Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, han sido y siguen siendo la organización terrorista más grande y más antigua de América Latina, involucrada en la búsqueda del poder por la vía armada desde 1964. Inspirada en la revolución cubana, y apoyada y financiada directamente por Fidel Castro y la Unión Soviética, la guerrilla de las FARC se ha identificado históricamente como una fuerza campesina, de ideología marxista-leninista y de carácter antiimperialista. Desde siempre contaron con la extorsión, el secuestro, la minería ilegal y la producción y distribución de narcóticos como fuente adicional de financiación. Según las Fuerzas Armadas de Colombia, las FARC contaban en 2010 con 13.800 miembros, la mitad de los cuales eran combatientes armados.

En junio del 2016, y después de cuatro años de negociaciones, que concluyeron en La Habana, Cuba, representantes de las FARC y del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos llegaron un acuerdo de paz, que tal como el gobierno había prometido, sería sometido a aprobación popular mediante un referendo, que tuvo lugar el 2 de octubre del mismo año. El 50.24% de los colombianos rechazaron el acuerdo en las urnas y aún con ese resultado, el gobierno, a través de maniobras legislativas, decidió desconocer la voluntad popular y el acuerdo finalmente se firmó el 24 de noviembre.

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Meses después, las FARC anunciaron la constitución de un partido político legal, mientras que, al mismo tiempo, cerca de 2.500 de sus miembros, más de una tercera parte de los que para el 2010 combatían en sus filas, anunciaron que continuarían con la doctrina original de las FARC, dedicándose a sus actividades criminales regulares, fundamentalmente el narcotráfico. En la práctica, el acuerdo de paz de La Habana nos dejó a las mismas FARC pero con dos brazos, el de los que se acogieron al proceso de paz y disfrutan de todos sus beneficios, entre ellos 10 asientos en el Congreso colombiano, sin cumplir con una sola de sus obligaciones, tales como abstenerse de participar en política electoral, confesar sus crímenes, algunos de lesa humanidad, acogerse a un debido proceso y resarcir a sus víctimas.

Y el otro brazo, el de las supuestas “disidencias” de las FARC, que hoy están presentes, en varias regiones de Colombia, cada vez más grandes y numerosas, y que continúan delinquiendo y traficando con drogas, en sociedad con el narco-Estado venezolano. Que la administración Biden venga ahora a excluir a este sanguinario grupo violento de la infame lista de organizaciones terroristas es una decisión más de tantas equivocadas que, en materia de política exterior, el actual presidente estadounidense ha tomado a lo largo de más de cuatro décadas.

La decisión de sacar a las FARC de la lista abrirá posibilidades al grupo insurgente de tener acceso a recursos económicos del gobierno estadounidense, destinados a beneficiar a los exguerrilleros desmovilizados en virtud del acuerdo. Nadie deberá sorprenderse cuando los dólares de los impuestos de los contribuyentes del país acaben financiando a los narcotraficantes y a las campañas, al Congreso y la Presidencia colombianas, de candidatos de izquierda, abiertamente enemigos de los Estados Unidos.

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