Los cuatro aspirantes al Concejo discrepan sobre la continuidad de un acuerdo migratorio; dos escaños podrían cambiar la correlación de fuerzas en el gobierno municipal
Maureen Porras, Fernanda Gomes, Peter Espinosa y Gustavo Garagorry, candidatos al Concejo de Doral.
CORTESÍA CAMPAÑAS
DORAL. — Las operaciones migratorias que han provocado temor entre residentes y pérdidas económicas, según denuncias hechas por comerciantes de Doral, se han convertido en uno de los principales asuntos de las elecciones municipales del próximo 3 de noviembre, cuando los votantes decidirán la renovación de dos escaños del Concejo en medio de una disputa que también podría modificar el equilibrio de poder en el gobierno de la ciudad.
El controversial acuerdo 287(g), que permite la cooperación entre la Policía municipal y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), divide las opiniones de los cuatro candidatos, quienes presentan diferentes alternativas sobre su continuidad y el papel que deben desempeñar las autoridades locales frente a la política migratoria federal.
En entrevistas exclusivas con DIARIO LAS AMÉRICAS, Maureen Porras, Fernanda Gomes, Peter Espinosa y Gustavo Garagorry expusieron sus posiciones sobre un convenio cuya aprobación ha generado cuestionamientos en una ciudad donde aproximadamente siete de cada diez residentes nacieron fuera de Estados Unidos y la comunidad venezolana representa una parte importante de la población.
Los comicios también determinarán la composición de un Concejo de cinco integrantes en el que la alcaldesa Christi Fraga cuenta actualmente con el respaldo frecuente de Rafael Pineyro y Nicole Reinoso. Los dos candidatos apoyados por la edil, Gomes y Espinosa, buscan ocupar los puestos que actualmente desempeñan Porras y Digna Cabral, quien termina su ciclo legislativo.
El Concejo municipal autorizó por unanimidad en abril de 2025 la participación de Doral en el programa federal 287(g), aunque el convenio quedó formalizado en enero pasado.
El mecanismo permite que determinados agentes policiales locales, después de recibir capacitación y bajo supervisión federal, ejerzan funciones específicas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.
Sin embargo, las autoridades municipales han sostenido que los oficiales de Doral no han participado en las recientes detenciones realizadas por ICE y que tampoco han recibido la capacitación prevista para ejecutar esas funciones.
La alcaldesa Fraga defiende que el gobierno municipal actuó conforme a la interpretación jurídica de las obligaciones estatales. Organizaciones defensoras de inmigrantes cuestionan esa posición y aseguran que la Ciudad puede retirarse del acuerdo.
La controversia gira también alrededor del alcance de la legislación de Florida, cuya sección 908.11 establece expresamente obligaciones para los responsables de centros de detención de condados, pero no contiene una exigencia equivalente dirigida de manera general a todas las policías municipales.
Mientras continúa el debate legal, comerciantes han denunciado disminuciones en las ventas de hasta 70% y 80%, que atribuyen al temor provocado por las operaciones migratorias. Las cifras corresponden a testimonios de propietarios y no constituyen una medición general de la actividad económica de Doral.
Maureen Porras, abogada de inmigración y actual representante del asiento 2 del Concejo de Doral, manifestó su disposición a cancelar el acuerdo si existen garantías jurídicas para hacerlo.
“Estoy de acuerdo en cancelarlo si es necesario”, aseguró al ser consultada sobre las consecuencias de las operaciones federales y la posibilidad de revertir la decisión que ella misma respaldó en 2025.
Porras explicó que las autoridades municipales están reevaluando el convenio con asesoramiento legal y la participación de dirigentes comunitarios.
“Han salido varias opiniones, jurisprudencia, que probablemente nos dé la posibilidad de poder cancelarlo sin ningún tipo de daño a la Ciudad ni a los fondos que recibimos del Estado”, agregó.
La concejala, quien asegura tener más de 12 años de experiencia profesional en asuntos migratorios, defendió la necesidad de proteger a los inmigrantes trabajadores que cumplen las leyes, sin dejar de aplicar las disposiciones federales contra personas que cometen delitos.
Su posición representa una apertura a revisar una decisión que recibió inicialmente el respaldo unánime de los cinco integrantes del Concejo, aunque condiciona cualquier cancelación a la seguridad jurídica y financiera del municipio.
Fernanda Gomes, empresaria inmobiliaria de origen venezolano que intenta desplazar a Porras de la silla 2, sostuvo que la presencia de agentes federales en Doral no depende de la existencia del acuerdo municipal.
“La decisión de entrar a Doral y la decisión de llevarse a las personas, si lo están haciendo de forma justa o injusta, la Ciudad no tiene ninguna injerencia en eso”, expresó.
Gomes dijo considerar que existe una percepción equivocada sobre el convenio, pues —a su juicio— algunos residentes interpretan que las autoridades municipales autorizaron a ICE a realizar las detenciones.
En efecto, las agencias federales poseen facultades migratorias independientes del programa 287(g), aunque este último sí establece mecanismos para que policías locales participen en determinadas tareas.
Al preguntársele directamente si promovería mantener, modificar o cancelar el convenio, la candidata no expresó una decisión concreta. En cambio, ofreció realizar gestiones ante las autoridades federales mediante reuniones, comunicaciones y otras iniciativas destinadas a proteger a inmigrantes que trabajan y no han cometido delitos.
