En nombre del pueblo

Sin embargo, pocas paradojas resultan tan evidentes como la que ofrecen hoy estas tres desafortunadas experiencias políticas. Nunca se había hablado tanto del pueblo mientras, al mismo tiempo, se destruían de manera sistemática las condiciones que hacen posible la existencia de un verdadero pueblo. No se trata únicamente de una contradicción retórica ni del recurso habitual de toda propaganda política. Se trata de una transformación mucho más profunda. Las revoluciones cubana, venezolana y sandinista comenzaron prometiendo devolver el poder al pueblo. Afirmaron rescatar la soberanía secuestrada por las oligarquías, liberar a los humildes de las estructuras de dominación y reconstruir la comunidad nacional sobre bases de justicia social. Pero, conforme fueron consolidando el poder revolucionario, el pueblo dejó de ser el sujeto de la política para convertirse en el principal instrumento de legitimación del propio poder.

La fuerza de ese discurso solo puede comprenderse atendiendo al contexto histórico en que surgieron estos movimientos. Cuba padecía la corrupción y la dictadura de Fulgencio Batista; Venezuela experimentaba el progresivo deterioro del sistema político nacido tras el Pacto de Punto Fijo; Nicaragua arrastraba décadas de dominio de la dinastía Somoza. Las tres revoluciones supieron interpretar un malestar real y responder a aspiraciones igualmente reales de libertad, justicia y dignidad. Millones de hispanoamericanos, y no pocos intelectuales europeos, vieron en ellas la posibilidad de reconciliar definitivamente el poder con las grandes mayorías nacionales.

Precisamente por eso resulta tan elocuente el desenlace. Las revoluciones que prometieron devolver el poder al pueblo terminaron construyendo regímenes donde el pueblo fue perdiendo progresivamente la posibilidad de existir como sujeto autónomo de la vida política. La tragedia no consiste solamente en que aquellos procesos desembocaran en formas crecientemente autoritarias. Lo verdaderamente significativo es que lograron conservar intacto el lenguaje de la soberanía popular mientras desaparecían una tras otra las instituciones que hacen posible la existencia de un pueblo libre.

Toda revolución necesita un sujeto moral que legitime su actuación. La Revolución Francesa habló en nombre del tercer estado, del pueblo. El marxismo recurrió al proletariado como sujeto de la historia. Las revoluciones latinoamericanas hicieron del pueblo la fuente exclusiva de legitimidad política. Sin embargo, una vez conquistado el poder, ese sujeto dejó de ser una comunidad viva capaz de deliberar sobre su propio destino para convertirse en una categoría definida por quienes gobernaban. Ya no era el pueblo quien hablaba; era el poder quien decidía quién podía ser considerado pueblo y quién debía quedar excluido de él.

Cuba constituye probablemente el ejemplo más temprano y más acabado de este proceso. El dictador Fidel Castro jamás dejó de invocar al pueblo. Desde La historia me absolverá hasta sus últimas intervenciones públicas, toda la legitimidad del régimen descansó sobre la afirmación de encarnar la voluntad popular. Pero mientras el lenguaje revolucionario multiplicaba las referencias al pueblo, iban desapareciendo una tras otra las instituciones que permiten a un pueblo existir como sujeto político. Los partidos fueron prohibidos, la prensa independiente desapareció, las asociaciones civiles quedaron absorbidas por el Estado, los sindicatos perdieron su autonomía, la universidad fue sometida al control ideológico, la libertad económica quedó severamente restringida y cualquier forma organizada de oposición fue considerada incompatible con la revolución. El pueblo seguía ocupando el centro de los discursos; había desaparecido de la vida política.

Venezuela recorrió un itinerario diferente, aunque llegó a un resultado semejante. Hugo Chávez comprendió desde muy temprano la enorme fuerza simbólica de identificarse con el pueblo. No comparecía únicamente como presidente de la República. Se presentaba como la voz misma del pueblo venezolano. Poco a poco, la revolución bolivariana dejó de ser un proyecto político sometido al juicio de los ciudadanos para convertirse en la única expresión legítima de la soberanía popular. La oposición dejó de ser un adversario democrático y pasó a describirse como enemiga del pueblo, representante de intereses oligárquicos o instrumento del imperialismo. El paso decisivo consistió en identificar progresivamente cuatro realidades distintas: el pueblo, la revolución, el Estado y el líder. Una vez consumada esa identificación, toda crítica al gobierno podía interpretarse como un ataque al propio pueblo, y el pluralismo dejó de entenderse como una riqueza propia de la vida republicana para convertirse en una amenaza contra la revolución.

La evolución nicaragüense confirma la misma lógica. Daniel Ortega alcanzó reconocimiento internacional luchando contra la dictadura somocista en nombre de la liberación del pueblo. Décadas después, ese mismo lenguaje emancipador terminaría legitimando la concentración del poder en torno a un régimen de carácter familiar sostenido por un amplio aparato policial, judicial y propagandístico. Las instituciones fueron perdiendo su independencia, numerosos medios de comunicación desaparecieron, las organizaciones de la sociedad civil fueron clausuradas o sometidas a un estrecho control estatal y la persecución alcanzó incluso a comunidades religiosas, universidades y organizaciones humanitarias. Quien discrepaba ya no era simplemente un opositor político. Era presentado como traidor al pueblo y a la revolución.

Las diferencias entre Cuba, Venezuela y Nicaragua son evidentes. Sus circunstancias históricas, económicas e internacionales no fueron las mismas. Sin embargo, las tres experiencias terminaron compartiendo una misma lógica política. Cuanto más se invocaba al pueblo, menos espacio quedaba para que el pueblo pudiera existir con autonomía respecto del poder. La sociedad fue siendo sustituida por el Estado; las instituciones intermedias, por organizaciones controladas desde el gobierno; la deliberación pública, por la propaganda; la ciudadanía, por la adhesión ideológica.

Ese es el verdadero núcleo del problema. Un pueblo no es una multitud movilizada por el Estado, ni una masa convocada periódicamente a aclamar al gobernante, ni una categoría retórica utilizada para justificar decisiones previamente adoptadas. Un pueblo existe cuando los ciudadanos conservan la capacidad de asociarse libremente, de deliberar sobre el bien común, de organizar instituciones independientes, de transmitir una memoria compartida y de limitar el poder mediante una sociedad civil vigorosa. Allí donde esas realidades desaparecen, permanece la población, permanece el territorio e incluso pueden subsistir elecciones y constituciones. Lo que desaparece es el pueblo como sujeto moral e histórico de la vida política.

La mayor enseñanza que dejan las revoluciones cubana, venezolana y nicaragüense consiste precisamente en haber demostrado que la democracia puede comenzar a morir mucho antes de que desaparezcan las elecciones. Comienza a extinguirse cuando el poder estatal absorbe progresivamente a la sociedad y convierte al pueblo en una ficción administrada desde el Estado. Desde ese momento, la política deja de ser el gobierno de una comunidad libre para transformarse en la administración de una obediencia organizada.

Quizá esa sea la paradoja más inquietante de la historia política hispanoamericana reciente. Las revoluciones que prometieron devolver el poder al pueblo terminaron privándolo de la posibilidad de existir como sujeto libre de la vida política. Continuaron hablando diariamente en su nombre, pero ya no aceptaron que el propio pueblo pudiera hablar con una voz distinta de la del poder. Ahí reside su mayor fracaso histórico y, al mismo tiempo, una advertencia que ninguna democracia debería ignorar. Allí donde el poder monopoliza la definición del pueblo, el pueblo ha comenzado ya a desaparecer.