La ex magistrada Carmen Elvigia Porras expuso ante la comisión especial de la Asamblea Nacional que evaluó el proceso de designación de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes fueron los autores de las presiones que el año pasado recibieron algunos de los 13 togados para adelantar su jubilación a fin de dejar el espacio libre a nuevos juristas identificados con el oficialismo.
Porras, antigua miembro de la Sala de Casación Social, el pasado 17 de febrero aseguró durante una reunión cerrada en el salón Ezequiel Zamora del Palacio Federal Legislativo, que había recibido presiones por teléfono y a través de personas que conocía. “Tuve que esconderme”, afirmó.
Tras el receso de agosto del tribunal, las amenazas se hicieron mayores. Porras explicó que en cuanto se reincorporó a sus labores, fue llamada a la Presidencia del TSJ, donde la titular del despacho, magistrada Gladys Gutiérrez, le dijo que debía firmar su petición de jubilación un año antes, tal como lo habían hecho otros 12 magistrados cuyos períodos vencían en diciembre de 2016.
“Me dijo que estaba indisciplinada, que ya los números no daban para diciembre, que ya era una decisión tomada”, apuntó la magistrada, quien recalcó que la medida era una orden que provenía del “alto gobierno”.
El portal runrún.es, reseña que el hostigamiento contra Porras también provino del primer vicepresidente del TSJ y cabeza de la Sala Penal, magistrado Maikel Moreno.
“Me dijo ‘es una orden que me están dando, no es sí o no. De mi parte, seguiré presionando, porque es un trabajo que me mandaron a hacer y seguiré coaccionado. Lo vea bien o mal, es una orden superior'”, agregó Porras.
Las declaraciones de la ex magistrada fueron presentadas este martes durante la plenaria de la Asamblea Nacional, organismo que recibió el informe definitivo de la comisión en el que se da cuenta de este episodio.
“Las anteriores declaraciones, a criterio de esta comisión, demuestran la conformación de un esquema diseñado entre miembros del Comité de Postulaciones Judiciales y la directiva de la Asamblea Nacional vigente hasta 2015, para desarrollar un proceso de selección violento, carente de forma y totalmente contrario al marco constitucional, legal y reglamentario, que les permitiera designar como magistrados y magistradas principales y suplentes afectos al gobierno nacional, con miras a imponer desde el Tribunal Supremo de Justicia una hegemonía política al servicio del Poder Ejecutivo, que procurara dejar sin efecto las determinaciones que desde el Poder Legislativo Nacional se ejecutasen”, indica el informe de los diputados.
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