El pasado sábado se difundió una noticia en los medios venezolanos que indicaba que habían sido decomisadas 20 toneladas de alimentos en el centro de distribución de alimentos más importante de la ciudad de Valencia en el centro del país. Se trataba de alimentos importados por el propio Gobierno que son distribuidos por los llamados Comités Locales de Abastecimiento (CLAP) para los sectores populares.
La razón del decomiso es que esos productos, a manos de estos grupos oficialistas, son vendidos en el mercado negro, amparados por efectivos de la Guardia Nacional.
No es la primera vez que eso ocurre. Cada vez que ingresan al país estos productos de la dieta alimentaria, una gran parte de ellos aparece en el mercado negro.
Pero el fondo del asunto tampoco es que grupos de delincuentes con carnet oficial se aprovechen del control que tienen sobre esos productos y saquen un jugoso beneficio de ellos. El suceso lo que demuestra es cómo el socialismo implantado en Venezuela ha terminado por destruir la capacidad de producción de alimentos en el país y ahora necesita importar hasta el alimento de la cesta básica que destina a sus propias bases electorales en los sectores populares.
Pero como las leyes del mercado no creen en decretos, controles ni medidas regulatorias, son los propios operadores políticos que al darse cuenta del valor de un producto escaso no dudan en destinar una parte de ellos para venderlos en el mercado negro.
Hace más de tres años cuando Nicolás Maduro llegó al poder, una de sus primeras acciones fue convocar a un diálogo en el que pidió la incorporación de los golpeados sectores productivos del país. Mientras Maduro hablaba de que era víctima de una guerra económica, los sectores productivos ofrecían sencillos mecanismos para reactivar la producción.
Como era de esperarse, Maduro no escuchó a los especialistas y se quedó anclado en las viejas tesis de la guerra fría, esta vez ideada por los Castro como guerra económica.
Es así que durante estos tres años Maduro ha gobernado a través de decretos, y en materia económica por medio de un instrumento ilegal llamado Decreto de Emergencia Económica, que le ha permitido tomar medidas sin ser consultadas o aprobadas por el Parlamento Nacional al cual desconoció el mismo día en que fue electo por voto popular.
Por su puesto, las medidas tomadas desde hace tres años apuntaban a profundizar las tesis socialistas del pasado siglo que se alimentan de controles de precios, leyes regulatorias, mayor restricción al control de cambio y el control total de parte del Gobierno de los mecanismos de importación.
Esas medidas, especialmente el manejo de las importaciones, a la par de profundizar la escasez de alimentos, medicinas e insumos, creó una gran burocracia, muchas de ellas controladas por el sector militar, a partir de la cual se han hecho descarados negocios con empresas de maletín en las que abunda el sobreprecio y el desvío de productos a partir del acceso a un dólar preferencial. La corrupción desde luego ha llegado a los puntos más bajos de la cadena como el caso de los alimentos que distribuyen los CLAP.
El pasado 7 de septiembre, Nicolás Maduro anunció nuevas medidas económicas que profundizan sus mismas recetas aplicadas desde hace tres años.
Con 82% de pobreza, una escasez que ha llegado a crisis humanitaria, un retroceso en la economía de -12% del PIB y una inflación que llegará este año a tres dígitos, Maduro le ha hecho un gran aporte a la humanidad sobre el drama que le espera a los pueblos que apliquen el socialismo real en sus países.
Como lo señaló recientemente Donald Trump en la Asamblea de la ONU: “El problema en Venezuela no es que el socialismo haya sido implementado pobremente, sino que el socialismo haya sido implementado fielmente¨.
@folivares10
