin embargo, simultáneamente se está produciendo recrudecimiento de la represión por parte de las autoridades.

La denuncia la formularon abogados y activistas de Derechos Humanos, los cuales aseveraron que el Gobierno está respondiendo con la fuerza ya no solo a las acciones de calle que piden su salida, sino también a aquellas en las que los ciudadanos expresan su hartazgo por problemas como el desabastecimiento de alimentos y medicinas, tal y como ocurrió esta semana a escasos metros del Palacio presidencial de Miraflores y en la que 19 periodistas y fotógrafos fueron agredidos y asaltados.

“Hay una escalada represiva. En 2014 vimos un precedente de detenciones arbitrarias y masivas; y de procesamiento de manifestantes, al abrirles investigaciones a más 3.400 venezolanos, pero ahora vemos una agudización, pues se está aplican medidas nunca vistas que nos alarman como el que personas detenidas preventivamente son llevadas a una cárcel sin antes presentarlas a un juez. Solo los jueces pueden enviar a alguien a la cárcel, eso no es decisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ni de ningún otro organismo de seguridad”, advirtió el abogado especialista en Derechos Humanos, Nizar El Fakih, quien representó a decenas de los miles de venezolanos detenidos en la ola de protestas antigubernamentales registradas años atrás.

El Fakih se refería al caso de Jeremy Bastardo, José Hernández, Jefferson Araguache, Daniel Morales, Deivis Hernández, Luis Theis, Richard Rondón y de un adolescente, detenidos por presuntamente agredir a seis agentes de la Policía Nacional durante los disturbios en los que degeneró la marcha opositora del pasado 18 de mayo. Antes de ser puestos a la disposición de la jueza antiterrorista María Magdalena Díaz, los jóvenes permanecieron unas horas en la cárcel de 26 de Julio de Guárico, a unos 300 kilómetros al oeste de Caracas, donde fueron rapados y se les puso un uniforme, como si fueran internos de ese centro.

Se repite la historia

La directora de la organización Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana (Fundeci), Elenis Rodríguez, confirmó la irregularidad. “Los llevaron al patio de la cárcel donde los tuvieron horas haciendo ejercicios y forzándolos a gritar: ¡Chávez, vive!”, relató, al tiempo que indicó que el calvario de los muchachos comenzó desde su detención: “Luego de agarrarlos en distintos sitios de la ciudad, los llevaron a la sede del Sebin y los envolvieron en colchonetas y comenzaron a golpearlos con palos. Esta es una práctica policial de tortura típica y que busca que no le salgan moretones a los torturados, aunque por dentro estén destruidos. Mientras los golpeaban les gritaban que no pararían hasta que estuvieran dispuestos a acusar a dirigentes opositores de lo ocurrido en Caracas”. 

La penalista, quien representa a Bastardo y al adolescente, relató que tras horas de soportar golpizas y de amenazas contra sus familiares los detenidos cedieron, pero los abusos siguieron. “Mientras los grababan acusando al comisario Coromoto Rodríguez (jefe de seguridad del Presidente de la Asamblea Nacional) de darles dinero para crear violencia y a otros dirigentes opositores como Henrique Capriles y María Corina Machado, un funcionario los amenazaba con un palo de que los violaría con él”.

Rodríguez lamentó que pese a que los jóvenes denunciaron estos malos tratos ante los jueces y fiscales nadie haya hecho nada para tratarlos, en primer lugar; y para castigar a sus agresores, en segundo. “Hasta esta semana no se ha cumplido la orden de la jueza para que los lleven a la medicatura forense y para que lo atienda un médico, por ejemplo Araguache tiene el brazo desplazado por culpa de la golpiza que le dieron y no puede moverlo y a nadie en el Poder Judicial le importa”, se quejó.

El poder del Sebin es tal que ni siquiera le permitieron a los médicos de la Fiscalía revisar a los jóvenes, no obstante en el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz tomaron nota de las denuncias y por ello solicitaron que el adolescente, quien también denunció ser maltratado, no siguiera bajo custodia de ese organismo mientras se decidía su liberación bajo fianza, relataron fuentes judiciales.

Asimismo denunció que el grueso de las detenciones están injustificadas, pues los aprehendidos ni siquiera estaban cerca de la manifestación. “Deivis, por ejemplo, es un indigente que duerme en el puente de la Universidad Central y que vive gracias a las propinas que recibe por cuidar carros en una arepera, en cuyas inmediaciones fue detenido (…) Richard, por su parte, es un vigilante y fue detenido cuando esperaba a su esposa, y a Jeremy lo agarraron en Altamira a las 3 de la tarde, y lo agarraron porque ya estuvo detenido en 2014 por participar en las protestas de ese año”.

Los señalamientos contra el Sebin son similares a los que se produjeron hace dos años contra ese cuerpo, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, lo cual para El Fakih revela que no se aprendió la lección. Pese a las cientos de denuncias que recibió ella y otros organismos como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía solo abrió 238 investigaciones contra policías y militares por presuntamente incurrir en tortura o malos tratos y hasta febrero solamente había presentado 40 acusaciones contra uniformados, mientras que cerró o archivó 200.

Palo y plomo

Pero no solamente las protestas políticas están siendo reprimidas con dureza, sino también sociales y espontáneas. “La respuesta de las autoridades a las protestas espontáneas y generalizadas que vemos que se están produciendo por el hartazgo de las colas es la represión”, denunció El Fakih, quien sustentó sus palabras en cifras del Foro Penal Venezolana, organización que ha contabilizado un aumento de las detenciones de personas que están en las colas y que comienzan a protestar por la situación, pues en enero tuvo conocimiento de tres detenciones, en febrero de cuatro, en marzo de 65, en abril de 176 y 182 en abril.

Por su parte, para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) lo ocurrido el jueves en el centro de Caracas, donde guardias nacionales y simpatizantes del chavismo reprimieron a quienes se manifestaban contra la decisión de no expender productos escasos en comercios sino a través de los llamados clap (comités locales de abastecimiento y producción), no es más que la legalización de lo ocurrido en 2014, cuando colectivos oficialistas bajo la mirada cómplice de los agentes de la ley atacaban a los manifestantes opositores.

“Esto puede empujar al país a una situación de estallido social”, alertaron desde esa agrupación.

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