“Siempre apegada a la ley, pero siempre defendiendo a nuestra ciudad y, sobre todo, a la gente que vino a trabajar”, aseveró.
Gomes recordó que es venezolana e hija de inmigrantes portugueses, una condición que, según manifestó, le permite comprender el sufrimiento de personas afectadas por las detenciones.
La candidata también cuestionó a su contrincante por haber respaldado inicialmente el acuerdo y la señaló de “haber saboteado muchas decisiones” beneficiosas para Doral, además de generar “caos político”.
Al respecto, Porras respondió que su adversaria “llama caos a la democracia, solo porque tengo opiniones diferentes”, y defendió la importancia de mantener perspectivas distintas dentro del gobierno municipal.
En la contienda por el asiento 4, Pedro ‘Peter’ Espinosa, veterano del Ejército estadounidense de origen cubano, reconoció que votó por Donald Trump, pero expresó preocupación por la manera en que se ejecutan las operaciones migratorias.
Espinosa relató que ha escrito numerosas cartas de recomendación para conocidos involucrados en procesos migratorios y acompañado a personas a tribunales, donde ha presenciado situaciones que estima injustas.
Su experiencia personal, explicó, lo lleva a defender cambios en los procedimientos federales y a promover una mayor protección de residentes con solicitudes migratorias pendientes.
El candidato calificó el convenio municipal como “un documento que ha dañado al Doral” y aseguró que, de llegar al Concejo, revisaría las circunstancias de su aprobación y los fundamentos legales que lo sustentan.
Sin embargo, tampoco anticipó si votaría a favor de cancelarlo. “No te puedo decir exactamente si sí o no”, respondió.
Espinosa sostuvo que las autoridades deben actuar contra personas que cometen delitos, pero calificó como necesario revisar los procedimientos aplicados a inmigrantes que tienen casos abiertos ante las autoridades.
Asimismo, prometió convertirse en una “voz ante Washington” para impulsar modificaciones a las medidas migratorias que afectan a su comunidad.
Gustavo Garagorry, consultor empresarial venezolano que compite contra Espinosa, fue categórico al solicitar la cancelación del convenio migratorio.
“Creo que esto tenemos que cancelarlo. Definitivamente hay que cancelarlo en la medida de las posibilidades”, declaró.
El aspirante subrayó que la decisión ha perjudicado la confianza de los residentes y contribuido al deterioro de la actividad comercial, especialmente en establecimientos frecuentados por inmigrantes.
De igual forma, cuestionó que las autoridades municipales aprobaran un mecanismo de cooperación migratoria en una ciudad caracterizada por su elevada población venezolana.
“Nosotros, teniendo una comunidad tan grande venezolana, debimos haberlo pensado varias veces antes de firmar y tomar esa decisión”, señaló.
Al preguntársele si consideraba un error grave la aprobación del acuerdo, respondió: “Para mí sí, para mí definitivamente lo fue. Ha sido un error terrible el hecho de que hayan firmado este acuerdo”.
Garagorry insistió en que una de sus prioridades sería recuperar la confianza de residentes y empresarios afectados por el temor a las detenciones.
No obstante, aunque el aspirante responsabilizó al convenio de numerosos perjuicios económicos, las operaciones federales de ICE pueden realizarse independientemente de su vigencia, por lo que cancelar el instrumento municipal no impediría por sí solo nuevas intervenciones.
Más allá de la controversia migratoria, las elecciones presentan una dimensión política relevante para la administración de Christi Fraga, cuyo cargo no está en la boleta.
La alcaldesa respalda las candidaturas de Fernanda Gomes y Peter Espinosa, quienes también cuentan con el apoyo público de los concejales Rafael Pineyro y Nicole Reinoso.
Actualmente, Fraga, Pineyro y Reinoso han coincidido en votaciones importantes frente a posiciones contrarias de Porras y Cabral. Ese patrón quedó reflejado, entre otras decisiones, en debates presupuestarios y administrativos aprobados por tres votos contra dos.
Porras llegó al gobierno municipal en 2022 dentro de una alianza electoral con Fraga, pero posteriormente surgieron diferencias sobre el manejo de la administración y determinadas decisiones del Concejo.
Cabral, por su parte, concluirá su permanencia en el puesto debido a los límites de mandato, por lo que el asiento 4 quedará abierto entre Espinosa y Garagorry.
Si Gomes y Espinosa obtienen la victoria, los cinco integrantes del nuevo Concejo habrían contado con el respaldo electoral de Fraga o formarían parte de su actual bloque político.
Esa composición ampliaría el apoyo institucional a la alcaldesa, aunque las adhesiones de campaña no garantizan que todas las decisiones futuras reciban votos unánimes.
Por el contrario, la reelección de Porras mantendría dentro del organismo una voz que ha discrepado públicamente de la administración. El resultado del asiento 4 también determinará si continúa o cambia la dinámica de las mayorías municipales.
De tal manera, los comicios no solamente definirán a dos legisladores locales, sino también la posibilidad de mantener espacios de discrepancia o ampliar la convergencia política alrededor de la alcaldía.
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