CARACAS.-EUGENIO MARTÍNEZ
Especial
@PUZKAS

La incertidumbre sobre la posibilidad de que se realice un referendo revocatorio presidencial en contra de Nicolás Maduro se mantendrá, como mínimo, hasta el próximo 26 de julio, fecha en que los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) deben anunciar si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró cumplir con los requisitos que le facultarían para solicitar la activación de una consulta popular sobre la continuidad del Jefe del Estado.

A pesar de la invalidación de más de 600 mil firmas, la oposición mantiene el objetivo de superar esta fase para activar el referendo. El PSUV, partido de gobierno, apuesta a que la cantidad de firmas invalidadas en estados tradicionalmente chavistas como Delta Amacuro y Amazonas, no permita su activación.

Según el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) “todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario un número no menor del 20% de los electores inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato”.

No obstante, ante la ausencia de una ley que regule el proceso para solicitar consultas populares de mandato -debió redactarse hace 17 años después de aprobarse la nueva Constitución del país- los rectores electorales tienen la facultad de dictar normas especiales que regulen estos procesos.

En este momento el CNE utiliza las “Normas para regular Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos” aprobadas en el año 2007 en donde se indica que para poder optar a solicitar la activación de un revocatorio primero se debe cumplir con el trámite de recoger firmas que equivalen a 1% de los electores inscritos en el Registro Electoral. Este es un requisito inédito que no se solicitó para activar la consulta popular contra del presidente Hugo Chávez en el año 2004.

Aunque la norma indica que se deben recoger firmas de 1% de los electores inscritos en el Registro Electoral, las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio decidieron ampliar este requisito y exigir que se entreguen firmas equivalente a 1% de los electores inscritos en cada estado. En caso que no se cumpla con esta cuota se invalidará el proceso.

El pasado 2 de mayo la oposición entregó las firmas recabadas (en formatos aprobados por el CNE) para cumplir con este requisito. No obstante, aunque la norma indica que estás firmas debían revisarse durante cinco días continuos, la autoridad electoral se tomó 39 días en anunciar los resultados del proceso de verificación, que incluyó todas las exigencias técnicas del partido oficial PSUV, incluida la revisión grafológica de las firmas y la constatación de las impresiones dactilares por expertos en dactiloscopia.

Según el reporte del CNE 605.727 de los registros presentados por la oposición (30,94% de las firmas consignadas el 2 de mayo) no son válidos por ser ilegales o presentar inconsistencias. Entre estos registros inválidos se encuentran, incluso, las firmas de Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda y principal promotor del revocatorio a Maduro, o la del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez.

Los criterios utilizados por el CNE para invalidar firmas son variados, pero pueden resumirse de la siguiente forma:

  • 396 firmas fueron anuladas por errores en la cédula de identidad del elector
  • 1.805 firmas fueron anuladas por errores en la firma del elector
  • 97.158 firmas fueron anuladas porque los ciudadanos firmaron en un estado distinta a donde están inscritos para sufragar
  • 86.105 firmas fueron invalidadas por problemas en la impresión dactilar dejada en la planilla (exceso de tinta, falta de tinta, o impresiones dactilares sobrepuestas entre los renglones de las planillas)
  • 7.823 firmas fueron anuladas porque en el encabezado de la planilla se escribió incorrectamente el cargo del funcionario a revocar: Presidente de la República Bolivariana de Venezuela (incluye esta categoría los errores ortográficos)
  • 86.331 firmas fueron anuladas al no existir concordancia entre nombres y apellidos del elector
  • 18.338 firmas fueron invalidadas porque en el encabezado de la planilla se escribió incorrectamente el nombre del funcionario a revocar: Nicolás Maduro ((incluye esta categoría los errores ortográficos)
  • 307.771 firmas fueron anuladas por tener “errores combinados”. El CNE no especifica en su informe preliminar en que consisten estos errores.

En total, superaron a esta revisión 1.352.052 de las firmas presentadas por la oposición el pasado 2 de mayo (69,06% del total de los registros entregados nacionalmente). Ahora, estos electores deberán acudir a las sedes regionales del CNE entre el 20 y 24 de junio para autenticarse biométricamente ante la autoridad electoral.

