Una transición sustentada en instituciones legítimas que respondan a expectativas sociales y la transparencia en la renta petrolera son algunos de los retos
Venezuela tiene entre sus retos la recuperación de la industria petrolera y administración transparente de la renta
CANVA/UNSPLASHSegún el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB de Venezuela se contrajo entre 2013 y 2021 en más de un 75 %, una de las mayores contracciones registradas para un país que no se encontraba en guerra. Ello ha significado el cierre de empresas, la destrucción de puestos de trabajo, la pérdida de capital físico y humano, el deterioro de los servicios públicos y la reducción de la capacidad financiera del Estado.
Entre las causas principales del colapso se identifican la dependencia petrolera, los desequilibrios macroeconómicos, los controles a la economía, la destrucción del aparato productivo, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad jurídica. Las sanciones internacionales agravaron la situación, pero ya antes de 2017 la economía mostraba un fuerte retroceso.
En 2025 y 2026 se registra una recuperación del PIB, aunque las estimaciones varían según las fuentes. El FMI proyecta un crecimiento del 4 % para 2026. Sin embargo, después de una caída tan estrepitosa, recuperar los niveles anteriores requerirá muchos años de crecimiento sostenido.
Según datos del Banco Mundial, el PIB por habitante, medido en dólares corrientes, cayó de 8.642 dólares en 2013 a 1.506 dólares en 2020, con un repunte posterior. Para 2021, más del 94 % de la población se encontraba bajo el umbral de pobreza y aproximadamente el 74 % en pobreza extrema. La crisis produjo, además, la emigración de más de nueve millones de venezolanos, incluyendo profesionales, técnicos, trabajadores calificados y empresarios. Se trata de una enorme pérdida de capital humano que dificulta la recuperación.
Las alteraciones macroeconómicas desembocaron en un proceso hiperinflacionario que destruyó el valor de los ingresos en bolívares. La inflación perjudicó especialmente a quienes dependían de salarios, pensiones y ahorros en moneda nacional. Para 2026, el FMI estima una inflación promedio del 387,4 %, manteniéndose entre las más altas del mundo.
El salario mínimo permaneció en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, mientras la inflación y la depreciación de la moneda continuaron erosionando su valor. En enero de 2026, equivalía aproximadamente a 0,40 dólares al cambio oficial, frente a unos 30 dólares cuando fue fijado en 2022. El Gobierno recurrió a bonificaciones complementarias para aumentar los ingresos de los trabajadores públicos, pero estas no tienen incidencia sobre prestaciones sociales, vacaciones o pensiones.
Venezuela dispone de una de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero esa riqueza no ha estado acompañada de una producción acorde con su potencial. La producción alcanzaba aproximadamente 3,1 millones de barriles diarios en 1998, cayendo a niveles inferiores al millón en algunos años recientes.
En agosto de 2026 se situó en torno a 1,2 millones de barriles diarios, registrando una recuperación que todavía resulta insuficiente frente a su potencial.
La politización de la gestión de PDVSA, la sustitución de criterios profesionales por criterios políticos y la pérdida de capacidades técnicas y gerenciales debilitaron la empresa, en tanto que la falta de inversión y mantenimiento deterioró sensiblemente su infraestructura productiva.
La inseguridad jurídica y las expropiaciones a empresas nacionales e internacionales redujeron los incentivos para la inversión. Las sanciones internacionales y las restricciones financieras, comerciales y tecnológicas agravaron las dificultades para colocar el petróleo, adquirir insumos y desarrollar proyectos.
Ahora bien, no es concebible que la recuperación petrolera se limite a extraer más crudo. Venezuela requiere rehabilitar sus yacimientos y las instalaciones de producción y refinación, pero, sobre todo, convertir la renta petrolera en una fuente de desarrollo económico diversificado.
Las masivas expropiaciones e intervenciones han dado lugar a un verdadero cementerio de empresas quebradas o cerradas, muchas de las cuales deberían ser restituidas a sus antiguos propietarios o incorporadas a un proceso de privatización. Los conflictos con compañías internacionales por incumplimientos contractuales y afectaciones patrimoniales han generado demandas que ponen en peligro activos fundamentales en el exterior, como es el caso de CITGO, o representan importantes cargas para el Estado que requieren soluciones negociadas.
La deuda venezolana constituye otro obstáculo para la recuperación. El país incurrió en impago de sus obligaciones internacionales a partir de 2017. Las estimaciones de la deuda externa total se sitúan cerca de 170.000 millones de dólares, mientras que los bonos soberanos y de PDVSA en situación de impago representan alrededor de 60.000 millones de dólares. Una transición económica necesitará un programa de normalización financiera que permita precisar las obligaciones legales del Estado y de PDVSA, auditar los pasivos y negociar una reestructuración justa y sostenible, sin imponer una carga incompatible con la recuperación de los servicios públicos, los salarios y la inversión productiva.
Los retos de la nación venezolana para una transición política y económica podrían resumirse en los siguientes aspectos:
*Reconstrucción de la institucionalidad y rescate del Estado de Derecho.
*Restablecimiento del sistema educativo nacional, como uno de los pilares del desarrollo.
*Estabilización de la economía sin profundizar la emergencia social.
*Recuperación de la industria petrolera y administración transparente de la renta.
*Reestructuración y normalización de la deuda legítima y recuperación del acceso al financiamiento internacional.
*Restablecimiento de los servicios públicos y la infraestructura, con énfasis en agua y electricidad.
*Reintegración de Venezuela en la economía internacional, normalización de las relaciones con los organismos multilaterales y reincorporación a los esquemas de integración regional.
*Diversificación económica como objetivo de mediano y largo plazo.
*Recuperación de parte del capital humano de la diáspora y reconstrucción del tejido empresarial.
*Transición política sustentada en instituciones legítimas que respondan a las expectativas sociales.
*Garantías para la participación política y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
*Revisión de las normas que restringen injustificadamente la actividad económica.
*Acuerdos sobre estabilidad macroeconómica, protección social y recuperación productiva.
*Transparencia electoral y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Para ello, Venezuela no parte de cero. Cuenta con recursos naturales, tradición empresarial, profesionales y técnicos dentro y fuera del país, así como con la motivación de una sociedad que aspira a superar los efectos de casi tres décadas de deterioro político, económico e institucional.
FUENTE: Publicado originalmente en Economía PCE
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