El escándalo diplomático, que ha traído de vuelta los aires de Guerra Fría entre Washington y La Habana, prácticamente echa por tierra el acercamiento iniciado en diciembre de 2014 entre los dos enemigos irreconciliables.
Según la cifra más actualizada, unos 22 diplomáticos, entre estadounidenses y canadienses, cuya salud se ha visto seriamente dañada por un tipo de ataque que afecta los sistemas auditivo y neurológico, se presenta como el detonante de la ruptura.
Sin embargo, al menos hasta el momento, para ese hecho tangible que condujo a la retirada del 60% del personal estadounidense de la sede diplomática en la capital cubana, las autoridades de la isla no tienen una explicación y sostienen no haber tenido participación en los hechos que provocaron el daño irreversible a la salud de los afectados.
De conjunto con el retiro de parte de su personal en la embajada en La Habana, Washington decidió cancelar la emisión de visas a cubanos y advirtió a sus ciudadanos abstenerse de viajar a la isla.
La medida más reciente, devenida en este contexto de hostilidades, es el recién anunciado pedido del Departamento de Estado de que en un plazo de siete días, Cuba retire de su representación diplomática en suelo estadounidense, la misma cantidad de diplomáticos que Washington disminuyó de su sede en La Habana.
Hay mucha tela por donde cortar en este entramado en el que Cuba ha pretendido aparecer como desconocedora de los hechos, sorprendida y tildando de exageradas y precipitadas las medidas de su vecino del Norte.
Desde los primeros indicios del escándalo, aún quienes optaron por permitirle al régimen de La Habana el beneficio de la duda y aceptar que podría haber la intervención de un tercer país en estas acciones, también han coincidido en que la férrea dictadura cubana no deja espacio a que en ese suelo ocurra algo de tan considerable magnitud, a espaldas de la élite gobernante.
Por eso es que se le exigen responsabilidades al Gobierno de Castro, aunque su canciller Bruno Rodríguez Parrilla, durante una comparecencia ofrecida el 3 de octubre, insista en negar las acusaciones y asegure que detrás de la acción solo priman “oscuros intereses políticos”.
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