La permanencia en el poder del dictador Nicolás Maduro es un imperativo estratégico para la continuidad de los gobiernos de Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, vital para sostener y ampliar la penetración en la región del renovado bloque contra los Estados Unidos y la mejor garantía de impunidad para el crimen. Venezuela es la presa más importante atrapada por la necesidad de sobrevivencia del castrismo parásito que está dispuesto a todo para no perderla. La derrota de la dictadura frente al pueblo venezolano es tan notoria, que ha llegado el punto en que por interés propio solo el crimen, la corrupción, el narcotráfico y la violencia sostienen a Maduro.
Un gobierno tiene diferentes características o cualidades que sirven para distinguirlo y las de Nicolás Maduro son sin duda de una “dictadura criminal”. Dictadura porque ejerce el poder en contra de toda ley nacional, internacional y natural, violando los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin estado de derecho, sin división ni independencia de los poderes públicos; tiene presos políticos, exiliados políticos, no hay libertad de prensa y ahora pretende suplantar la soberanía popular con una “constituyente fascista” en la que el pueblo no vota. Criminal porque en el objeto y ejercicio del poder comete, induce y encubre los más graves delitos, con premeditación y como parte de sus acciones de gobierno que no sobrevive sin la comisión de actos criminales.
Los crímenes de Nicolás Maduro y su gobierno van desde los de lesa humanidad implantados y ejecutados por la metodología castrista que oprime a Cuba desde 1959, y prácticamente cubren todas las tipificaciones penales conocidas como asesinatos, torturas, privaciones indebidas de libertad, creación y operación de consorcios delictivos, traición a la Patria, sometimiento a potencia extranjera, desfalco y vaciamiento de la riqueza y el erario nacionales, corrupción en contratos y servicios públicos como el hasta ahora encubierto caso de Odebrecht, confiscaciones, robos, defraudaciones. Pero hay crímenes con los que se sostiene el régimen mediante acciones continuadas y estos son principalmente los de corrupción, narcotráfico y violencia criminal organizada.
La corruptela del régimen castrochavista de Maduro abarca desde los sobornos activos y pasivos en y por entidades del Estado que han permitido amasar grandes fortunas hoy señaladas internacionalmente, la demolición de la principal empresa nacional Petróleos de Venezuela PDVSA y el uso de sus recursos para sobornos tan grandes y notorios como las del denominado “Petrocaribe”, hasta la existencia de carteles del narcotráfico que han otorgado desde hace varios años la denominación de “narco estado” a Venezuela que ha quedado convertida en el eje de tráfico de cocaína con la provisión políticamente garantizada desde las FARC de Colombia y los sindicatos cocaleros de Evo Morales desde el estado plurinacional de Bolivia también señalado como “narco estado”.
Resulta impensable para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico perder el control de Venezuela a la que han convertido en territorio del crimen y desde donde expanden operaciones de lavado de dinero en y con los otros regímenes del sistema. Es imposible que Maduro pierda el poder sin afectar dramáticamente a las organizaciones terroristas y de tráfico de armas que han hecho del narcotráfico uno de sus principales medios de soporte y logística. No existe forma que el sistema transnacional de delitos vinculados y consecuencia del narcotráfico pueda sostenerse sin daños irreparables si el gobierno de Maduro cae.
Está demostrado que el régimen de Nicolás Maduro es controlado y defendido por el gobierno cubano con acciones de intervención operativas de las que participan todos los regímenes miembros del socialismo del siglo XXI que incluye a las FARC ahora enfocada en la toma del poder político en Colombia. Edmundo Primitivo Sánchez Zurita, un militar boliviano acreditado por Evo Morales en su embajada en Venezuela ha sido descubierto y denunciado con documentos que han inundado las redes sociales, acusado de participar activamente en la represión contra el pueblo venezolano, la documentación que ha sido aceptada como oficial y las explicaciones solo han servido para confirmar la vergonzosa intervención de que son víctimas las Fuerzas Armadas e instituciones venezolanas para reprimir a su pueblo.
La lucha que hoy se libra en Venezuela además de la confrontación entre la libertad y la democracia contra la dictadura, está muy lejos de ser una disputa ideológica entre capitalismo y socialismo o política entre derechas o izquierdas. Se trata de una dura batalla contra el crimen organizado dueño de la corrupción del narcotráfico y de la violencia, del que forman parte muchos de los “jefazos” que se presentan como políticos cuando en verdad son simplemente parte de una mafia que ha logrado el control de países que ahora son su base para todo tipo de actividades criminales de alto lucro, incluido el terrorismo.
Cada comunidad, cada familia, cada persona sin excepción están amenazadas y/o afectadas por la corrupción, por el tráfico y consumo de cocaína y drogas, por la violencia y los delitos vinculados al narcotráfico. La situación del pueblo venezolano afecta a todos y su triunfo beneficiará a todos. Debemos entender que la lucha del pueblo venezolano para salir de la dictadura de Nicolás Maduro es la lucha por los pueblos de las américas y del mundo, donde los más pobres son los que más incremento de consumo de drogas y de violencia sufren, tal vez sin saber o sin querer reconocer que ese mal proviene del “castro chavismo” estructurado como mafia y hoy parapetado en Venezuela, defendido por quienes prometieron liberar a los pueblos y en cambio los someten, los oprimen y envilecen.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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