Futuro de Pedro Sánchez se libra en cortes

El Tribunal Supremo español condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros por daños morales dado el delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El fallo judicial tuvo lugar tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado español se ha sentado en el banquillo de los acusados.

Quienes fueron sorprendidos alegaron falta de pruebas contundentes durante el proceso judicial, mientras que los contentados aplaudieron la resolución.

De cualquier manera, tanto la acusación como el fallo resultan ser dos grandes embrollos para el Gobierno de coalición, que si bien no logra levantar cabeza entre tantas acusaciones tampoco cae ante ellas.

“Cuando pensamos que todo estaba visto, desde beneplácitos con extremistas de la izquierda y separatistas por tal de poder gobernar hasta corrupción y acusaciones explícitas contra altos mandos del PSOE (Partido Socialista Obrero Español, que comanda Sánchez), salta otra liebre gorda y otra más, a la espera de quienes les apoye no les quede otra que pedir elecciones”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Ferran Espaser, profesor emérito de Derecho de la Universidad de Lleida, en Cataluña, España.

Para entender los hechos, recordemos que el ciudadano González Amador tiene dos causas judiciales abiertas, por fraude fiscal y corrupción en los negocios en torno a la compra de mascarillas que serían distribuidas en Madrid durante la pandemia de COVID.

Estas acusaciones sirvieron además para cuestionar el liderazgo de Ayuso al frente del Gobierno regional, lo que, según la presidenta comunitaria, produjo una “cooperación coordinada” entre el fiscal del Estado y el presidente del Gobierno español con el único objetivo de "acabar" con ella "por vías ilegítimas".

De esta manera, Ayuso asegura que el informe oficial filtrado o autorizado por el fiscal del Estado fue coordinado y estuvo dirigido a hacerle daño.

“Comprobar si fue coordinado y dirigido para hacerle daño requeriría otro proceso judicial, que no crea suceda, a no ser que Ayuso presente una querella ante los tribunales”, señaló el catedrático.

En resumen, Ayuso plantea que el fallo judicial contra el fiscal del Estado pasará a ser "un día histórico para la democracia española" porque la Justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por "cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político".

Además, Ayuso expresó que España "no se merece un Gobierno que le mienta, ni que le parta en dos".

Hace unos días, en medio de fuertes críticas a Sánchez, el diputado y portavoz de la agrupación separatista catalana Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, amagó con retirar el apoyo al Gobierno por la corrupción que acecha al PSOE.

"Si aparece una 'Gürtel del PSOE', pediremos elecciones", declaró el connotado diputado catalán, muy conocido por sus ásperas, a veces acertadas, otras veces ofensivas, declaraciones.

Rufián se refería al sonado caso Gürtel de 2009, que conllevó al célebre caso Bárcenas que recogía una contabilidad paralela del Partido Popular, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la conocida Caja B del PP que tuvo como recepción donativos ilegales de constructoras y entrega de dinero negro (en efectivo) a dirigentes del partido que no se declaraban al fisco nacional.

Sánchez, jefe de la oposición en aquel momento, arremetió contra la entrega de dinero en efectivo a dirigentes del partido que no se declaraban al fisco nacional.

Esto, junto a otros pormenores, valió a Sánchez obtener apoyos de otras agrupaciones políticas para acabar con el Gobierno de Rajoy en 2018 por medio de una moción de censura, eso que llamamos impeachment en Estados Unidos.

Hoy, como parte del proceso judicial contra la corrupción en el PSOE, que tiene por protagonistas a los altos dirigentes partidistas Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre, entre otros, sale a la luz que el partido de Sánchez también entrega dinero en efectivo a dirigentes que no se declara al fisco nacional.

Sin embargo, ahora Sánchez asegura que entregar dinero en efectivo no es ilegal.

“La Justicia analiza los informes y muy probablemente vuelva a dictar, como hizo antes, que es ilegal. Entonces, veremos que tiene Sánchez y sus apoyos para decir”, subrayó el profesor emérito.