Sin embargo, aunque no está previsto en la normativa, el CNE admitió la solicitud del PSUV de abrir un periodo de “arrepentimiento” para que las personas cuyos registros fueron validados puedan “retirar” su apoyo a la oposición. Este proceso en el que pueden participar 1.352.052 de personas se realizará entre el 13 y 17 de junio.

La inclusión de esta nueva etapa, provocó que la oposición solicitara al CNE que se iniciará un proceso de ratificación de firmas para permitir que las personas cuyas firmas se encuentran entre los 605.727 registros anulados puedan subsanar los errores encontrados, la mayoría de las rectoras electorales se negaron a permitir esta posibilidad.

Nacionalmente puede suponerse que la oposición tiene suficientes firmas para superar sin contratiempos esta etapa del proceso, en vista que el 1% del Registro Electoral equivale a 197.978 registros válidos y la oposición (antes de la autenticación de huellas) cuenta con 1.352.052 registros validados.

Sin embargo, la reinterpretación que hace el CNE de su normativa al exigir la presentación de 1% de firmas en cada estado, unida a la jornada de arrepentimiento que comienza el 13 de junio (que la oposición teme se utilice para intimidar a funcionarios públicos y beneficiarios de misiones sociales para que retiren su apoyo) colocan una amenaza potencial de incumplimiento de la norma en los estados Delta Amacuro y Amazonas. El primero bajo amplio dominio electoral del chavismo y el segundo objeto de la medida judicial que “anuló” a los tres diputados de la Asamblea Nacional electos en esta entidad.
 

Entidad Federal

1%

Registros Validados

Invalidados

Distrito Capital

16.343

97.987

55393

Amazonas

1.026

3.877

1844

Anzoátegui

10.501

50.209

24669

Apure

3.287

20.962

11952

Aragua

12.025

99.851

40407

Barinas

5.532

41.404

16214

Bolívar

9.686

77.931

33248

Carabobo

15.479

141.537

62684

Cojedes

2.361

16.835

9502

Delta Amacuro

1.171

3.919

2125

Falcón

6.626

22.612

9176

Guárico

5.211

35.783

16487

Lara

12.492

65.379

25879

Mérida

5.946

72.502

28690

Miranda

20.399

173.482

70406

Monagas

6.205

31.512

14156

Nueva Esparta

3.448

36.299

15896

Portuguesa

6.008

29.162

12155

Sucre

6.436

32.009

12688

Táchira

8.292

52.039

22238

Trujillo

5.249

40.523

15162

Vargas

2.745

14.728

8988

Yaracuy

4.249

29.365

14935

Zulia

23.991

162.145

69398

Embajadas

1.014

0

0

TOTAL

195.721

1.352.052

605727

 

 

Técnicos de la oposición consultados aseguran que en los estados Amazonas y Delta Amacuro existen suficientes firmas validadas para poder garantizar el cumplimiento de la cuota de 1% después del proceso de arrepentimiento y autenticación de huellas; no obstante, los técnicos del PSUV está seguros de que la oposición no logrará mover suficientes electores en estos estados, lo que implicaría la anulación del proceso.

Solo en la capital de los estados

La autenticación de huellas del 20 al 24 de junio será un reto de movilización para la oposición. El CNE solo permitirá que un elector autentique su huella en la sede regional de la autoridad electoral del estado en donde debe votar. Por ejemplo: un elector que firmó en la población de Cúpira (municipio Páez) en el estada Miranda deberá trasladarse 170 kilómetros (en días hábiles) hasta la capital del estado Miranda en el municipio Guaicaipuro para poder autenticar su huella, en caso contrario su firma se considerará como inválida. Este ejemplo se repite en todos los estados del país.

El proceso de autenticación de huellas culminará el 24 de junio, no obstante el CNE se reservará 20 días hábiles para verificar que se cumple con todos los requisitos exigidos.

En este sentido no será sino hasta el 26 de julio cuando la autoridad electoral indicará si la MUD puede solicitar activar los mecanismos previstos en el artículo 72 de la Constitución Nacional. Esto significa, volver a recoger firmas y huellas, en este caso representativas de 20% de los electores inscritos en el RE.

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