La economía vuelve al epicentro del debate en Venezuela. Tras un mes de agitación política, transcurrido entre las elecciones parlamentarias y la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN), la crisis económica es ineludible. El pasado viernes el Ejecutivo nacional publicó el decreto de “emergencia económica”, el Banco Central de Venezuela (BCV) confirmó la gravedad de la situación y ante el parlamento el presidente de la República no pudo esconderel deterioro económico ocurrido en 2015.
Bastó un día, apenas horas, para comprobar la magnitud de la crisis, pero también para conocer la salida que propone el Gobierno. De acuerdo al BCV, la inflación entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 se disparó hasta 141,5% -el peor resultado interanual de la historia venezolana-, el precio de los “alimentos y bebidas no alcohólicas” escaló 254,3% y el Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó 7,1% en eltercer trimestre de 2015. El propio Nicolás Maduro durante su discurso de Memoria y Cuenta ante la AN definió como“cifras catastróficas” las presentadas por el BCV ese día tras un año de silencio.
Aunque convocó a la “unión nacional” y al “diálogo”, Maduro reafirmó el discurso de la “guerra económica” para explicar el deterioro y descartó un ajuste. “El modelo socialista es el único que puede transitar estas dificultades, no es el modelo neoliberal (…) A ese pasado oprobioso nuestro país más nunca debe volver, sería una tragedia”, sentenció.
El discurso del mandatario está en sintonía con el decreto para la “emergencia económica” que también circuló ese díaen Gaceta Oficial y que supondría un “estado de excepción”, según la Constitución venezolana. Entre los “considerando” que justifican la medida se señala que “con ocasión de la muerte” de Hugo Chávez en 2013, “sectores nacionales e internacionales iniciaron una serie de acciones tendientes a desestabilizar la economía del país” y que en el “marco de la guerra económica iniciada contra el pueblo venezolano se establecieron mecanismos de coordinación entre factores internos y externos en detrimento de las actividades económicas”. Se argumenta también que las “estrategias de desestabilización económica” han “provocado una caída abrupta” de los precios del petróleo.
El decreto de 10 artículos, que deberá ser aprobado o no por la AN de mayoría opositora, propone que el Ejecutivo nacional pueda “dictar las medidas que considere convenientes” en materia presupuestaria, tributaria, de agilización de trámites para importaciones, para “estimular” la inversión extranjera e, incluso, disponer de los “medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio”, de empresas privadas a los fines de “garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos”.
Profundizar la crisis
Ronald Balza, economista y profesor universitario, consideraque el decreto parte de un diagnóstico errado. “No aparece ninguna explicación de las causas, la explicación del decreto es que la culpa es de otro”, a propósito de la tesis de la “guerra económica” o de conceptos como “inflación inducida”, expuestos en el documento.
Explica que para tomar decisiones económicas el presidente de la República no necesita una emergencia constitucional y que insistir en las mismas políticas profundizará la crisis.“Una situación peor, no hay colchón, no hay reservas internacionales, el petróleo no sube y el Gobierno no reconoce el problema (…) Mientras más pasa el tiempo, más dura va a ser la caída”, grafica Balza.
Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, comparte la opinión. “El decreto es amplio, sirve para cualquier cosa, es un Gobierno que quiere hacer lo que quiera”, señala a propósito del contrapeso que representa la mayoría opositora en la AN. También anticipa dificultades si Maduro insiste en las políticas de control aplicadas durante años y que a partir de 2013 han acentuado los desequilibrios.
“Mientras no reconozcan que el modelo fracasó, no hay posibilidad para salir de la crisis”, insiste Oliveros.
Además de la alta inflación y una recesión de siete trimestres consecutivos, Venezuela enfrenta un desconcierto cambiario (tres tasas oficiales y el dólar paralelo), un déficit fiscal de dos dígitos, un exiguo flujo de caja en dólares que empeora a medida que cae el petróleo, el rezago de precios en buena parte de los productos controlados y subsidios insostenibles como el de la gasolina. El viernes Maduro sólo se refirió en el parlamento al tema del combustible. “Venezuela tiene que entrar en un nuevo sistema de cobro de sus hidrocarburos”, admitió.
El decreto es un exceso
Los abogados también ven con reservas el decreto de emergencia. “Es una norma que puede conducir a excesos, restringe derechos económicos”, advierte Juan Domingo Alfonzo, abogado especialista en derecho administrativo, a propósito de las amplias facultades que otorgaría al Ejecutivo nacional. Alfonzo critica que el documento “no prevé” medidas para resolver los obstáculos que impiden a las empresas elevar su producción, tales como la restricción en el flujo de divisas para importar materia prima e insumos.
Juan Manuel Rafalli, abogado y profesor universitario, también opina que con un “estado de excepción económico los derechos constitucionales menguan”. Explica que por tener carácter “excepcional” el decreto “debe ser restrictivo” y no tan amplio como fue promulgado, hasta el punto de que el artículo 3 estableció que “el presidente de la República podrá dictar medidas de orden social, económico o político”durante la emergencia económica. “¿Qué es lo que no han podido hacer y necesitas hacer sobre un estado de excepción?”, cuestiona Rafalli a propósito del extenso aparataje legal que ha usado el Gobierno para expropiar empresas, controlar precios y sostener el control de cambio durante 13 años.
¿Y ahora qué?
La AN deberá resolverá en los próximos días si aprueba o no el decreto. “La Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción establece que el control político lo ejerce la AN y lo puede desaprobar, con lo que se declara extinguida la instancia y la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debería omitir el pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto”, apunta Alfonzo.
Rafalli aclara que el decreto “no es una Ley Habilitante”, sino que en caso de ser aprobado el presidente de la República “debe dictar medidas”, pero advierte que “pareciera que va a competir con la AN para legislar en materia económica”.
Parlamentarios de la oposición han declarado que no darán un “cheque en blanco al Gobierno”, aunque algunos consideran también que si se aprueba el decreto, en 60 días se comprobará que la crisis económica se agravará y Maduro se quedará sin excusas.
La magnitud de la crisis
-Entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 Venezuela registró una inflación de 141,5%. Sólo entre enero y septiembre del año pasado los precios se aceleraron 108,7%.
-En el tercer trimestre de 2015 los precios en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas escalaron 55,7%.
Venezuela ha completado siete trimestres de contracción económica. --- En el primer trimestre de 2015 el descenso fue de 1,7%, en el segundo 4,7% y en el tercero llegó hasta 7,1%.
El desplome del sector privado en el tercer trimestre fue de 10,5%. Actividades como la construcción, la manufactura y el comercio registraron contracciones de dos dígitos.
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